“El Congreso debe apoyar los esfuerzos para obligar a rendir cuentas a los presuntos autores de atrocidades masivas contra los derechos humanos, y no reforzar un clima de impunidad y discriminación contra la población indígena en Guatemala.”Tres meses antes de la aprobación de esta resolución por el Congreso, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Guatemala inhabilitó a la jueza Yassmín Barrios por una decisión de carácter procesal adoptada durante el juicio de Ríos Montt que presidió en 2013. “La decisión del Tribunal de Honor de sancionar a la jueza presidente, de castigarla por una decisión judicial que tomó durante el juicio, constituye una injerencia en la independencia del poder judicial. Si se admite su validez sentará un precedente que permitirá a los abogados castigar a los jueces cuando no estén de acuerdo con sus decisiones”, ha dicho Elgueta. Además, en febrero de 2014, la Corte de Constitucionalidad acortó el periodo en el cargo de la fiscal general que había impulsado el juicio de Ríos Montt en 2013. Pese a los elogios generalizados por sus logros en el ejercicio del cargo, Claudia Paz y Paz no fue seleccionada como candidata para renovar el mandato y otra mujer acaba de asumir el cargo de Fiscal General. La reducción del mandato de Claudia Paz y Paz y su ausencia de la lista final de candidaturas dan la impresión de ser medidas de represalia por hacer que se investigaran y procesaran debidamente los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. “Guatemala está actualmente en una encrucijada. El país no debe retroceder en el tiempo y volver a una etapa en que los casos de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado simplemente no se investigaban ni enjuiciaban”, ha explicado Sebastian Elgueta. “Cientos de miles de víctimas del conflicto guatemalteco, incluidos los familiares de víctimas de homicidio y desaparición forzada y las personas que sobrevivieron a las matanzas o la violencia sexual, esperan que la nueva fiscal general continúe con los esfuerzos dirigidos a garantizar justicia.” Otto Pérez Molina, actual presidente de Guatemala, comenzó su mandato ratificando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y con ello estableció una salvaguardia para la futura rendición de cuentas en caso de que alguna vez volvieran a cometerse crímenes de guerra en Guatemala. “La decisión del presidente de ratificar el Estatuto de Roma fue acogida con satisfacción en el país y en el resto del mundo. Si no desea dejar un legado de impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado debe demostrar su liderazgo promoviendo un talante de rendición de cuentas, respeto a las víctimas y justicia”, ha dicho Sebastian Elgueta.
Un retroceso hacia la impunidad en el aniversario de la anulación del fallo condenatorio por genocidio
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