Millones de personas sufren en la “zona sin derechos humanos” del noroeste

Millones de paquistaníes de las zonas tribales del noroeste del país viven en una “zona sin derechos humanos” donde no reciben protección legal del gobierno y padecen abusos a manos de los talibanes, según afirma Amnistía Internacional en un importante informe que ha publicado hoy.
“Casi cuatro millones de personas viven en la práctica bajo el dominio de los talibanes en el noroeste de Pakistán, sin Estado de derecho y abandonados por el gobierno paquistaní” afirmó Claudio Cordone, secretario general interino de Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional, titulado ‘As if Hell Fell on Me’: The Human Rights Crisis in Northwest Pakistan, se basa en entrevistas realizadas a casi 300 residentes de Zonas Tribales bajo Administración Federal (FATA, por sus siglas en inglés) y áreas adyacentes de la provincia de la Frontera Noroeste. El informe da voz a personas cuya experiencia rara vez se ha dado a conocer y revela los abusos a los que enfrentan los habitantes de la región.
“Hay todavía más de un millón de personas desplazadas de sus hogares en el cinturón de zonas tribales del noroeste de Pakistán a causa del conflicto con los talibanes, cuyo sufrimiento se ha pasado por alto en gran medida y que necesitan ayuda humanitaria desesperadamente” señaló Claudio Cordone.
El análisis de Amnistía Internacional basado en la información disponible apunta a que al menos 1.300 civiles –de un total de más de 8.500 víctimas mortales (combatientes incluidos)– murieron en los combates librados en el noroeste de Pakistán en 2009.
El informe documenta los abusos sistemáticos de los talibanes, que intentan establecer su dominio matando a quienes desafían su autoridad, como ancianos de las tribus y representantes gubernamentales. Han impuesto su régimen con tortura y otros malos tratos aplicados selectivamente a docentes, trabajadores humanitarios y activistas políticos, y las mujeres –así como las escuelas y los centros de salud que atienden sus necesidades– son objetivos preferentes de sus abusos.
Según tuvo noticia Amnistía Internacional, los insurgentes talibanes bloquearon carreteras para impedir la huida de civiles de los pueblos que estaban siendo bombardeados intensamente por las fuerzas gubernamentales. Además, las probabilidades de causar víctimas civiles aumentaron cuando los insurgentes se dispersaron entre los civiles y dentro de escuelas y en sus inmediaciones.
Los sucesivos gobiernos de Pakistán han tratado con desdén las zonas tribales fronterizas con Afganistán, ignorando los derechos humanos de sus habitantes, especialmente los de las FATA. En la última década, el gobierno de Pakistán ha pasado de intentar apaciguar a los talibanes con una serie de “acuerdos de paz” fallidos a lanzar contundentes operaciones militares que incluyen ataques indiscriminados o desproporcionados.
El uso de drones militares (aviones no tripulados) por parte de Estados Unidos para atacar a los insurgentes en el noroeste de Pakistán ha generado un resentimiento considerable dentro del país. Amnistía Internacional ha pedido a Estados Unidos que clarifique su cadena de mando y sus reglas de intervención relativas al uso de drones, y que garantice la debida rendición de cuentas por las víctimas civiles causadas.
Muchos residentes de la zona desplazados expresaron a Amnistía Internacional su sufrimiento bajo el régimen talibán y su sensación de abandono por parte del gobierno de Pakistán. Así lo explicaba un maestro que había huido de Swat con su familia en marzo de 2009:
El gobierno nos ha entregado a los talibanes. ¿Para qué sirve tener este gran ejército si ni siquiera puede protegernos de un grupo de bestias fanáticos? Se hicieron con el control de mi escuela y comenzaron a enseñar a los niños cómo luchar en Afganistán. Expulsaron a las niñas de la escuela, obligaron a los hombres a dejarse crecer la barba, amenazaron a todo el que no les agradaba. Nuestro gobierno y nuestro ejército nunca han intentado protegernos de todo esto.
Las FATA siguen gobernadas en virtud de una legislación que data de la era colonial, el Reglamento sobre Delitos Fronterizos de 1901, que niega protecciones y derechos constitucionales básicos a los residentes de estas zonas, como el derecho de representación política, el derecho a un recurso judicial y el derecho a no sufrir castigos colectivos.
“Durante años, las FATA han sido tratadas como escenarios de rivalidades geopolíticas, y actualmente ocupan el centro de la atención debido al conflicto en el vecino Afganistán y a la búsqueda de miembros de Al Qaeda, y no a los derechos de las personas que viven allí –apuntó Cordone–. El gobierno paquistaní no debería limitarse a responder con la fuerza militar; tiene que garantizar y proteger los derechos básicos de su ciudadanía.”
El Reglamento sobre Delitos Fronterizos otorga al agente político, nombrado por el gobierno, la máxima autoridad judicial y ejecutiva de la zona tribal, incluida la facultad de imponer castigos colectivos, como la detención formal, estableciendo que todos los miembros de la tribu podrían tener que responder por las infracciones presuntamente cometidas por alguno de ellos.
La Constitución paquistaní de 1973 excluye expresamente las FATA del sistema jurídico, judicial y parlamentario de Pakistán y prohíbe que sus residentes tengan representación plena en el Parlamento y eleven recursos a un tribunal superior fuera del territorio.
Aunque el gobierno ha prometido recientemente reformar el Reglamento sobre Delitos Fronterizos, aún no lo ha hecho.
El gobierno de Pakistán debe cumplir sus promesas sacando a la región de este agujero negro en que se encuentran los derechos humanos y extendiendo la protección de la ley y la Constitución de Pakistán a los residentes de las FATA –afirmó Claudio Cordone–. No hay una solución fácil después de varios decenios de desgobierno y del conflicto de los últimos años, pero el camino a la recuperación empieza por el reconocimiento de los derechos de los residentes de las FATA.”
Amnistía Internacional pide tanto al gobierno paquistaní como a los talibanes que cumplan con el derecho internacional humanitario y adopten todas las medidas necesarias para evitar muertes de civiles y proteger los edificios civiles, como hospitales y escuelas, y que permitan el acceso sin trabas de las ONG para que puedan ofrecer refugio, alimentos y suministros médicos a las personas heridas y desplazadas.