En respuesta a la muerte, el 1 de octubre, de al menos 130 personas tras una estampida en el estadio de Kanjuruhan, en Malang, Java Oriental, Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, ha declarado:
“Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de las víctimas. Nadie debería perder la vida en un partido de fútbol”.
“Pedimos a las autoridades que lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre el uso de gas lacrimógeno en el estadio, y que garanticen que aquellos de quienes se concluya que han cometido violaciones de derechos humanos son juzgados en un juicio público y no reciben simplemente sanciones internas o administrativas.”
“También pedimos a la policía que revise las políticas sobre el uso de gas lacrimógeno y otras ‘armas menos letales’ con el fin de garantizar que nunca se repetirá una tragedia tan desgarradora.”
“Esta pérdida de vidas no puede quedar sin respuesta. Los propios policías han declarado que las muertes se produjeron después de que los agentes utilizaran gas lacrimógeno contra la multitud, y provocaran así una estampida en las salidas del estadio.”
“El gas lacrimógeno sólo debe utilizarse para dispersar multitudes cuando haya una situación de violencia generalizada y cuando los demás medios hayan fracasado. Debe advertirse a la gente de que se va a utilizar gas lacrimógeno, para que pueda dispersarse.”
“Nunca debe dispararse gas lacrimógeno en espacios cerrados. Las directrices de la FIFA sobre seguridad en los estadios prohíben también el uso de ‘gas para el control de multitudes’ por parte del cuerpo auxiliar de seguridad junto al terreno de juego o por la policía.”
Información complementaria:
La noche del 1 de octubre de 2022, después de que un partido de fútbol entre los equipos Arema y Persebaya en el estadio de Kanjuruhan, en Malang, Java Oriental, terminara con la derrota del Arema, decenas de seguidores del equipo perdedor invadieron el terreno de juego y atacaron a los jugadores y a la policía. Para dispersar la multitud, la policía disparó gas lacrimógeno contra las gradas.
El jefe de policía de Java Oriental, el inspector general Nico Afinta, dijo a la prensa que el gas lacrimógeno había provocado que la gente se dirigiera a una salida. “La gente se amontonó y aquel aplastamiento provocó la muerte de personas por asfixia”, declaró Nico.
En el momento de escribir estas líneas se ha informado de la muerte de al menos 130 personas, entre ellas dos policías. Al menos 180 más han resultado heridas.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU deja claro en su Observación general 37 que las normas sobre el uso de la fuerza durante las funciones de cumplimiento de la ley deben cumplirse estrictamente. El uso de gas lacrimógeno sólo será proporcionado cuando tenga como finalidad responder a casos de violencia generalizada, y sólo cuando los demás métodos para disolver una reunión hayan fracasado o vayan a fracasar.
El tipo de material que se utiliza para disolver una reunión debe considerarse detenidamente y utilizarse sólo cuando sea necesario, proporcional y legítimo. El material de seguridad y control policial —como el gas lacrimógeno, descrito a menudo como armas “menos letales”— puede provocar lesiones graves e incluso la muerte.
El uso de la fuerza afecta directamente al derecho a la vida, protegido por el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia, como Estado Parte, está obligado a cumplir. El uso de la fuerza está, por tanto, sujeto a estrictas salvaguardias en materia de derechos humanos, establecidas en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979) y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990), ambos de la ONU. El uso de la fuerza por funcionarios encargados de hace cumplir la ley en Indonesia está además regulado por el Reglamento del Director General de la Policía sobre el Uso de la Fuerza en la Actuación Policial (Núm. 1/2009).
Aunque Amnistía Internacional reconoce el complejo entorno en el que a menudo se encuentran los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de desempeñar su labor, estos funcionarios deben asegurar el máximo respeto por el derecho a la vida y a la seguridad de todas las personas, incluidas las sospechosas de haber cometido un delito.
