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Chad: Medidas de austeridad que matan los sueños y aspiraciones de los estudiantes

Por Balkissa Ide Siddo (@Balkissaide), investigadora de Amnistía Internacional para el África Central,

El viento soplaba y teñía el paisaje de un tono anaranjado de crepúsculo cuando nos dirigíamos a una reunión con un grupo de estudiantes universitarios bajo un nimbo de la India, o árbol de Nim, en un barrio pobre de las afueras de Yamena, la capital de Chad.

Eran alrededor de las cinco y media de la tarde. Mi colega y yo estábamos en plena misión sobre el terreno para investigar los devastadores efectos de las medidas de austeridad ordenadas por el gobierno para el común de la población, y esperábamos con impaciencia oír a algunos de los muchos estudiantes cuyas brillantes perspectivas de futuro ahora se tambaleaban.

Dieciséis estudiantes de universidades públicas de distintas partes del país se habían reunido para contarnos las penurias que atravesaban desde que el gobierno decidió, en agosto de 2016, retirar la beca de 53 dólares estadounidenses para todos los estudiantes, excepto a los alumnos de facultades médicas y centros de formación profesional y a los que estudiaban en el extranjero.

“Decían que el dinero ahorrado [con la cancelación de las becas] iban a reinvertirlo en la mejora de nuestras condiciones de estudio a través del centro de asistencia al estudiante universitario […]. No se hizo nada. Nuestras condiciones de estudio son pésimas. ¿Han visitado la universidad de Toukra? No tenemos electricidad desde hace más de un año, y el agua es escasa en el campus […]. Cuando protestamos contra la decisión nos dieron palizas, nos detuvieron y algunos fuimos a prisión”.

Los estudiantes hablaron todos por turno. Los oímos expresar su decepción y a veces su rabia por unas medidas de austeridad que han desencadenado numerosas protestas en los últimos dos años. Hasta el viento dejó de soplar, como si quisiera prestar atención a sus testimonios.

Aparte de la asistencia médica, la educación es otra de las grandes víctimas de los duros recortes de gastos del gobierno. Casi un tercio de todos los estudiantes de educación superior en Chad se han visto afectados por la decisión gubernamental de retirar las becas mensuales, que perjudica especialmente a los estudiantes de comunidades marginadas, como los que vienen de zonas rurales o de entornos familiares pobres.

La mayoría de los estudiantes que se reunieron con nosotros bajo el nimbo de la India procedían de zonas rurales y aprovechaban la beca para pagar el alquiler, la comida, el transporte a la universidad y otras facturas. Al haberse retirado, muchos estudiantes atraviesan una situación muy difícil.
“Debo seis meses de alquiler y no sé a dónde acudir para que me ayuden”, decía Bachir, huérfano y con su familia en un pueblo.

“Antes, pagaba el alquiler y otros gastos con la beca, aunque llegara tarde. Ahora ya no existe. Las autoridades la han suspendido. Y no sé qué voy a hacer”.

El trabajo escasea en Chad

Otros estudiantes más afortunados han podido encontrar trabajo como vigilantes de seguridad, vendiendo tarjetas de crédito para teléfonos móviles o conduciendo mototaxis. Pero ellos también tienen muchas dificultades para conciliar los estudios con el trabajo, y la mayoría ha terminado dejando de ir a clase para poder ganar un poco más y llegar a fin de mes.

Funcionarios del Ministerio de Educación Superior nos han contado que está previsto volver a introducir las becas para estudiantes en situación de desventaja, así como aumentar el presupuesto del centro de asistencia al estudiante para mejorar las condiciones de estudio; sin embargo, admitieron que aún no había sucedido nada de eso y que no podían confirmar cuándo.

En octubre de 2017, las autoridades se lo pusieron aún más difícil a los estudiantes al duplicar las tasas de matriculación en universidades públicas, excepto para facultades de medicina y centros de educación profesional. Los nuevos alumnos tienen que pagar 94 dólares estadounidenses para matricularse (50.000 francos CFA BEAC). Además, se introdujo otra tasa de 53 dólares por segunda matriculación para estudiantes que reanudan sus estudios, que ahora deben pagar 53 dólares estadounidenses (28.000 francos CFA BEAC). Antes, las tasas de segunda matriculación estaban subvencionadas por el gobierno.

