Hoy, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dado un paso decisivo para abordar la crisis de derechos humanos que se profundiza en Venezuela. El órgano mundial de derechos humanos ha adoptado una resolución que renueva, por un período de dos años, los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), además del mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) para monitorear e informar sobre la situación.
En respuesta a esta decisión, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ha afirmado:
“Damos la bienvenida a la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos y el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos por otros dos años. En medio de la implacable crisis de derechos humanos que sufre el pueblo de Venezuela, la decisión adoptada hoy por el Consejo de Derechos Humanos ayuda a volver a poner la atención del mundo sobre el sufrimiento de las víctimas y su legítima lucha por la justicia.”
“Esta renovación se produce tras un aumento sin precedentes de detenciones arbitrarias por motivos políticos, incluidas las de niñas y niños y personas con discapacidad, muertes ilegítimas, denuncias creíbles de tortura, desapariciones forzadas, ataques generalizados a la sociedad civil, y graves violaciones de las garantías de un juicio justo. Estos crímenes y violaciones no son hechos nuevos ni aislados, sino que se alinean directamente con las recientes conclusiones de la Misión de Determinación de los Hechos de que existen ‘motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido’ en el último año. En este contexto, es alentador ver que el mundo tomó nota del costo humano del ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela y garantizó que el Consejo mantenga su escrutinio y su compromiso con la rendición de cuentas antes de un nuevo período electoral en 2025.”
“Esperamos que la OACNUDH brinde protección a las valientes personas defensores de derechos humanos en el país, quienes enfrentan riesgos cada vez mayores para su trabajo y sus derechos fundamentales. Mientras tanto, esperamos que la FFM continúe realizando sus investigaciones cruciales con el objetivo de, algún día, garantizar justicia para las víctimas y rendición de cuentas para los perpetradores. Confiamos en que los mecanismos de justicia internacional, incluida la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, tomarán nota de las conclusiones de la FFM y agilizarán urgentemente sus investigaciones. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro afianza su política de represión y persecución, el trabajo de la FFM brinda esperanza a miles de víctimas y permite que los perpetradores sepan que sus acciones están siendo documentadas y expuestas al mundo.”
