El pasado 28 de julio de 2023, uno de los organismos de vigilancia de los tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas pedía a España “(…) investigar de manera pronta e imparcial cualquier posible responsabilidad de los miembros de las fuerzas de seguridad durante la actuación policial en los incidentes ocurridos en la valla fronteriza que separa Melilla con Marruecos el 24 de junio de 2022, y a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita en el futuro una situación similar”.
Dicho de otra manera, el 24 de junio de 2022, tras el intento de entrada de personas migrantes y refugiadas por el puesto fronterizo de Barrio Chino en Melilla, al menos 37 murieron, más de 200 sufrieron lesiones de diversa gravedad y al menos 470 fueron expulsadas de manera sumaria y entregadas por la guardia civil a las fuerzas de seguridad marroquíes. Un año después, no se conoce el paradero de al menos 76 de ellas.
El Comité contra la Tortura urge a España a que no quede impune la masacre ocurrida en Melilla
Para intentar impedir su entrada, las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes hicieron un uso ilegítimo de la fuerza. Como recoge en sus observaciones el Comité contra la Tortura, ni la investigación realizada por la Fiscalía sobre la responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad españolas, ni la investigación realizada por el Ministerio del Interior han sido independientes y efectivas. Es decir, el Comité urge a España a que no cierre esta actuación con impunidad porque es la única manera de que no se vuelva a repetir. Esto implica no solo exigir responsabilidades sobre el uso de la fuerza y la utilización de material y armas menos letales, sino revisar las prácticas de control de las fronteras y los acuerdos migratorios con terceros Estados, como en este caso, de Marruecos.
Un manifestante sostiene un cartel en el que se lee "España y Marruecos, ¿por qué matáis a los jóvenes. África Negra" frente al centro de acogida de inmigrantes CETI de Melilla después de que varias decenas de migrantes murieran, 27 de junio de 2022. © REUTERS/Stringer
Esta es una de las muchas recomendaciones a España, tras el examen del séptimo informe presentado por las autoridades, por parte del Comité contra la Tortura, órgano de Naciones Unidas formado por 10 expertos independientes que supervisan a aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes. Cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, también se compromete a adoptar las medidas necesarias para velar que todas las personas que viven en ese Estado puedan disfrutar de los derechos reconocidos en ese tratado.
La Convención contra la Tortura nació con el propósito de combatir la práctica de la tortura y otros tratos crueles, fue adoptada por la Asamblea de Naciones Unidas el 10 de diciembre en 1984, firmada en 1985 y ratificada en 1987 por España. Con su firma y ratificación, los Estados se comprometen a introducir legislación adecuada y a impedir cualquier acto de tortura u otros malos tratos en relación a actuaciones relativas a la devolución, expulsión o extradición de una persona a un país donde haya riesgo de tortura o en actividades relacionadas con arrestos, detención o encarcelamiento. También con esta Convención, los Estados se comprometen a introducir legislación y políticas que garanticen la formación de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como asegurar la debida persecución de los culpables y la adecuada reparación a sus víctimas.
Cuando un país firma un tratado internacional, se compromete a cumplir el marco de protección de derechos humanos previsto en el mismo, aunque el hecho de la firma es muy importante, el verdadero compromiso se muestra a lo largo del tiempo, no solo mediante la incorporación de sus disposiciones en legislación interna, sino también con la incorporación y fortalecimiento de mecanismos internos de supervisión y prevención, la evaluación de la legislación y especialmente las prácticas y políticas, la fortaleza de los mecanismos para perseguir y enjuiciar a los que violan las obligaciones de la convención, y las medidas enfocadas a proteger y reparar a las víctimas.
Igualmente, dejarse evaluar por mecanismos externos como es el caso del Comité, ofreciendo datos veraces y transparentes también es muestra del compromiso real por cumplir el mandato de los tratados internacionales. Es en este punto donde el aporte de información por parte de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales cobra un papel esencial.
Activistas de Amnistía Internacional colocan siluetas negras con nombres de migrantes frente al Palacio de la Moncloa para protestar contra su muerte y desaparición el pasado 24 de junio de 2022 en Melilla. © REUTERS/Violeta Santos Moura
Las tareas pendientes de España para combatir la tortura
A pesar del tiempo transcurrido, 38 años desde su firma, el pasado 28 de julio el Comité le recordó a España que aún tiene demasiadas tareas pendientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención. Nuevamente el Comité ha tenido que recordar a España que sigue sin alinear la definición de la tortura del Código Penal con al contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, a pesar de las reiteradas peticiones realizadas.
Además, España debe eliminar de su legislación el régimen de incomunicación, garantizando los derechos de las personas detenidas. El mecanismo de prevención de la tortura debe actuar con la necesaria independencia. Sigue habiendo problemas importantes para la investigación efectiva de las denuncias de torturas y otros malos tratos o del uso excesivo de la fuerza cometidos por agentes del orden y su posterior enjuiciamiento.
En relación a la detención y privación de libertad, el Comité llama la atención sobre la aplicación del régimen de aislamiento como sanción disciplinaria, así como el trato que reciben los menores que cumplen medidas privativas de libertad. El Comité destaca su preocupación en relación a la utilización de medias coercitivas contra personas con discapacidad intelectual o psicosocial.España sigue violando el principio de no devolución, es decir, sigue devolviendo y expulsando a personas a países donde corren el riesgo de sufrir tortura u otros malos tratos. España no puede rebajar la protección a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata.
Finalmente, España a pesar de los últimos avances legales como la Ley de Memoria Democrática, España sigue manteniendo una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, recordando que los crímenes cometidos entonces no podrán estar nunca sujetos a amnistías o prescripción.
Antes del 28 de julio de 2027, España debe presentar un nuevo informe al Comité. Desde la sociedad civil seguiremos monitoreando la actuación de los diversos agentes y poderes del Estado, exigiendo que tanto en la ley como en la práctica, España cumple con obligaciones con los derechos humanos y con lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos.
