“Las autoridades de Kazajistán deben poner en libertad a periodistas y activistas detenidos arbitrariamente por su cobertura de las protestas multitudinarias en el país de la semana pasada, dar información sobre todas las detenciones relacionadas con las protestas y garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas”, ha declarado Amnistía Internacional mientras el número de personas detenidas desde que comenzaron las protestas el 2 de enero se acerca a 10.000 según fuentes gubernamentales.
Las personas detenidas que no hayan cometido delitos reconocidos internacionalmente y que fueron detenidas arbitrariamente, incluso sólo por violar la indebidamente restrictiva legislación del país sobre reuniones públicas, deben ser asimismo puestas en libertad de inmediato.
La organización de derechos humanos ha pedido también a las autoridades de Kazajistán que ordenen una investigación efectiva e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos denunciadas, entre ellas el uso de medios letales por las fuerzas de seguridad, y que respeten los derechos humanos en medio de los disturbios en curso.
“Aunque la situación parece haberse calmado en Kazajistán, la crisis está lejos de haber terminado. No hay nada más importante ahora que el libre acceso a información independiente, una rendición de cuentas completa de lo ocurrido y el compromiso de respetar los derechos humanos en lo sucesivo”, afirmó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.
Sigue sin conocerse número de víctimas mortales
Sigue sin conocerse el número exacto de víctimas mortales consecuencia de la reciente violencia en Kazajistán. Las autoridades han confirmado que la muerte de al menos 18 agentes encargados de hacer cumplir la ley, pero no han revelado todavía el número de civiles que han perdido la vida. El 9 de enero, un canal de Telegram asociado al gobierno dio información sobre la muerte de 164 personas, pero posteriormente el Ministerio de Salud lo desmintió y dijo que había sido un fallo técnico.
“El silencio de las autoridades sobre el número de víctimas de los disturbios y las circunstancias de su muerte es indignante. Deben revelar inmediatamente información sobre muertes de civiles”, afirmó Marie Struthers.
Acceso a Internet restringido, acoso a periodistas, difamación de quienes monitorean los derechos humanos
Las autoridades de Kazajistán desactivaron Internet y restringieron las comunicaciones móviles durante cinco días tras el comienzo de las protestas. Mientras tanto, culparon a las personas que defienden los derechos humanos y a las activistas de impulsar las manifestaciones y detuvieron a periodistas independientes.
El 7 de enero, fue detenido en Uralsk Lukpan Akhmedyarov, editor del diario, y condenado a 10 días de reclusión por supuestamente violar las normas indebidamente restrictivas sobre reuniones de Kazajistán. El 5 de enero, fueron detenidos dos periodistas del servicio de radio local Azzattyk de RFE/RL e interrogados en relación con su trabajo durante las protestas . El 10 de enero, las autoridades ordenaron también al medio independiente Fergana.ru que retirase un informe sobre la crisis so pena de enjuiciamiento penal. Según algunas fuentes, se ha negado la entrada al país a periodistas de otros países. Mientras tanto, aunque el acceso a Internet se restableció el 10 de enero, las autoridades continúan bloqueándolo periódicamente y las aplicaciones de mensajería móvil siguen siendo localmente inaccesibles.
“Las autoridades deben restablecer el acceso sin restricciones a Internet, desbloquear todas las demás formas de comunicación y dejar de represaliar a quienes comparten noticias de forma independiente. En medio de una crisis, la información independiente es crucial. La respuesta visceral de las autoridades de imponer un apagón equivale a mantener a toda la población incomunicada”, añadió Marie Struthers.
“Amnistía Internacional sigue sintiendo gran preocupación por la forma en que el presidente Tokayev culpa en la televisión nacional a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos de incitar a los disturbios, un discurso que posteriormente han adoptado diversas personas que ocupan cargos de autoridad en Kazajistán.”
Malos tratos y el derecho a un juicio justo para las personas detenidas
El martes, el Ministerio del Interior de Kazajistán dijo que habían sido detenidas casi 10.000 personas desde que se iniciaron los disturbios multitudinarios y los enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes. Ya se han abierto más de 400 causas penales. Según la Fiscalía General, la mayoría de ellas se refieren a actos de violencia, incluidos homicidios. Sin embargo, en algunos casos que conoce Amnistía Internacional, las autoridades de Kazajistán han enjuiciado a personas por su disidencia pacífica en virtud del cargo impreciso de “incitación a la discordia social”. Esto incluye la apertura de actuaciones penales en aplicación de estos cargos por una protesta realizada en solitario por el activista medioambiental Artyom Sochenev en Stepnogorsk el 4 de enero.
La ley de Kazajistán, indebidamente restrictiva, aplicable a las reuniones públicas prohíbe de hecho cualquier protesta callejera salvo que sea permitida expresamente por las autoridades locales. Según esta ley, miles de personas kazajas que participaron en protestas pacíficas en los últimos días pueden ser detenidas y multadas o encarceladas un máximo de 15 días.
“Nos preocupan enormemente las condiciones de reclusión y los motivos de la detención de miles de personas. Además, hay dos personas desaparecidas, una de ellas el periodista Makhambet Abzhan, cuyo paradero se desconoce desde el 6 de enero”, prosiguió Marie Struthers.
“Lamentablemente, los juicios sin las debidas garantías siguen siendo habituales en Kazajistán, al igual que la tortura y otros malos tratos, y a los profesionales de la abogacía se les niega el acceso a sus clientes y son amordazados habitualmente con órdenes de no divulgación. El abogado Abzal Kuspan fue detenido y está recluido 10 días sólo por participar en una manifestación pacífica.”
El riesgo de tortura y otros malos tratos quedó de manifiesto en el caso de Vikram Ruzakhunov, músico de jazz de la vecina Kirguistán que estaba de gira en Kazajistán. El domingo, la televisión estatal de Kazajistán emitió su interrogatorio, en el que se veía a un Ruzakhunov lleno hematomas “confesando” haber sido reclutado por “desconocidos” para “participar en una concentración de protesta” a cambio de dinero. Ruzakhunov fue puesto en libertad el lunes, tras una protesta diplomática de Kirguistán
“Todas las personas detenidas arbitrariamente sólo por participar en las protestas deben ser puestas en libertad de inmediato. Los manifestantes a quienes se acuse de delitos reconocibles internacionalmente por haber cometido acciones violentas deben ser juzgados en juicios justos, conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Mientras tanto, todas las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios deben ser investigadas efectivamente y los responsables deben rendir cuentas de sus actos”, concluyó Marie Struthers.
