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Se debe debe comprometer con la rendición de cuentas en su examen periódico universal

Protestas en Bahréin por Al Jazeera English bajo licencia cc by-sa 2.0

El gobierno de Bahréin debe comprometerse a poner en libertad a los presos de conciencia y a garantizar una auténtica rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde febrero de 2011, ha declarado hoy Amnistía Internacional, con motivo del examen a que va a ser sometido Bahréin por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra el 21 de mayo.   

Bahréin fue el primer país objeto del examen periódico universal (EPU), hace cuatro años, y en esa ocasión el gobierno participó de forma muy constructiva, incluso adoptando numerosos compromisos voluntarios y respondiendo positivamente a las recomendaciones de que tomara medidas para abordar la discriminación de la mujer y limitara las restricciones a la libertad de expresión. Sin embargo, los avances en la implementación de estos compromisos y recomendaciones están siendo muy lentos.

Lo que es aún más significativo, la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado recientemente convirtiéndose en una crisis, después de la torpe respuesta de las autoridades a las protestas generalizadas a favor de la reforma que comenzaron en febrero de 2011.

Desde esa fecha, al menos 60 personas han perdido la vida en relación con las protestas, y las fuerzas de seguridad siguen haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Los detenidos han sido sometidos a torturas y a otros malos tratos en centros de detención no oficiales. Decenas de personas juzgadas en juicios injustos por tribunales militares y condenadas a largas penas de prisión siguen en la cárcel pese a haber sido condenadas sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación.

A finales de junio de 2011, el rey de Bahréin creó la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin para investigar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. La Comisión estaba encabezada por el profesor Cherif Bassiouni e integrada por expertos de independencia, integridad y experiencia reconocidas internacionalmente. El 23 de noviembre de 2011, la Comisión presentó su informe al rey y formuló detalladas recomendaciones de carácter práctico y legislativo. El informe confirmó que se habían cometido violaciones graves de los derechos humanos.

El gobierno de Bahréin prometió la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión de Investigación, incluida la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. No obstante, y a pesar de algunas reformas institucionales y de otra índole, la aplicación por el gobierno de las recomendaciones de la Comisión relacionadas con la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ha sido insuficiente. Aunque en la actualidad hay 11 policías de baja graduación procesados por su implicación en abusos contra los derechos humanos, no ha rendido cuentas de sus actos ningún alto cargo de las fuerzas de seguridad responsables de las violaciones, como el Departamento de Seguridad Nacional y la Fuerza de Defensa de Bahréin.

Aunque el examen periódico universal no puede sustituir la atención continua que ha de prestar el Consejo de Derechos Humanos a la situación de estos derechos en Bahréin, representa un momento importante para que Bahréin y la comunidad internacional aborden la gravísima situación de los derechos humanos en el país y trabajen conjuntamente para acordar medidas oportunas y efectivas para poner fin a estas violaciones. En un momento en el que varios países condenan abiertamente, y con razón, los abusos contra los derechos humanos que se cometen en otros países de Oriente Medio y el Norte de África, es necesario mostrar idéntico compromiso con la justicia y la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en Bahréin.

Para el gobierno de Bahréin, esta es una oportunidad para demostrar liderazgo en el proceso del EPU, como se ha esforzado en hacer con anterioridad. Debe reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas y garantizar la rendición de cuentas plena por ellas. También debe comprometerse a informar periódicamente al Consejo de Derechos Humanos de los avances en la implementación de las medidas acordadas y recomendadas en el EPU.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a que recomiende al gobierno de Bahréin que adopte las siguientes medidas:

  • Excarcelar inmediata e incondicionalmente a todos los presos de conciencia juzgados y condenados por el Tribunal de Seguridad Nacional u otros tribunales, y encarcelados únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión, incluidos los 14 destacados líderes de la oposición; 
  • En concordancia con las normas internacionales, abrir investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes (a cargo de un órgano independiente de la Fiscalía) sobre todas las denuncias de tortura, muertes bajo custodia y homicidios ilegítimos, incluidos los causados por el uso innecesario y excesivo de la fuerza, cometidos desde que comenzaron las protestas de febrero de 2011;
  • Garantizar que todos los presuntos responsables de torturas y homicidios ilegítimos, incluidos aquellos con responsabilidad de mando y quienes aprobaron o cometieron torturas, homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos, con independencia de su cargo o puesto en el gobierno y de su graduación en las fuerzas de seguridad y militares, rinden cuentas de sus actos, incluso en juicios conformes con las garantías internacionales de imparcialidad y sin recurso a la pena de muerte.