- Doce años desde la Ley Integral, víctimas de violencia de género siguen enfrentándose a la falta de garantías judiciales.
- Las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o expareja, excluidas de la posible protección de la Ley Integral.
- Las madres de los hijos e hijas asesinados por sus padres no son reconocidas como víctimas de violencia de género.
- Disminuyen las ayudas a las víctimas de violencia de género y no se garantiza su reparación.
Observatorio del Consejo General del Poder Judicial
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015
“El 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de cualquier forma de la Violencia contra las Mujeres, debería ser un momento para que las instituciones del Estado reflexionen sobre si realmente hay un compromiso firme y decidido para erradicar la violencia contra las mujeres; y si hay una voluntad clara para reconocer y proteger a las víctimas. Lamentablemente desde Amnistía Internacional seguimos pensamos que la violencia de género ha dejado de ser una prioridad
Obstáculos para la protección de las mujeres víctimas de violencia
Trabas en el sistema judicial
El pasado 22 de octubre, Iris era asesinada en Tenerife. Se separó de su pareja en 2012 tras 11 años de relación y 3 hijos menores de edad. Interpuso varias denuncias contra su ex pareja. Dos de las denuncias se archivaron por “falta de indicios probatorios”. Se rechazó la orden de protección a la víctima para no poner en riesgo el trabajo de su agresor que trabajaba en una gasolinera cercana a la casa. Nos preocupa que detrás de todo esto nos encontramos ante un caso más en el que la víctima no es creída y no se toman medidas para protegerla
Desprotección para las víctimas de violencia sexual Ley Integral contra la Violencia de Género
A Olga de nacionalidad rusa no la violó su pareja, sino que sufrió abusos sexuales por dos desconocidos en marzo de 2013. Aunque le produjeron diversos desgarros vaginales que fueron atendidos en urgencias hospitalarias, la policía que estuvo presente en toda la exploración médica, no la creyó. La misma noche de la agresión, sin darle tiempo para ducharse o descansar le tomaron declaración. Las tres atenciones médicas realizadas por el Servicio de Urgencias al que acudió fueron facturadas, y el 4 de abril de 2013 Olga recibió una carta del Hospital cifrando el gasto en 893,83 euros. Tras la agresión sexual, Olga no fue citada para comparecer como víctima, y el procedimiento abierto desde el hospital por la agresión sexual se archivó sin haberse investigado. Dos semanas después de la agresión, la detuvieron por “simular” la agresión sexual para conseguir la regularización. En todo este proceso no contó con intérprete que le explicara qué estaba pasando. Fue ingresada en un Centro de Internamiento para Extranjeros para iniciar el proceso de expulsión a su país. La orden de expulsión estuvo vigente hasta mayo de 2015, no fue devuelta a su país por tener caducado el pasaporte. Finalmente los cargos contra ella fueron archivados. Tras su salida del CIE, gracias al apoyo de varias ONG, comenzó un proceso de recuperación del trauma vivido, pero no tuvo ningún apoyo por parte de la administración. Si la agresión la hubiera cometido su pareja este procedimiento de expulsión no se habría puesto en marcha.
Víctimas no reconocidas como víctimasLey 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia
“El miedo a que los niños y niñas sean asesinados es una realidad, hay cifras que lo demuestran. Pero cuando esto ocurre, sus madres no son consideradas víctimas de la violencia de género, no tienen ningún tipo de apoyo jurídico, psicológico, ni derecho a reparación”
Recortes en la protección a las mujeres víctimas.
“Frecuentemente se hace recaer la responsabilidad de la salida de la violencia a la que están sometidas sobre las propias víctimas, las indemnizaciones sólo pueden ser dictaminadas en un proceso judicial y estás son incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda económica que la víctima hubiese podido percibir. Las ayudas dadas hasta el momento son mínimas, incluso para la atención psicológica a las que deberían acceder todas las víctimas de violencia
Ley de Ayudas a Víctimas de Delitos Violentos
Sin derecho a la reparación.
Ángela González El Comité condenó a España el 4 de agosto de 2014 por no haber actuado diligentemente para proteger a Angela y a su hija. Pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de esas visitas, la menor de siete años fue asesinada. Angela ni siquiera ha obtenido una verdadera disculpa por parte de la autoridades, al contrario, la respuesta del Estado en este caso ha sido insistir en que las recomendación de los organismos internacionales no son de obligado cumplimiento
garantías de no repetición
Tras varios años de celos, control y malos tratos, el 19 de septiembre de 2013 Sara Calleja dejó a su pareja. Ahí empezó su calvario.19 denuncias, tres juicios, nueve meses de cárcel para él, dos órdenes de alejamiento y la prohibición de entrar en España, ya que es de origen belga. Nada bastó. El día de su separación empezaron los mensajes, las amenazas veladas, a través de las redes sociales, la persecución. Su última denuncia fue 3 semanas antes de suicidarse. La respuesta judicial fue que no mirara las redes sociales. Sara no pudo más.
Amnistía Internacional se dirigirá al nuevo Gobierno
- Hacer una evaluación de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, especialmente en relación al funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género.
- Asegurar que en dicha evaluación hay una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades.
- Garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados y recursos disponibles para su protección.
- Garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que incluya la no repetición de los abusos.
