Imagina un mundo donde encontrar un lugar seguro para vivir no sea algo garantizado, sino una lucha diaria. Ahora imagina que esta realidad afecta a millones de personas, especialmente a las más jóvenes, debido, entre otros, a un factor que conocemos bien pero a veces subestimamos: la crisis climática.
En este Día Mundial del Hábitat, con la juventud y el futuro urbano en el centro del debate, es urgente reconocer cómo por la emergencia climática se están desarraigando comunidades, destruyendo viviendas y ampliando la desigualdad.
La crisis climática está provocando fenómenos meteorológicos extremos que no solo están derritiendo glaciares y elevando temperaturas: también está destruyendo hogares. Fenómenos como inundaciones, olas de calor, incendios y sequías, cada vez más frecuentes y destructivos, arrasan viviendas y destrozan comunidades enteras. Mientras tanto, fenómenos más lentos, como la desertificación o la subida del nivel del mar, van haciendo inhabitable el lugar donde miles de personas viven, obligándolas a migrar.
Paradójicamente, son los países menos responsables de las emisiones quienes están pagando el precio más alto, y dentro de ellos, los grupos marginados son los más desprotegidos. Si no abordamos con urgencia esta crisis, nuestras ciudades y comunidades rurales tendrán que hacer frente a un futuro mucho más incierto y desigual.
Aunque no todos los desplazamientos están directamente relacionados con la crisis climática, es indiscutible que su impacto está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos que fuerzan a cada vez más personas a abandonar sus hogares. Muchas de ellas buscan refugio en las ciudades, pero lejos de encontrar una solución, se ven empujadas a vivir en asentamientos informales, en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos como agua, saneamiento o energía. Este desplazamiento no solo expone a las personas a riesgos de salud y seguridad, sino que también perpetúa el ciclo de vulnerabilidad y marginación.
A continuación relatamos tres casos que revelan el alto coste de la inacción gubernamental.
Cañada Real, Madrid
Vista general del Sector 6 de la Cañada Real Galiana, 11 de mayo de 2018. © EFE/Chema Moya
Imagina vivir en pleno siglo XXI, en una de las ciudades más grandes de Europa, pero sin acceso a algo tan básico como la electricidad. Esto es exactamente lo que les sucede a miles de personas que habitan la Cañada Real, en las afueras de Madrid, el mayor asentamiento informal de Europa. Y no hablamos de un problema reciente: desde 2020, los Sectores 5 y 6 de la Cañada no tienen electricidad.
¿Te imaginas soportar inviernos helados o veranos abrasadores sin calefacción o aire acondicionado? Así viven más de 4.000 personas, incluyendo 1.800 niños y niñas, en su mayoría migrantes norteafricanos y personas de etnia gitana que han sido olvidadas por las autoridades.
El cambio climático ha empeorado esta situación. Las temperaturas en España han subido significativamente en los últimos años, y la falta de energía para hacer frente al calor extremo pone en riesgo el derecho a una vivienda adecuada, la salud y, en algunos casos, hasta la vida de estas personas. La Organización Mundial de la Salud lo deja claro: una casa mal aislada o sin ventilación no solo es incómoda, sino peligrosa.
Pero el problema de la Cañada Real no es solo la falta de electricidad. La precariedad de las viviendas se suma a la falta de servicios esenciales como centros de salud, empleo y educación. Como si fuera poco, los caminos son de tierra, lo que refuerza la sensación de abandono. La situación es tan grave que el Comité Europeo de Derechos Sociales advirtió en 2022 de que la ausencia prolongada de electricidad podría causar daños irreparables en la vida de estas personas.
A pesar de los llamamientos internacionales y de varios acuerdos, incluidos los más recientes en 2024 para reubicar a 1.600 familias, apenas 239 han sido reasentadas desde 2017. Mientras tanto, el resto sigue viviendo en la oscuridad, tanto literal como figurativamente, a la espera de una solución que parece no llegar.
El Bosque Community, Tabasco, México
Desde hace 5 años aproximadamente, la comunidad de El Bosque, en Tabasco, está viviendo las consecuencias del cambio climático. Su hogar está siendo engullido por el océano. © Greenpeace / Gustavo Graf
En el sur de México, a orillas del estado de Tabasco, se encuentra El Bosque, una pequeña comunidad pesquera que también se enfrenta al cambio climático. Desde 2019, la costa de esta comunidad ha retrocedido 200 metros debido a las marejadas y fenómenos meteorológicos. El mar no solo ha reclamado tierras, sino también hogares, escuelas e infraestructuras clave, como la guardería y la carretera principal.
