Madrid.- Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER han remitido hoy una carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, reclamando que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria.
Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que, en muchos casos,y en su mayoría mujeres, se ocupan del cuidado de mayores, o las personas sin hogar. En este sentido, las organizaciones reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley -anunciado por el Gobierno- para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave, aseguran, para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19.
Personas vulnerables sin acceso a las vacunas
Hace dos años que Joshlin consiguió la reagrupación familiar en España con su madre (79 años, tarjeta de discapacidad del 37% por un ictus y con tratamiento psiquiátrico) y su padre (81 años, con una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma). Tras realizar numerosos trámites, consiguió un acceso temporal al sistema sanitario para sus padres que fue revocado en enero de 2021. Ambos forman parte de grupos de población que ya deberían estar vacunados, pero ninguno de ellos ha sido inmunizado contra la Covid-19 al no tener tarjeta sanitaria.
Livia, de 71 años, vive en España legalmente gracias a la reagrupación familiar solicitada por su hija, pero no cuenta con tarjeta sanitaria. Tanto por edad como por condiciones de salud -toma inmunodepresores y sus defensas son bajas- debería tener acceso a la vacuna, pero ninguna de las consultas que ha hecho en su centro de salud y por teléfono le aseguran conseguirla.
Los casos de estas dos mujeres, Joshlin, y Livia, son ejemplos de que España carece de protocolos consensuados en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que hagan efectivo el acceso a la vacuna a la población que se encuentra en cualquiera de estas situaciones de exclusión sanitaria y que, además, tampoco cuenta con información detallada sobre la campaña de vacunación.
Las entidades que suscriben esta carta consideran que, aunque es “muy positivo” el enfoque de la estrategia de vacunación española, que incluye como grupo de vacunación el de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica” -tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud-, estás intenciones no se han hecho realidad.
Cuatro meses después de su publicación, ninguna actualización del documento de estrategia contiene directrices o recomendaciones que aseguren la vacunación de los colectivos que, a día de hoy, siguen encontrando barreras para acceder al sistema sanitario.
Por todo ello, recuerdan a Carolina Darias, ministra de Sanidad, que el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS señala que se deben “tomar medidas proactivas para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo prioritario, especialmente las poblaciones socialmente desfavorecidas”.
Medidas a adoptar en el próximo Consejo Interterritorial
Las entidades firmantes sostienen que el CISNS debería adoptar directrices que garanticen la vacunación de las personas sin tarjeta sanitaria. Asimismo, el Ministerio de Sanidad debe aprobar de manera urgente el anteproyecto de ley que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio abrió la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley el pasado mes de octubre y las organizaciones enviaron sus recomendaciones para la elaboración de la norma. En marzo, la Ministra de Sanidad anunció en sede parlamentaria su próxima aprobación en el segundo trimestre del presente año, sin que haya habido novedades sobre el proceso en el que se encuentra el anteproyecto.
Entre las medidas concretas y efectivas a adoptar por el CISNS expresadas por las entidades que suscriben en la carta a la ministra, destacan:
La identificación de las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria de cada uno de los grupos objetivos de la campaña de vacunación.
El establecimiento de protocolos administrativos y de gestión sanitaria que hagan efectivo el acceso a la vacuna a esas personas.
La garantía de que la población que se encuentra en esta situación cuente con información detallada sobre la campaña de vacunación.
Acciones positivas desarrolladas en algunas Comunidades
Aunque las entidades firmantes destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud con la finalidad de darles de alta en el sistema y entrar así en la campaña de vacunación, reclaman una acción nacional de vacunación de grupos vulnerables mediante “protocolos eficaces y coordinados desde el CISNS que hagan realidad el derecho de estas personas a ser vacunadas.
Información adicional
En los últimos meses, agencias de Naciones Unidas y diversos mecanismos de protección de derechos humanos han instado a los Estados a garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19 sin ningún tipo de discriminación.
A su vez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental han señalado que la priorización de las vacunas debe incluir a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario, independientemente de quiénes sean.
Por su parte, el Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados del Consejo de Europa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos, han recomendado a los Estados:
proporcionar un acceso equitativo a las vacunas para todas las personas independientemente de su situación migratoria; adoptar medidas para superar los obstáculos,
establecer protocolos que faciliten el acceso equitativo a la vacunación, incluidas las personas que se encuentran en situación irregular,
realizar actividades de divulgación y suministro de información entre los migrantes en un idioma que entiendan y en formatos a los que puedan acceder
y establecer cortafuegos entre la aplicación de la ley de inmigración y la provisión de la vacuna COVID-19.
REDER es una plataforma contra la exclusión sanitaria coordinada por un grupo de organizaciones integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Médicos del Mundo, Salud por Derecho, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). De su mano se han ido sumando otras entidades que puedes conocer aquí>
