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Preocupación de Amnistía Internacional por los sucesos de la prisión de Jericó y sus consecuencias

Londres.- Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que garanticen que todos los palestinos detenidos tras el ataque de Israel a la prisión de Jericó el 14 de marzo tienen acceso inmediato a abogados y a sus familias, reciben la atención médica que puedan necesitar y están protegidos contra posibles torturas o malos tratos. Se debe facilitar el debido proceso judicial a los detenidos, procediendo, en especial, a dejar en libertad a los que no estén acusados de ningún delito común reconocible y no vayan a ser sometidos con prontitud a juicio y a juzgar sin demora y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos a aquellos contra los que se hayan presentado cargos.

 

Según el ejército israelí, unos 200 palestinos fueron detenidos cuando las fuerzas israelíes atacaron en la ciudad cisjordana de Jericó la prisión administrada por la Autoridad Palestina tras retirarse de ella los guardias estadounidenses y británicos, pero no se ha hecho una verificación independiente del número de detenidos. El ejército dijo que mantendría bajo custodia a los clasificados como “buscados” y dejaría en libertad al resto. 

 

Entre los palestinos que se encuentran bajo custodia del ejército israelí figuran seis hombres que, según fuentes oficiales israelíes, eran el objetivo principal del ataque a la prisión. Se trata de Ahmad Saadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y de cuatro miembros más de esta organización (Majid al-Rimawi, Hamdi Qar’an, Ahed Abu Ghalmiyeh y Basel al-Asma), así como de Fuad Shubaki, alto cargo de Fatah. Los seis se hallaban recluidos arbitrariamente desde 2002, bajo custodia de la Autoridad Palestina y con la supervisión de guardias estadounidenses y británicos.

 

Ahmad Saadat y sus cuatro compañeros fueron detenidos por la Autoridad Palestina, a instancias de Israel, a principios de 2002, tras el asesinato del ex ministro israelí de Turismo Rehavam Ze’evi en octubre de 2001. El Frente Popular para la Liberación de Palestina se atribuyó la responsabilidad del asesinato y dijo que lo había cometido como represalia por la muerte a manos de fuerzas israelíes del líder de la organización Abu Ali Mustafa en agosto de 2001. Fuad Shubaki, a quien la Autoridad Palestina detuvo a principios de 2002, estaba acusado de participar en el conocido caso del Karine A  de  enero de 2002, sobre contrabando de armas a la Franja de Gaza.

 

Ni Ahmad Saadat ni Fuad Shubaki han sido nunca acusados por la Autoridad Palestina de ningún delito ni llevados a juicio. En 2003, el Tribunal Supremo palestino ordenó que fueran puestos en libertad, pero la Autoridad Palestina no hizo caso y siguió manteniéndolos recluidos sin cargos ni juicio. Los otros cuatro miembros del Frente Popular para la Liberación de Palestina fueron juzgados ante un tribunal militar especial formado apresuradamente por el difunto presidente de la Autoridad Palestina Yasir Arafat en abril del 2002 dentro del recinto presidencial, que en ese momento estaba sitiado por el ejército israelí. Fueron declarados culpables de participar en el asesinato de Rehavam Ze’evi y condenados a entre uno y 18 años de prisión.

 

El juicio de esos cuatro hombres violó los aspectos más fundamentales de las normas internacionalmente reconocidas sobre juicios justos y se llevó a cabo en el marco de un trato de carácter político que tenía por objeto poner fin al sitio del ejército israelí al complejo de oficinas del presidente Arafat. La Autoridad Palestina, Israel, el Reino Unido y Estados Unidos llegaron a un acuerdo en virtud del cual estos seis hombres permanecerían recluidos en la prisión palestina de Jericó, bajo la supervisión de guardias estadounidenses y británicos.   

 

A finales de abril de 2002, tras anunciarse dicho acuerdo, una delegación de Amnistía Internacional visitó a los detenidos en la prisión de Jericó, y posteriormente la organización se dirigió reiteradamente a la Autoridad Palestina para expresar preocupación por su detención arbitraria y pedir que Ahmad Saadat y Fuad Shubaki fueran sometidos con prontitud a un juicio justo o puestos en libertad y que los otros cuatro detenidos fueran juzgados de nuevo, respetando plenamente las normas internacionales sobre juicios justos. En respuesta a sus llamamientos, funcionarios de la Autoridad Palestina dijeron a Amnistía Internacional que estaban obligados a mantener a los seis bajo custodia porque Israel había prometido asesinarlos si quedaban en libertad.

 

Amnistía Internacional expresó también su preocupación a los gobiernos británico y estadounidense por su participación en la supervisión de personas recluidas al margen de todo marco legal y violando las disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos que el Reino Unido y Estados Unidos habían ratificado y tenían el deber de respetar, en especial los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho a la libertad y a un juicio justo, y la correspondiente prohibición de la detención arbitraria.

 

Tras haber contribuido a perpetuar estas violaciones de derechos humanos durante los últimos cuatro años, el Reino Unido y Estados Unidos retiraron a sus guardias de la prisión de Jericó el 14 de marzo por la mañana, minutos antes del ataque del ejército israelí. Amnistía Internacional insta a ambos gobiernos a que garanticen que las autoridades israelíes respetan los derechos de todos los detenidos a los que su ejército se llevó de la prisión de Jericó, someten con prontitud a un juicio justo y de acuerdo con las normas internacionales de justicia procesal a los que estén acusados de algún delito común reconocible y dejan en libertad sin demora a los demás.

 

Amnistía Internacional considera también motivo de honda preocupación el secuestro de unos 10 periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria extranjeros perpetrado por grupos armados palestinos en distintas partes de Cisjordania y la Franja de Gaza el 14 de marzo.  

 

Los grupos armados, incluido el brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, acusaron al Reino Unido y a Estados Unidos de estar en connivencia con las fuerzas israelíes y coordinar la retirada de sus guardias de la prisión de Jericó minutos antes del ataque. Advirtieron a los ciudadanos británicos y estadounidenses que se encontraran en la zona que se marcharan de allí si no querían que les pasara nada. El Reino Unido y Estados Unidos han negado las acusaciones.

 

Entre las personas secuestradas había ciudadanos y ciudadanas de Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Francia, Polonia y Suiza. Todas fueron liberadas sanas y salvas a las pocas horas.

 

En los últimos doce meses, grupos armados palestinos han secuestrado a decenas de personas, en su mayoría palestinas, aparentemente con el fin de llamar la atención de la Autoridad Palestina sobre sus desesperadas demandas, entre las que figuran la excarcelación de familiares o amigos o más puestos de trabajo. En todos los casos, las personas secuestradas fueron liberadas a las pocas horas o días después sin haber sufrido daño alguno.   

 

Los grupos armados palestinos, en especial los vinculados al partido Fatah, han secuestrado también a otros palestinos acusados de “colaborar”  con las fuerzas israelíes ayudándolas a asesinar o detener a otros palestinos. En algunos casos los han matado o torturado, maltratado y amenazado de muerte.

 

Amnistía Internacional condena sin reservas tales prácticas y reitera su llamamiento a todos los grupos armados palestinos para que pongan fin de inmediato a los secuestros y demás ataques contra civiles. Asimismo, la organización pide una vez más a la Autoridad Palestina que tome todas las medidas posibles para detener y prevenir los secuestros y demás ataques deliberados de grupos armados contra civiles.