El agua salada ha contaminado los pozos, dejando a los habitantes sin acceso a agua potable, y la electricidad llega de manera intermitente, si es que llega. Los niños y niñas, por su parte, han visto cómo sus escuelas han sido destruidas y ahora deben asistir a clases en condiciones que apenas podrían llamarse adecuadas. Para muchas personas, la vida se ha reducido a refugios temporales. Sin embargo, estos "refugios" a veces no ofrecen más que sufrimiento.
En noviembre de 2023, al menos 69 personas decidieron abandonar uno de estos albergues gubernamentales, denunciando abusos por parte del personal, falta de comida y agua, y condiciones inhumanas.
El futuro de esta comunidad parece depender de una promesa hecha en febrero de 2023, cuando el Congreso de Tabasco aprobó la reubicación de El Bosque. Sin embargo, como suele ocurrir, la burocracia ha ralentizado el proceso. Un año y medio después, las familias siguen esperando una solución. Mientras tanto, las personas más vulnerables, aquellas que no pueden alquilar un nuevo hogar o vivir con familiares, se ven obligadas a regresar a una comunidad que cada día se hunde más, no solo bajo el agua, sino también bajo el peso de la inacción.
Nairobi, Kenia
Equipos de construcción y fuerzas de seguridad llegan para intervenir en la región y derribar numerosos edificios tras la devastadora inundación en Nairobi, Kenia, el 17 de mayo de 2024. © Gerald Anderson/Anadolu vía Getty Images
En Nairobi, capital de Kenia, las lluvias torrenciales de marzo a mayo de 2024 dejaron una huella devastadora. Las inundaciones afectaron a más de 101.000 hogares, desplazando a más de 55.000 personas y cobrándose la vida de casi 300, entre ellas Benna Buluma, defensora de los derechos humanos, cuyo trabajo era una luz de esperanza para muchas familias afectadas por la violencia policial. Los asentamientos informales de Mukuru, Mathare, Kibera, Korogocho y Kawangware fueron de los más afectados, exponiendo una vez más las profundas desigualdades que marcan a Nairobi.
Estos barrios ya enfrentaban condiciones de vida precarias antes de las inundaciones, con viviendas inadecuadas y acceso limitado a servicios esenciales como agua, saneamiento y atención médica. Las lluvias, lejos de ser solo un desastre natural, revelaron la cruda realidad: el Estado había fallado en proteger a las personas más vulnerables, puesto que la respuesta del gobierno no solo fue tardía, sino insuficiente.
A pesar de que el 30 de abril se emitió una directiva para desalojar a quienes vivían a menos de 30 metros de los ríos, afectando a más de 127.000 personas solo en Nairobi, la falta de un plan claro de realojamiento o compensación y ayuda dejó a miles sin hogar.
El gobierno prometió indemnizaciones, pero los 10.000 KES (unos 78 dólares) ofrecidos no son suficientes para cubrir una vivienda alternativa. Mientras tanto, las órdenes de desalojo forzoso parecieron centrarse exclusivamente en los asentamientos informales, dejando a miles de familias, ya golpeadas por las inundaciones, en una situación aún más precaria. Para septiembre de 2024, de las 40.000 viviendas prometidas para las personas desplazadas, solo 4.050 estaban en proceso de construcción.
La inacción gubernamental y la falta de planificación también aumentó el riesgo de violencia de género. Los refugios improvisados, abarrotados y con falta de privacidad, se convirtieron en espacios inseguros para mujeres y niñas, que siguen expuestas a la explotación y la violencia.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos
El cambio climático está afectando gravemente el derecho a una vivienda adecuada en todo el mundo, especialmente entre las comunidades más marginadas. En este Día Mundial del Hábitat, Amnistía Internacional urge a los líderes mundiales a abordar la intersección entre la crisis climática, el derecho a la vivienda y la discriminación. Además de reducir el uso de combustibles fósiles, pide mejorar la preparación ante desastres y garantizar que los planes de adaptación cumplan con las normas de derechos humanos. También insta a que los Estados que puedan hacerlo financien adecuadamente el Fondo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para responder a las pérdidas y los daños. Cualquier reasentamiento debe ser la última opción y realizarse con la consulta genuina de las comunidades afectadas.
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