Una investigación digital de Amnistía Internacional ha revelado detalles desconocidos hasta ahora sobre la situación de 32 personas solicitantes de asilo de Afganistán —4 mujeres, 27 hombres y una adolescente de 15 años— que están atrapadas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia sin alimentos, agua potable, refugio ni medicamentos desde, al menos, el 18 de agosto. Usando imágenes de satélite y fotografías para medir la superficie y hacer una reconstrucción en 3D, Amnistía Internacional ha determinado la ubicación del grupo en la frontera y ha averiguado que, a finales de agosto, su ubicación había cambiado de Polonia a Bielorrusia durante la noche en lo que parecía una devolución ilegal.
Según la reconstrucción realizada por Amnistía Internacional, el 18 de agosto, muchas de estas 32 personas, que habían cruzado a Polonia desde Bielorrusia, estaban en el lado polaco de la frontera rodeadas de fuerzas fronterizas polacas. Sin embargo, un día después volvían a estar en el lado bielorruso de la frontera. Amnistía Internacional cree que este movimiento puede constituir una prueba de expulsión ilegal, ya que aparentemente se produjo cuando guardias de fronteras polacos rodeaban el campamento provisional de estas personas refugiadas.
El 20 de agosto, las 32 personas afganas bloqueadas en la frontera solicitaron protección internacional en Polonia con la ayuda de abogados, lo que indica que su deseo era quedarse en Polonia.
Las medidas cautelares dictadas el 25 de agosto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ampliadas el 27 de septiembre, disponen que Polonia debe proporcionar asistencia a estas personas, que incluya “alimentos, agua, ropa, asistencia médica y, si es posible, refugio provisional”. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala asimismo que estas personas afganas aseguraban que habían entrado en territorio polaco el 8 de agosto y habían sido expulsadas. Hasta la fecha, Polonia ha incumplido las medidas cautelares.
“Estado de emergencia”
Desde que ocurrieron los hechos, el grupo permanece atrapado entre guardias de fronteras polacos y bielorrusos. Polonia ha restringido la circulación en la zona y, el 20 de agosto, aprobó una normativa que permite devolver a la frontera con Bielorrusia a toda persona interceptada en la frontera. El 2 de septiembre, Polonia declaró el “estado de emergencia” en sus fronteras con Bielorrusia, restringiendo el acceso de periodistas y ONG a la zona. El “estado de emergencia” ha impedido la observación de posibles violaciones de derechos humanos, lo que suscita preocupación por el trato dado a las personas refugiadas y migrantes en la zona, incluida la devolución ilegal de otras personas que habían cruzado la frontera hacia Bielorrusia. Desde el 19 de septiembre, cinco personas han muerto en la frontera, algunas de hipotermia.
“Es el gobierno polaco quien ha creado la difícil situación que atraviesan las personas afganas en la frontera. El ‘estado de emergencia’ se ha declarado ilegalmente y debe levantarse. La situación en las fronteras del país no constituye una emergencia pública con arreglo a los criterios europeos e internacionales”, ha dicho Eve Geddie.
“Devolver a personas que intentan solicitar asilo sin una evaluación personalizada de sus necesidades de protección es contrario al derecho internacional y de la UE. La introducción de nuevas leyes y medidas con el objeto de legalizar las devoluciones sumarias no cambia nada.”
Verificación digital
Para evaluar la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, Evidence Lab de Amnistía Internacional recopiló y analizó imágenes de satélite transfronterizas así como más de 50 vídeos y fotografías de incidentes en la frontera desde el 12 de agosto. Las imágenes, que confirman los movimientos del grupo y el aumento de las medidas de seguridad en la frontera en las últimas semanas, procedían de numerosas fuentes, como residentes locales y periodistas, e incluían imágenes de satélite y tomadas desde helicópteros; todas ellas fueron verificadas y analizadas.
Usando las técnicas de fotogrametría y comparación de fotografías para construir modelos en 3D, Amnistía Internacional ha podido verificar la ubicación del grupo en la frontera y confirmar la presunta devolución sumaria del 18 al 19 de agosto y la localización del grupo entre el 12 de agosto y el 13 de septiembre. Asimismo ha expuesto las condiciones inhumanas del campamento provisional donde el grupo se ve obligado a vivir.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Polonia que garantice el acceso a su territorio a quienes buscan protección. Las autoridades deben poner fin a las devoluciones sumarias y proporcionar refugio, alimentos, agua, instalaciones higiénicas, acceso a asistencia letrada y atención médica de manera urgente y adecuada al grupo de personas afganas atrapadas en la frontera de Polonia y Bielorrusia. Además, Polonia debería anular el estado de emergencia y las leyes que limitan la circulación en la frontera, y permitir acceso sin trabas a periodistas, activistas, abogados y ONG.
Información complementaria
El 2 de septiembre, Polonia declaró el estado de emergencia en zonas fronterizas con Bielorrusia. El derecho internacional define el estado de emergencia como aquel que “amenaza la vida de la nación”. La migración a Polonia claramente no se ajusta a la definición ni implica una emergencia. Además, el derecho internacional de los derechos humanos establece unas condiciones estrictas que deben cumplir los Estados cuando imponen un estado de emergencia que limita derechos humanos, lo que incluye notificarlo a los organismos internacionales pertinentes. Polonia no ha actuado en cumplimiento de estos requisitos.
El 20 de agosto de 2021, con anterioridad a la declaración del estado de emergencia se emitió un decreto ministerial que limitaba la circulación en la frontera y establecía que las personas interceptadas en el área fronteriza debían salir de Polonia y ser “devueltas a la frontera estatal”, excepto las incluidas en determinadas categorías. El decreto entra en conflicto con las obligaciones contraídas por Polonia en virtud del derecho sobre personas refugiadas, ya que limita el acceso de estas personas a territorio polaco, imprescindible para que puedan solicitar protección internacional allí. Choca también con el principio de no sancionar a las personas solicitantes de asilo, que impide imponer sanciones a una persona que busca protección por su entrada o presencia irregular en un país. Al permitir que las autoridades polacas lleven a cabo devoluciones sin una evaluación de las circunstancias personales y no dar a la persona la oportunidad de impugnar la decisión de devolverla, el decreto es incompatible con el principio de no devolución (non–refoulement) y puede dar lugar a expulsiones colectivas prohibidas por el derecho internacional.
Lituania y Letonia, que también limitan con Bielorrusia, han registrado llegadas comparables a sus fronteras y han adoptado medidas similares a las de Polonia. El 17 de agosto, el gobierno polaco propuso un conjunto de preocupantes reformas de la legislación relativa a devoluciones y protección internacional. Tales reformas proponen facilitar las devoluciones —lo que podría dar lugar a expulsiones colectivas—, permitir que las autoridades de asilo rechacen solicitudes presentadas por personas interceptadas al cruzar irregularmente la frontera —excepto en determinadas circunstancias— e imponer sanciones por cruzar de forma irregular de la frontera. El ACNUR ha criticado enérgicamente la propuesta. En el momento de redactarse este documento aún no se había aprobado la propuesta, seguía pendiente ante el Senado polaco.
El 25 de agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó a Polonia que prestara ayuda humanitaria a las personas refugiadas y migrantes presentes en sus fronteras. La orden se renovó el 27 de septiembre. Hasta la fecha, Polonia ha incumplido la orden del Tribunal.
El ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han hecho llamamientos públicos para que se permita el acceso inmediato de las personas necesitadas en la frontera.
