Londres.- Con ocasión del próximo debate en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del informe Fair trial issues in criminal cases concerning espionage or divulging state secrets (Garantías procesales en causas penales por espionaje o divulgación de secretos de Estado), elaborado por Christos Pourgourides, relator del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria (Doc. 11031), Amnistía Internacional pone de manifiesto la preocupación que desde hace largo tiempo viene sintiendo sobre la represión de científicos y periodistas en la Federación Rusa por compartir información al parecer de dominio público así como opiniones profesionales con contactos en el extranjero. A Amnistía Internacional le preocupan también los casos de aparente represión de abogados independientes por tratar de hacer públicas conclusiones relativas a su trabajo. El procesamiento y la condena de los científicos Igor Sutiagin y Valentin Danilov y del abogado Mikhail Trepashkin, que se explican con detalle en el informe del relator a la Asamblea Parlamentaria, son desde hace tiempo motivos de preocupación para Amnistía Internacional. Los tres hombres están cumpliendo penas de cárcel tras ser declarados culpables de traición o divulgación de secretos de Estado. A la organización le preocupa que hayan sido acusados por motivos políticos y que sus derechos a un juicio con garantías hayan sido violados en el curso de las actuaciones judiciales.
Cualquier acusación de violación de la ley, sea por traición, espionaje o divulgación de secretos de Estado, debe ser investigada sin demora de forma imparcial, y aquellas personas sobre las que exista una sospecha razonable de que han cometido delitos comunes reconocibles deben ser juzgadas en actuaciones que se ajusten plenamente a las normas internacionales. Si bien Amnistía Internacional reconoce el interés legítimo de los Estados a clasificar como secreta cierta información, la organización ha instado al gobierno ruso a que se asegure de que la aplicación de la ley respeta el derecho de las personas a ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y asociación.
Igor Sutiagin, científico nuclear del Instituto Ruso de Estudios Estadounidenses y Canadienses de la Academia Rusa de las Ciencias, lleva más de seis años encarcelado tras ser declarado culpable de traición (artículo 275 del Código Penal ruso). Según la información de que dispone Amnistía Internacional, la investigación y el juicio estuvieron marcados por violaciones de las normas internacionales sobre garantías procesales, y las actuaciones hicieron temer seriamente que las acusaciones fueran por motivos políticos. Igor Sutiagin fue detenido en 1999 por haber pasado información confidencial sobre el sistema de armamentos de Rusia a agentes de los servicios de información estadounidenses. Durante el proceso, Igor Sutiagin mantuvo que la información que había pasado a una empresa consultora radicada en el Reino Unido era de dominio público, y que había ejercido su derecho a la libertad de expresión al analizarla y comentarla. En su primer juicio fue absuelto y el tribunal concluyó que las denuncias eran vagas y que era imposible comprender cuál era la información presuntamente transmitida. Tras nuevas investigaciones del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) en julio de 2002 se presentaron otros cargos, y en noviembre de 2003 comenzó un nuevo juicio. Este segundo proceso, a puerta cerrada, se caracterizó por la falta de independencia judicial, y duró hasta abril de 2004, cuando Igor Sutiagin fue declarado culpable y condenado a 15 años de cárcel. Para entonces ya había pasado más de cuatro años detenido, lo cual hacía surgir dudas sobre el respeto al derecho de los detenidos a ser juzgados en un plazo razonable. Amnistía Internacional ha pedido que Igor Sutiagin vuelva a ser juzgado en actuaciones que cumplan las normas internacionales, y que hasta entonces quede en libertad.
Valentin Danilov, jefe del Centro de Física Térmica de la Universidad Politécnica Estatal de Krasnoyarsk, fue condenado en 2004 a 14 años de cárcel tras ser declarado culpable de facilitar información reservada a China. Sus colegas y sus abogados afirmaron que la información que había transmitido había sido desclasificada en 1992, mucho antes de que la hubiera compartido. Al igual que en el caso de Igor Sutiagin, el primer juicio terminó en absolución, concluyendo el tribunal que no se había establecido que Valentin Danilov hubiera violado la ley. En junio de 2004, el Tribunal Supremo ruso anuló la sentencia absolutoria y, tras un segundo juicio, a puerta cerrada, Valentin Danilov fue declarado culpable de traición (artículo 275 del Código Penal ruso) y condenado a 14 años de cárcel en noviembre de 2004. Organizaciones de derechos humanos rusas y abogados han expresado su honda preocupación por varias violaciones procedimentales que tuvieron lugar durante el segundo juicio.
