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Menores en centros de protección terapéuticos en España: sin avances, sin derechos garantizados

¡Gracias!

Esta acción ha finalizado. Hemos sido 49.511 firmantes

Petición antes del cierre

Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe “Si vuelvo ¡me mato! (II)”, los escasos avances en la protección y garantía de los derechos de los y las menores que se encuentran en Centros de Protección Terapéuticos. ¡Tu firma sigue siendo fundamental!

Esta acción ha finalizado. Mas de 49 mil personas se han dirigido al Presidente del Gobierno para pedir medidas concretas que garanticen los derechos humanos de los y las menores ingresados en los Centros de Protección Terapéuticos.

En septiembre de 2010, el Comité de derechos del Niño de Naciones Unidas recogía muchas de las preocupaciones expresadas por Amnistía Internacional e instaba al gobierno a tomar medidas. En estos momentos, una Comisión especial en el Senado estudia la situación de los menores en los centros terapéuticos.

Gracias a las miles de firmas que han llegado, hemos conseguido que la situación de los menores tutelados en centros terapéuticos haya sido visibilizada y puesta en la agenda de las autoridades. Todavía queda mucho por hacer porque aun no se han adoptado medidas concretas, pero desde Amnistía Internacional seguiremos trabajando para que esto ocurra.

 

Petición original:
Bajo la protección y el cuidado del Estado, menores que no han cometido ningún delito pueden sufrir privación de libertad sin orden judicial, malos tratos, ser encerrados en celdas de aislamiento,  atados y amordazados. Pueden verse privados de su derecho a la salud al ser sometidos a tratamientos médicos sin diagnostico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, a veces medicados forzosamente con fines sancionadores.

Amnistía Internacional sigue denunciando la falta de legislación estatal ajustada a la normativa internacional que garantice los derechos de estos menores. Sigue sin haber datos actualizados sobre el número de menores, y las inspecciones en los mismos no cumplen, en ocasiones, la periodicidad mínima que establece la ley.

Amnistía Internacional se ha encontrado con afirmaciones por parte de la administración central sobre sus limitaciones ante competencias delegadas a las Comunidades Autónomas. Este hecho colisiona con los establecido en la Constitución española, que reserva como competencia exclusiva del Estado garantizar  la  igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos. La protección jurídica de los derechos humanos de los menores, en particular de aquellos “con trastornos de conducta o en situación de dificultad social”, está en peligro al no existir normas mínimas comunes compatibles con el interés superior de los menores y que puedan ser exigibles en todo el territorio español.

Frente a esta situación, las autoridades estatales y autonómicas han mostrado más preocupación por su propia imagen que por una revisión seria de su normativa, políticas y acciones institucionales. En sus intervenciones y declaraciones públicas, algunas autoridades autonómicas han llegado a tratar la situación denunciada como un asunto de simple alarma social.

España debe dar prioridad a este asunto y dedicar los esfuerzos necesarios para garantizar los derechos de los y las menores.

¡Tu firma sigue siendo fundamental!