Ante la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender temporalmente el acceso de todas las asociaciones religiosas y ONGs a las estaciones migratorias y estaciones provisionales del país, que fue desconocida horas después por la Secretaria de Gobernación, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
“Es muy grave la incertidumbre generada por las comunicaciones contradictorias emanadas del gobierno respecto de la prohibición de acceso a las estaciones migratorias para las organizaciones de la sociedad civil. No se puede jugar así con la vida y los derechos de miles de personas con necesidad protección que se encuentran detenidas en estos lugares.”
“La decisión arbitraria del INM obstaculiza la labor fundamental de asistencia legal y verificación de la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y aumenta la vulnerabilidad de estas personas, dejando en evidencia la intención del gobierno de México de evadir el escrutinio respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos.”
“El gobierno mexicano debe brindar sin demora información clara sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y reconocer públicamente el trabajo de las organizaciones que defienden sus derechos, otorgándoles acceso inmediato a todas estaciones migratorias.”
El pasado viernes, frente a las reiteradas dificultades de ingreso a las estaciones migratorias de la frontera sur y de la Ciudad de México reportadas por algunas organizaciones, Amnistía Internacional publicó una carta abierta solicitando al Comisionado del INM que garantice todas las organizaciones de sociedad civil el acceso a todos los centros de detención de personas migrantes, en cumplimiento de las recomendaciones realizadas por varios mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el lunes el INM decidió suspender formalmente el ingreso de todas las organizaciones a los centros de detención migratoria del país. Horas después de publicada esta información, el INM advirtió que se “reprogramarían” nuevas fechas de ingreso; y poco después la Secretaria de Gobernación se desmarco del oficio emitido, generando una mayor preocupación sobre la falta de coordinación y la situación de las personas migrantes. Esta decisión unilateral del INM sin claridad sobre su implementación surge en el contexto de las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para frenar el ingreso al territorio mexicano de la reciente caravana migrante, proveniente en su mayoría de Honduras. Las autoridades mexicanas han reportado haber deportado a más de 2,000 personas a este país en apenas nueve días.
Amnistía Internacional ha documentado durante años las violaciones de derechos humanos de personas con necesidad de protección por parte de las autoridades mexicanas, incluyendo violaciones a su derecho de solicitar asilo debido a devoluciones forzadas a sus países de origen, así como detenciones prolongadas y detenciones de niños y niñas en violación de las leyes mexicanas.
Por su parte, las organizaciones de derechos de las personas migrantes en México han denunciado reiteradamente en las últimas décadas los malos tratos, hacinamiento y condiciones de detención inhumanas en las estaciones migratorias que impactan en la integridad física y emocional de las personas, así como el hostigamiento a personas solicitantes de asilo para desistir de su proceso y resignarse a aceptar la deportación, sin que esta situación haya cambiado.
