Las condenas de muerte de 11 hombres trasladados recientemente a la Prisión de Evin, en Teherán, deben ser conmutadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional después de que se haya sabido que estos hombres podrían ser ejecutados en una fecha tan temprana como el 11 de octubre.
Entre los condenados cuya ejecución se ha fijado para un momento tan próximo como el amanecer del jueves se encuentra Saeed Sedeghi, empleado de un comercio que fue condenado a muerte en junio tras un juicio injusto por cargos relacionados con las drogas.
Amnistía Internacional conoce los nombres de otros cuatro presos que forman parte de ese grupo que se enfrenta a la ejecución inminente.
“Es una cruel ironía que la noticia de estas ejecuciones inminentes se produzca cuando personas de todo el mundo celebran el Día Mundial contra la Pena de Muerte”, ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Irán está solamente por detrás de China en cuanto al número de ejecuciones llevadas a cabo anualmente. Las autoridades iraníes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a esta oleada de ejecuciones y para conmutar estas condenas de muerte.”
“Saeed Sedeghi y todas las demás personas condenadas tras juicios injustos deben ser juzgados de nuevo en procedimientos que cumplan las normas internacionales de justicia procesal.”
Saeed Sedeghi fue trasladado el miércoles de la Prisión de Ghezel Hesar a la Prisión de Evin, en Teherán, donde permanece en régimen de aislamiento.
El 2 de junio de 2012, el Tribunal Revolucionario de Irán lo había condenado a muerte tras declararlo culpable de la compra –junto con otros tres hombres– y posesión de 512 kg de metanfetamina (“meta de cristal”). Su abogado de oficio no llegó a entrevistarse con él ni tuvo acceso a su expediente antes de que comenzara el juicio.
Al igual que otras personas condenadas a muerte en virtud de la Ley Antinarcóticos, parece ser que Saeed Sedeghi no tuvo oportunidad de apelar contra su declaración de culpabilidad y su condena, lo cual constituye una violación del derecho a un juicio justo.
Además de la pena de muerte, el tribunal impuso a Saeed Sedeghi una multa de 2 millones de riales (aproximadamente 163 dólares estadounidenses), y lo condenó a 20 latigazos por posesión individual de 21 gramos de opio y marihuana. Además, Saeed Sedeghi dijo a su familia que, durante su reclusión, lo habían sometido a tortura y otros malos tratos: entre otras cosas, le arrancaron tres dientes a golpes.
A finales de julio compareció ante la Sala 30 del Tribunal Revolucionario de Teherán sin la presencia de su abogado, y lo obligaron a firmar un documento en el que, al parecer, le informaban de que su condena de muerte iba a ejecutarse.
A 9 de octubre, se creía que las autoridades iraníes habían ejecutado al menos a 344 personas desde principios de año; entre esas ejecuciones había 135 que no se habían anunciado oficialmente. La mayoría de los ejecutados habían sido declarados culpables de narcotráfico.
La gran mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en el país en los últimos años se han debido a delitos relacionados con las drogas, pese a que no existen pruebas claras de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio efectivo frente a esos delitos. De hecho, Irán cuenta con uno de los índices de drogadicción más altos del mundo.
Amnistía Internacional sigue instando a Irán a revisar su Ley Antinarcóticos para garantizar que la pena de muerte ya no se considera un castigo posible.
“La pena de muerte –de la que las estadísticas demuestran que no ha disuadido frente al consumo o el tráfico de drogas en Irán– no debe considerarse nunca un castigo posible para los delitos relacionados con las drogas”, ha manifestado Ann Harrison.
“Instamos a las autoridades iraníes a revisar urgentemente la Ley Antinarcóticos para eliminar la pena de muerte como castigo posible, y a conmutar las condenas de muerte de todos los presos que se encuentran en espera de ejecución.”
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, que viola la Declaración Universal de Derechos Humanos.
