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Soldado guatemalteco acusado de masacre debe ser juzgado

Más de 200 personas murieron por una unidad del ejército guatemalteco en el pueblo de Dos Erres en 1982. © Argentina Equipo de Antropología Forense
Estados Unidos debe enjuiciar o extraditar a un ex soldado guatemalteco implicado en una masacre cometida en su país de origen, ha declarado Amnistía Internacional. Jorge Vinicio Sosa Orantes fue condenado a 10 años de prisión por omitir mencionar su pertenencia a una unidad del ejército que mató a más de 200 personas en el poblado de Dos Erres en 1982, cuando solicitó la nacionalidad estadounidense. “Además de las violaciones en materia de inmigración, Sosa Orantes tiene que responder de crímenes de guerra. Las autoridades estadounidenses deben extraditarlo a Guatemala o enjuiciarlo en Estados Unidos por crímenes tipificados en el derecho internacional”, ha declarado Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Guatemala. “Todos los gobiernos del mundo tienen la responsabilidad de garantizar que los presuntos autores de abusos contra los derechos humanos responden ante la justicia por sus actos, estén donde estén.” Notas para periodistas
Alrededor de 200.000 civiles, en su mayoría indígenas, desaparecieron o fueron asesinados brutalmente durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996). El 6 de diciembre de 1982, miembros de los “Kaibiles”, unidad de élite del ejército, entraron en el poblado de Dos Erres, en el departamento septentrional de Petén, y mataron a más de 200 hombres, mujeres, niños y niñas. En 2011, el Estado de Guatemala pidió perdón formalmente por la masacre y posteriormente, cinco miembros de baja graduación del ejército han sido declarados responsables penales de los hechos. Sosa Orantes fue deportado de Canadá a Estados Unidos en 2012 por violaciones en materia de inmigración. En aquel momento, las autoridades guatemaltecas pidieron su extradición para juzgarlo en relación con la masacre de Dos Erres. Algunos de los presuntos responsables penales por violaciones de derechos humanos cometidas en Guatemala han huido a Europa y a Estados Unidos. Todos los Estados pueden ejercer la jurisdicción universal respecto de los crímenes tipificados en el derecho internacional.

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