Para los estudiantes, esta subida de tasas implica mayores dificultades para pagar sus cursos y facturas. La mayoría de los 16 estudiantes a los que conocimos nos contaron que temían no poder continuar sus estudios.

Estaban preocupados, sobre todo, por sus amistades procedentes de zonas rurales y entornos empobrecidos, porque la nueva medida disuadiría a estas personas de emprender el camino de la educación superior, privándolas de un futuro mejor.

Muchos estudiantes han salido a la calle en manifestaciones pacíficas para protestar por los efectos negativos que los recortes basados en las medidas de austeridad del gobierno están teniendo en su vida y en su esperanza de logros académicos. En varias ocasiones se han enfrentado a violencia policial, palizas, detenciones y, en algunos casos, la cárcel. Tres de ellos, y un estudiante de secundaria de 21 años que se unió más tarde a la conversación, fueron detenidos y condenados a prisión tras haber participado en manifestaciones contra los perjuicios causados por las medidas de austeridad en la educación.

De enero a marzo de 2018, Amnistía Internacional ha documentado la detención de al menos 150 personas por “participación en protestas no autorizadas” y “alteración del orden público”. La mayoría de los detenidos eran estudiantes, de los que al menos 42 fueron condenados a entre uno y cuatro meses de prisión.

En lugar de adoptar medidas que perjudican sobre todo a la población más empobrecida, tanto en el sector de la educación como en el de la salud, el gobierno chadiano debería buscar vías alternativas para equilibrar el presupuesto. Cerrar los resquicios legales y abordar la corrupción no sólo habrían sido opciones más justas, sino también más eficaces para abordar el problema de la brecha de ingresos. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Chad dejó de ingresar 1.090 millones de dólares estadounidenses por evasión de impuestos en 2013. Esta cantidad prácticamente duplica el gasto total del país en educación y asistencia médica en el mismo año, que era de 555 millones de dólares estadounidenses antes de aplicarse los recortes.

Cumplir promesas y asumir obligaciones jurídicas

No puedo evitar acordarme de lo que dijo el presidente, Idriss Deby Itno, durante la Cumbre de la Alianza Mundial por la Educación celebrada en Dakar en febrero de 2018. Refiriéndose a la pobreza, el subdesarrollo, el conflicto y el terrorismo, el presidente Itno dijo: “El único medio seguro de combatir tales lacras de manera sostenible es asegurar una educación de calidad para todos los niños, incluidos los más marginados”.

En esa misma cumbre, anunció también que el gobierno de Chad está comprometido y decidido a incrementar en un 20 por ciento la partida del presupuesto nacional destinada a educación para 2020.

Cuando anocheció, dijimos unas palabras de ánimo a los estudiantes y nos despedimos del grupo. De vuelta al hotel, mi colega y yo no hablamos nada. No dejaba de hacerme una pregunta: ¿Se hará realidad algún día el compromiso expresado por el presidente, Idriss Deby Itno, durante la Cumbre de la Alianza Mundial por la Educación de 2018 para todos estos estudiantes chadianos que claman por una educación accesible y de calidad y un futuro mejor?

Como primer paso, las autoridades deben llevar a cabo una evaluación del impacto de las medidas de austeridad en los derechos humanos de la población de Chad para acceder a la educación y otros sectores, como los servicios médicos y sociales. Tal evaluación debería orientar la reforma legislativa y política necesaria para que Chad pueda cumplir con su obligación jurídica de garantizar que todas las personas tienen la oportunidad de disfrutar de sus derechos económicos y sociales.

Este blog se publicó originalmente en Panafricanvisions

El 16 de julio, Amnistía Internacional publicó un informe para poner de relieve los efectos de las medidas de austeridad en los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

 

 

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