Según los informes, en ambos casos la acusación tuvo dificultades para aclarar qué información confidencial había sido transmitida violando la ley. Ambos acusados, así como activistas de derechos humanos rusos, facilitaron a los tribunales documentos que, según los informes, demostraban que en el momento en que se compartió la información ésta ya era de dominio público. A Amnistía Internacional le preocupa que, de ser así, la condena ha violado los derechos de ambos hombres a su libertad de expresión y asociación, y tal vez haya tenido un efecto atemorizador para sus compañeros y la comunidad científica en general.
Mikhail Trepashkin, abogado y ex agente del KGB y de su sucesor, el FSB, está detenido desde el año 2003. Era abogado de los familiares de una mujer que falleció durante los atentados con explosivos en unos apartamentos de Moscú en 1999. Trepashkin, que también colaboraba con una comisión independiente que investigaba los atentados, afirmó públicamente que el FSB estaba tras los actos. Juzgado a puerta cerrada por un tribunal militar, en mayo de 2005 fue condenado por cargos de “divulgación de secretos de Estado” y “posesión ilegal de munición” (artículos 283, apartado 1, y artículo 222 del Código Penal ruso). Amnistía Internacional ha preguntado si el tribunal militar que se ocupó del caso cumplía las normas internacionales sobre independencia e imparcialidad, y su conclusión es que las autoridades rusas no cumplieron con su obligación de justificar el hecho de que las actuaciones hayan sido a puerta cerrada. Desde que fue detenido, Mikhail Trepashkin siempre ha mantenido que los cargos eran falsos. Existen firmes motivos para considerar que los cargos penales presentados contra él tenían una motivación política: evitar que continuara sus investigaciones y su actividades legales sobre los atentados de 1999 en edificios de apartamentos de Moscú y en otras ciudades. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades rusas que se aseguren de que Mikhail Trepashkin vuelve a ser juzgado en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre garantías procesales, y que queda en libertad hasta que eso suceda.
Otros aspectos preocupantes del caso son los informes según los cuales la dirección de la cárcel ha negado a Mikhail Trepashkin el tratamiento médico adecuado para la grave afección asmática que sufre. Amnistía Internacional ha instado a las autoridades rusas a que, hasta que sea puesto en libertad y vuelto a juzgar, lo trasladen a un hospital, donde podrá recibir atención y tratamiento médico adecuados. Información general El informe, titulado Fair trial issues in criminal cases concerning espionage or divulging state secrets (Garantías procesales en causas penales por espionaje o divulgación de secretos de Estado) y elaborado por el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se debatirá durante el próximo periodo de sesiones parcial de invierno de la Asamblea, que se celebrará en Estrasburgo del 22 al 26 de enero.
Además de estos casos destacados por Amnistía Internacional, el informe menciona también el procesamiento en Rusia de Grigorii Pasko y Aleksandr Nikitin, dos ex presos de conciencia en cuyo favor ha hecho campaña Amnistía Internacional. Aleksandr Nikitin, ex oficial de la Flota del Norte de la Federación Rusa, proporcionó información a la organización ecologista noruega Bellona sobre los peligros que entrañaban para el medio ambiente los viejos submarinos nucleares rusos. Fue acusado de traición y espionaje en 1996 y podía ser condenado a 20 años de cárcel. En 2000 fue absuelto por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. Desde entonces ha continuado haciendo pública información medioambiental. Grigorii Pasko, periodista de la armada rusa que trabajaba en el periódico de la Flota del Pacífico, fue detenido en 1997 acusado de haber pasado presunta “información confidencial” a los medios de comunicación japoneses, y se presentaron contra él cargos de traición en forma de espionaje. Inicialmente absuelto de estos cargos, fue condenado por “abuso de autoridad oficial” (cargo que inicialmente no figuraba en el acta de acusación). La sentencia fue anulada en apelación, pero, tras ser juzgado de nuevo, volvió a ser condenado por “abuso de autoridad oficial” y condenado a cuatro años de cárcel. Quedó en libertad en 2003.
