“¡Puto moro!”, le gritaron a M. tres adolescentes cuando estábamos entrevistándole a la salida del centro para migrantes situado en el antiguo colegio León de Las Palmas de Gran Canaria. M. no hablaba castellano, así que probablemente no lo entendió. Su llanto inmediato era por otros motivos: los pocos amigos que había hecho en el centro habían sido trasladados a la Península, pero él seguía a la espera.
Mientras en España seguimos preguntándonos si hay racismo, los discursos de odio continúan abriéndose camino, con mayor facilidad entre la impunidad que otorgan las redes sociales. Declaraciones que señalan y estigmatizan a ciertos grupos de personas, como son las migrantes, a quienes culpabilizan de determinados problemas sociales. Ensañamiento contra personas de un determinado origen, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio. Bulos que mezclan la ignorancia, los estereotipos y las mentiras intencionadas para obtener visibilidad en su propósito de mezclar delincuencia y migración.
Todas estas prácticas contribuyen a provocar un clima de intolerancia y discriminación que puede generar un caldo de cultivo que incite a la violencia. Dicho de otra manera, los discursos que generan odio no son inocentes. Si tienen o no detrás una táctica política para distraer la atención de los verdaderos problemas sociales (el acceso a la vivienda, el paro) y, por tanto, de las verdaderas soluciones, ahí ya no nos metemos. Pero lo que está claro es que los discursos del odio tienen consecuencias.
Hasta la propia Fiscalía General del Estado lo señala en su último informe, con unos contundentes datos: en 2023 se ha producido un incremento del 300% en las diligencias abiertas por delitos de odio, 511 asuntos en el año frente a los 166 del año anterior. El racismo y la xenofobia, con 138 y 130 denuncias respectivamente, acaparan la mayoría. También con una tajante frase lo advertía el fiscal general: “Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas”, haciendo referencia, seguramente, por un lado, al reparto de menores entre las Comunidades, a debate en los últimos meses, y, por otro, a los bulos soltados por algunas autoridades políticas con respecto a la muerte de un niño en Mocejón.
Fascistas y grupos de extrema derecha durante el acto político de VOX en Barcelona. © Adria Salido Zarco / GTRES
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de discursos?
Ya hemos comentado que los discursos violentos van generando una cultura del odio que puede dar paso a la violencia real. De hecho, según Interior, los delitos crecieron un 21% en 2023, siendo nuevamente las personas migrantes las que más los sufrieron: un total de 856 hechos por racismo y xenofobia, seguidos por los cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (522 hechos), y en tercer lugar los delitos de ideología (352 hechos). A pesar de que Marlaska achaca ese aumento a una mayor concienciación, no se puede negar que este tipo de mensajes que generan odio vertidos con cada vez mayor impunidad, tienen consecuencias.
Las consecuencias de esos mensajes pueden tener implicaciones tanto directas (daños emocionales y psicológicos) como indirectas (erosión de la dignidad de las víctimas). Pero implican también secuelas para toda la sociedad: perpetuación de prejuicios, la estigmatización, la deshumanización de estas personas, la división o la polarización, además de dicha violencia.
Conflicto de derechos
El derecho a la libertad de expresión es un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es inherente y necesario para ejercer otros derechos, pero quienes apelan a la libertad de expresión para seguir escupiendo su odio, que se lean las normas internacionales, porque también la libertad de expresión tiene sus límites. Según el derecho internacional debe prohibirse toda expresión de odio nacional, racial o religioso que constituya incitación directa a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra un grupo de personas vulnerable: esto es lo que se suele conocer como "apología del odio". Estas normas también establecen que este tipo de restricciones a la libertad de expresión no sólo deben estar prescritas por la ley sino que deben, sobre todo, ser necesarias y estrictamente proporcionales para contribuir al objetivo legítimo de erradicar la discriminación.
Pero ¿cómo se determina que hay incitación al odio? ¿Y cómo se protege la libertad de expresión al mismo tiempo? Según Naciones Unidas, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), que hace referencia a la apología del odio, necesita un umbral alto debido a que la limitación a la libertad de expresión debe continuar siendo una excepción. Al fin y al cabo, el derecho a la libertad de expresión protege incluso mensajes y declaraciones que ofenden, escandalizan o molestan. De hecho, desde Amnistía Internacional, y puesto que también nos preocupa la libertad de expresión, bastante castigada en nuestro país, consideramos que todo discurso que pueda ser considerado como intolerante por un sector de la población debe poder ser cuestionado, pero con medidas que no impliquen la imposición de penas de cárcel.
Pero no es tan difícil de establecer ese umbral del que habla Naciones Unidas: "solo" hay que tener en cuenta (1) el contexto social y político, (2) la categoría del hablante, (3) la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado, (4) el contenido y la forma del discurso, (5) la extensión de su difusión, y (6) la probabilidad de causar daño, incluso de manera inminente.
Imagen de la lona que VOX desplegó en la calle Alcalá de Madrid. En esta lona de puede ver un cubo de basura al que se arrojan diferentes símbolos. © Alberto Sibaja GTRES
El odio tiene fin
“Un niño que vivía donde yo [lo hacía] dijo que yo era gitana y me quedé totalmente sola… Había que jugar a un deporte, yo nunca era del equipo de nadie… Qué asco, nos ha tocado con la gitana, [decían]”: así se expresaba para nuestro podcast sobre racismo Aurora Muñoz, Gipsyland en redes. Una muestra más de cómo los discursos del odio son venenosos y contagiosos, y tienen consecuencias para quien los sufre.
Por eso no hay que perder de vista que combatirlo es responsabilidad de todos y todas. De las autoridades, que aunque avanzan en algunos aspectos (como ejemplo, la creación, en junio de 2024 de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, relativa a la lucha contra los discursos de odio, y la aprobación de una Proposición no de Ley sobre un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio), deben impulsar más medidas, en consonancia con los mecanismos internacionales como la Estrategia de la ONU contra los discursos de odio. Entre otras medidas, y pasando de las declaraciones a la acción de una vez, se encuentran las campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad, la realización de análisis estadísticos sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio o impulsar que las administraciones educativas promuevan la implantación de medidas preventivas y programas en centros educativos. También es necesario que las autoridades no alimenten este tipo de mensajes de odio, sino que los eviten y los censuren.
También es responsabilidad de los medios de comunicación, altavoces fundamentales para el bien o para el mal. Y de la ciudadanía en general, que debe ser consciente, y fomentar, con sus acciones y sus discursos, sociedades inclusivas y tolerantes en las que todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Que no sigamos escuchando más “puto moro” sin quedarnos perplejos. Y que si lo escuchamos, no nos quedemos de brazos cruzados.
