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República Checa: Victoria para los derechos, la justicia y los romaníes

En la República Checa, muchos niños y niñas romaníes son segregados en colegios y clases cuyo nivel educativo es menor. © Jiri Dolezel

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción ante el anuncio de la Comisión Europea de que este organismo utilizará sus facultades para incoar procedimientos de infracción contra la República Checa por vulnerar las leyes contra la discriminación de la Unión Europea (UE).

“Durante años, Amnistía Internacional ha documentado la discriminación sistémica de los niños y niñas romaníes en los colegios checos, pero el gobierno checo hasta ahora no ha tomado medidas eficaces para evitar, abordar y remediar esta circunstancia”
, ha dicho Nicolas J. Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas.

“Al acordar incoar procedimientos de infracción, la Comisión ha enviado un claro mensaje a la República Checa y a otros Estados miembros: la discriminación sistemática de los romaníes no es admisible y no se tolerará”.

El mecanismo precontencioso permite a la Comisión exigir responsabilidades al Gobierno checo por la discriminación constante, sistemática e ilegal de los niños y niñas romaníes en los colegios del país, y presionarlo pública y políticamente para que termine con ella.

El anuncio llega año y medio después de que Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil pidieran a la Comisión que, mediante procedimientos de infracción, se ocupara de que el Gobierno checo abordara el problema de la discriminación educativa contra los niños y niñas romaníes. La organización presentó una petición con casi 100.000 firmas recogidas en menos de tres meses para que la Comisión actuara más enérgicamente contra los Estados miembros de la UE que no aplican sus leyes contra la discriminación para proteger a la comunidad romaní. Este llamamiento se basó en los indicios, recogidos durante más de diez años, de discriminación ilegítima generalizada de los niños y niñas romaníes en el sistema educativo de la República Checa, en especial mediante su segregación en colegios para alumnos con “discapacidad mental leve”, en colegios sólo para romaníes, o en clases donde se imparte una educación de menor nivel.

“La educación es un derecho humano que debe garantizarse a todos los niños y niñas. La discriminación mediante la segregación en la educación es ilegal. Conduce a una educación de peor calidad y limita las futuras oportunidades de empleo, atrapando a los niños y niñas romaníes en un círculo vicioso de marginación y exclusión”, ha añadido Beger.

En un estudio realizado en 2013 por el Departamento de Inspección de los colegios checos (organismo nacional responsable de garantizar que los colegios cumplen las leyes del país) se constató el número desproporcionadamente alto de niños y niñas romaníes que estudian en colegios para alumnos con “discapacidad mental leve”. El estudio de 483 colegios  en los que había cinco o más niños con este diagnóstico halló que nada menos que el 28,2 por ciento de ellos eran romaníes, mientras que la comunidad romaní supone menos de un 3 por ciento del total de la población checa. En 2012, el defensor del pueblo checo (responsable de vigilar y garantizar el cumplimiento de las leyes contra la discriminación) había considerado que esto era discriminatorio .

Las perspectivas para los niños y niñas romaníes que consiguen acceder a la educación “general” no son mucho mejores. Muchos son segregados en colegios y clases cuyo nivel educativo es menor. En 2014, Amnistía Internacional ha seguido recogiendo indicios de colegios del sistema educativo general que son sólo para romaníes y cuyos programas educativos difieren muy poco de los que se siguen en colegios para alumnos con “discapacidad mental leve”.

“La Comisión ha cumplido su función de garante de los tratados de la UE al hacer respetar las leyes de la UE y poner en tela de juicio a los Estados miembros por violar derechos fundamentales”, ha dicho Beger. “Las palabras de la Comisión deben ir ahora seguidas de medidas rápidas, concretas y coherentes para exigir responsabilidades a la República Checa y acabar con la discriminación. Esto será esencial para proteger no sólo a las actuales y las futuras generaciones de romaníes en la República Checa, sino en toda la UE, donde siguen sufriendo habitualmente discriminación”.