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Nueve años de oportunidades perdidas para los derechos humanos

Ginebra.- Amnistía Internacional ha hecho público hoy un documento en el que expresa honda preocupación por el elevado número de homicidios cometidos por agentes de policía, el uso generalizado de la tortura y de los malos tratos, así como los ataques contra defensores de derechos humanos que continúan produciéndose en Brasil. El documento ha sido entregado al Comité de Derechos Humanos de la ONU, que va a examinar el segundo informe periódico de Brasil sobre la aplicación en este país del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Casi una década después de la presentación del primer informe de Brasil ante el Comité de Derechos Humanos, éste iniciará mañana otro examen de la situación de los derechos civiles y políticos en este país. En su información, Amnistía Internacional lamenta que las autoridades brasileñas no garanticen la protección de los derechos humanos fundamentales de toda la población desde 1996. “El momento decisivo que representó la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos en 1996 no se ha traducido en las reformas necesarias para garantizar que los brasileños dejan de sufrir torturas, amenazas y homicidios a manos de quienes deberían protegerlos”, declaró Tim Cahill, investigador de Amnistía Internacional sobre Brasil. “Gobiernos sucesivos han relegado los derechos humanos al asiento trasero de la política gubernamental. La falta de inversión de voluntad política y recursos económicos en la protección de los derechos humanos continúa costando la vida de cientos de miles de brasileños.” Según Amnistía Internacional, aunque las autoridades brasileñas han hecho avances en algunas áreas, estos avances no han gozado del apoyo sostenido necesario para convertirse en mejoras reales. Pese a la introducción de una ley contra la tortura en 1997, sólo se ha enjuiciado en aplicación de la misma a un número limitado de personas y la tortura a manos de agentes del Estado siguen siendo generalizada y sistemática. La mayoría de los casos sigue sin ser denunciado, investigado ni castigado, y las víctimas continúan procediendo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo los más pobres, los jóvenes negros y los varones mestizos, a quienes se considera presuntos delincuentes. Defensores de derechos humanos de todo Brasil son víctimas de amenazas de muerte, intimidación, demandas por difamación y homicidios. Hasta hace poco, las autoridades estatales y federales se han mostrado reticentes a adoptar medidas para garantizar una protección adecuada y eficaz de las personas amenazadas o incapaces de hacerlo. El Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, iniciado por el gobierno federal el año pasado, ha hecho una contribución notable a la promoción de la labor de quienes luchan por los derechos humanos en Brasil y en toda la región. Sin embargo, el programa sigue careciendo de la infraestructura necesaria para su implantación efectiva. Información complementaria Tras haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Brasil tiene la obligación de informar periódicamente al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre las medidas que ha adoptado para aplicar en el país lo previsto en el Pacto. El segundo informe periódico de Brasil, que debió haberse presentado en 1998, será presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU por una delegación gubernamental en una reunión pública los días 26 y 27 de octubre, en Ginebra.

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