“Las autoridades tunecinas deben suspender, hasta que se modifique, la implementación de un nuevo decreto ley sobre la COVID-19 que negará a las personas mayores de 18 años sin pasaporte vacunal el acceso a numerosos espacios públicos y privados, les prohibirá trabajar en el sector público o en empleos remunerados del sector privado y, si tienen la ciudadanía tunecina, les prohibirá viajar al extranjero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La nueva ley entrará en vigor el 22 de diciembre y tendrá una vigencia de seis meses. Aunque algunos aspectos del decreto ley 2021-1 que impone el uso del pasaporte son compatibles con el derecho internacional y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amnistía Internacional pide a las autoridades que modifiquen las disposiciones que violan los derechos al trabajo y a la libertad de circulación que garantiza el derecho internacional.
“Al trata de limitar la propagación de la COVID-19, las autoridades tunecinas solo deben introducir restricciones necesarias y proporcionadas para la protección de la salud pública”
“Tras la crisis sanitaria de este verano, la población de Túnez goza de un mayor acceso a las vacunas, pero no todas las personas disfrutan del mismo acceso a la sanidad pública o a las vacunas. Al tratar de limitar la propagación de la COVID-19, las autoridades tunecinas solo deben introducir restricciones necesarias y proporcionadas para la protección de la salud pública”, afirmó Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades tunecinas no deben implementar el nuevo decreto ley hasta que lo hayan modificado para garantizar que los requisitos del pasaporte vacunal no violan el derecho internacional de los derechos humanos al poner en peligro innecesariamente los medios de vida de la ciudadanía e infligir castigos excesivamente severos por su incumplimiento”.
El nuevo decreto ley, que Amnistía Internacional ha analizado exhaustivamente, prohíbe trabajar a las personas empleadas en el sector público y en el sector privado como asalariadas hasta que obtengan el pasaporte vacunal, y ordena a sus entidades empleadoras que no paguen el salario durante el periodo de suspensión. Las autoridades deben asimismo ordenar el cierre durante un máximo de 15 días de las empresas que no apliquen los requisitos del pasaporte vacunal, con la excepción de los centros de salud privados.
Estas sanciones podrían perjudicar de forma injustificada los medios de subsistencia de las personas sancionadas y sus familias, sobre todo si se tiene en cuenta que Túnez ya sufre una severa crisis económica. La infraestructura de la sanidad pública del país es desigual y más débil en algunas regiones más pobres, lo que afecta al acceso a las vacunas.
Las autoridades tunecinas han afirmado que el pasaporte vacunal tiene por objeto contribuir a “propiciar la inmunidad colectiva“, aunque no han ofrecido un fundamento claro, ampliamente difundido y basado en datos científicos que justifique los requisitos del pasaporte vacunal del Decreto Ley 2021-1 frente a medidas menos restrictivas. Aunque las autoridades consultaron con un comité de profesionales de la medicina, no han difundido el resultado de ninguna consulta que puedan haber hecho con sindicatos, grupos de la sociedad civil u otros para ayudar a garantizar un debate público saludable sobre los planes de instaurar un pasaporte vacunal.
Según la orientación de la OMS sobre la obligatoriedad de las vacunas contra la COVID-19 y los requisitos del pasaporte vacunal, los gobiernos deben proporcionar un razonamiento claro que sustente estas políticas para ayudar a generar confianza pública y abordar las cuestiones éticas que surjan mediante consultas con la ciudadanía, sobre todo con representantes de las personas que probablemente se verán más afectadas.
“En lugar de intimidar a la gente y apretar el nudo que rodea su vida cotidiana, las autoridades tunecinas deben optar por estrategias efectivas de comunicación y difusión pública para animar a la población a que se vacune voluntariamente”, dijo Amna Guellali.
El decreto ley exige también a las personas tunecinas mayores de 18 años que muestren un pasaporte vacunal para viajar fuera del país. Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha ratificado Túnez, toda limitación del derecho a la libertad de circulación deberá ser necesaria para alcanzar un fin legítimo y proporcionada, y estar prevista en la ley, y no debe violar otros derechos garantizados por el Pacto.
“Está claro que este requisito no es una limitación legítima de la libertad de circulación según el derecho internacional porque es injustificado e injustamente restrictivo”, concluyó Amna Guellali.
Según la orientación de la OMS sobre viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos no deben imponer restricciones generales a los viajes basadas en una prueba de vacunación, sino optar por medidas basadas en riesgos, como las pruebas para detectar la COVID-19, la imposición de cuarentenas a quienes entren en el país o el requisito a quienes lleguen de mostrar un resultado negativo de una prueba de COVID-19.
Las autoridades deben asimismo establecer un mecanismo transparente para una revisión frecuente de su política sobre el pasaporte vacunal basada en la investigación científica más reciente, las obligaciones contraídas por Túnez en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las recomendaciones de la OMS, y comunicar después a la ciudadanía las conclusiones con claridad y transparencia.
Información complementaria
El presidente Kais Saied, que suspendió el Parlamento el 25 de julio y se ha conferido a sí mismo el poder de legislar por decreto, promulgó la nueva ley sobre el pasaporte vacunal el 22 de octubre, un mes después de disolver el organismo gubernamental encargado de examinar la constitucionalidad de las nuevas leyes y de retirar al Tribunal Administrativo de Túnez la facultad de anular decretos leyes.
Túnez comenzó su campaña de vacunación contra la COVID-19 en marzo de 2021, pero el programa se desarrolló con lentitud y se vio lastrado por la falta de transparencia, injerencias políticas y retrasos significativos de la entrega de vacunas. Mientras tanto, las tasas de infección por COVID-19 aumentaron exponencialmente y, a mediados de julio de 2021, Túnez era el segundo país del mundo en número de muertes diarias confirmadas por millón de habitantes.
A partir de finales de julio, las autoridades aumentaron las vacunaciones, y finalmente el porcentaje de población vacunada con la pauta completa subió del 6% a mediados de julio al 46% a mediados de diciembre.
