En respuesta a la adopción, hoy, en Ginebra, de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Myanmar, Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional, ha manifestado: “La resolución de hoy es un importante avance en la lucha por la rendición de cuentas en Myanmar, que hace posible las perspectivas de justicia para la población rohingya y otras minorías étnicas que han sufrido atrocidades a manos de las fuerzas de seguridad del país. “Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU continúa enredado en la política, el Consejo de Derechos Humanos ha asumido el reto de preparar el terreno a la justicia con este enfoque serio y constructivo. Envía un claro mensaje de solidaridad a las víctimas y supervivientes, así como una firme advertencia al ejército de Myanmar para que sepa que sus crímenes no quedarán impunes.”
El intento de China de bloquear la resolución se ha frustrado, pues 35 Estados han votado a favor de adoptarla, 3 han votado en contra y 7 se han abstenido. “Es muy preocupante que China intentara proteger a los responsables contra la justicia y la rendición de cuentas pidiendo una votación sobre esta resolución. Este intento de bloquear la justicia y la rendición cuentas a la población rohingya y otras minorías se ha producido en un momento en el que China está cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra la población uigur y otras minorías musulmanas dentro de sus fronteras. La historia juzgará duramente a los líderes chinos por su flagrante desprecio por la justicia”, ha señalado Tirana Hassan.
“El nuevo mecanismo cuyo mandato se ha aprobado hoy recopilará y protegerá pruebas y preparará expedientes para el futuro procesamiento penal de los responsables de algunos de los más graves crímenes de derecho internacional.
“Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha tomado hoy una significativa medida para la lucha por la justicia en Myanmar, queda trabajo por hacer. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene claramente la responsabilidad de remitir la situación a la Corte Penal Internacional. El hecho de que siga sin hacerlo es una mancha para su credibilidad como organismo mundial encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales. Información complementaria
Más de 725.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas han huido del norte del estado de Rajine al vecino Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra centenares de pueblos rohingyas. La ofensiva se llevó a cabo tras una serie de ataques contra puestos de seguridad efectuados por el grupo armado Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente la campaña de limpieza étnica realizada por las fuerzas armadas, que incluye la quema selectiva de pueblos rohingyas, el uso de minas terrestres y la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsión, así como otras violaciones graves de derechos humanos contra la población rohingya. La organización ha documentado también crímenes de guerra cometidos contra minorías étnicas en los estados de Kachin y Shan del Norte, donde las violaciones de derechos humanos continúan. El 18 de septiembre de 2018, la misión de investigación de la ONU sobre Myanmar presentó su informe final al Consejo de Derechos Humanos, ofreciendo aún más pruebas de los crímenes cometidos por el ejército en el país. La misión pidió que se investigue y procese a los mandos militares y demás presuntos responsables por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.Esta semana, Amnistía Internacional ha entregado a los miembros del Consejo de Derechos Humanos reunidos en Ginebra más de 90.00 firmas de personas de todo el mundo que pedían el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas para las atrocidades de Myanmar. La organización ha pedido también a los líderes mundiales en la Asamblea General que hagan rendir cuentas a los jefes militares de Myanmar.
