Londres.- Es sumamente preocupante que el gobierno colombiano continúe con su campaña de deslegitimación del trabajo del movimiento de derechos humanos en Colombia, dijo Amnistía Internacional en referencia a la detención de los activistas Luz Perly Córdoba y Juan de Jesús Gutiérrez de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) el pasado 18 de febrero. Luz Perly Córdoba, presidenta de la ACA, fue detenida en Bogotá y ha sido acusada de rebelión y concierto para delinquir. Estas acusaciones tendrían como base testimonios de informantes y no investigaciones judiciales serias e imparciales. A causa de amenazas en contra de su vida por parte de paramilitares aliados con el ejército, Luz Perly Córdoba goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, Juan de Jesús Gutiérrez, tesorero de la organización, fue detenido en Arauquita, departamento de Arauca, y posteriormente fue trasladado a la Estructura de Apoyo de la Fiscalía con asiento en la Brigada XVIII del Ejército en la capital de Arauca. Las capturas coincidieron con operativos de allanamiento en la oficina de la ACA en Arauquita, y en la casa de Nubia Vega, otra dirigente de la ACA, también en Arauquita. Miembros de la ACA han sido víctimas de reiterados señalamientos, allanamientos y amenazas por parte de las fuerzas armadas. Las capturas coinciden con la publicación de un informe de una ONG colombiana donde se destaca que el 90% de detenciones relacionadas con el conflicto armado han sido arbitrarias. Otro informe de la Procuraduría General de la Nación subraya que existen irregularidades en muchas de las capturas masivas llevadas a cabo por la fuerza pública y la Fiscalía. Amnistía Internacional comparte estas preocupaciones resaltando que hay una campaña para desacreditar el trabajo del movimiento social por medio de operaciones judiciales basadas en acusaciones y sospechas de las fuerzas militares, reiteradamente después de que las ONG hayan denunciado violaciones de derechos humanos que implican las fuerzas armadas. "Estamos presenciando una estrategia coordinada y bien planeada para silenciar al movimiento de derechos humanos y así dar la impresión de que la situación está mejorando" dijo Amnistía Internacional. "La ley que otorga poderes de Policía Judicial a las fuerzas armadas, recién aprobada por el Congreso, amenaza con consolidar esta estrategia y las arbitrariedades."
Nuevos ataques contra los derechos humanos
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