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La negación de la evidencia de racismo no exime al gobierno dominicano de su responsabilidad con los derechos humanos

Foto © Erika SANTELICES / AFP

Ante las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña sobre las preocupaciones emitidas por Amnistía Internacional respecto a la responsabilidad del gobierno liderado por Luis Abinader de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el marco de la aplicación de las políticas migratorias en República Dominicana, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo:

“Valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal por los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger. “

“Desde Amnistía Internacional instamos al gobierno de Luis Abinader y Raquel Peña a aprovechar este segundo mandato constitucional para promover un cambio positivo en su política migratoria, asumiendo responsabilidad y corrigiendo prácticas y políticas racistas que violan los derechos humanos. Esto incluye el respeto a las obligaciones internacionales del Estado y su gobierno en materia de protección internacional y el cumplimiento del reglamento de la ley migratoria dominicana que prohíbe la deportación de mujeres embarazadas y de menores de edad.”

Amnistía Internacional es un movimiento que defiende y promueve los derechos humanos en todo el mundo. Su principal enfoque es garantizar que todas las personas disfruten de todos los derechos humanos sin discriminación. Para el caso de la República Dominicana, se ha enfocado recientemente en denunciar las políticas migratorias racistas impulsadas desde el gobierno y contribuir a construir una República Dominicana libre de discriminación.

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