Los refugiados son invisibles y el derecho a solicitar asilo está en peligro de extinción

Madrid/Londres.- Las políticas migratorias adoptadas por España y los otros Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como la promovida en terceros países como Marruecos, impiden a las personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos llegar a España, pedir asilo y obtener protección. Además, en los procesos de expulsión, no se garantiza el principio de "non-refoulement" o no devolución de personas a países en los que hay serios indicios de que serán vulnerados sus derechos humanos. Estas políticas estatales contravienen las obligaciones internacionales de protección de los refugiados e inmigrantes. "Tanto las autoridades españolas, como los medios de comunicación invisibilizan a los refugiados. Mientras se hace referencia al flujo de "ilegales", se oculta la realidad de quienes huyen de persecución y graves abusos en sus países de origen. En la Frontera Sur española se rechazan solicitudes de asilo de personas procedentes de países como República Democrática del Congo o Sudán, donde se producen abusos y violaciones de los derechos humanos", ha asegurado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España durante el lanzamiento internacional en Madrid del Informe Frontera Sur: El Estado da la espalda a los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes que la organización de derechos humanos ha presentado en el día internacional del refugiado. Este informe pone de manifiesto los obstáculos que encuentran muchas personas que huyen de persecución y graves abusos en sus países de origen, así como la situación en la que se encuentran los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes que llegan a territorio español a través de la Frontera Sur (Ceuta, Canarias, la costa andaluza y también Melilla), que es una de las fronteras de mayor afluencia de Europa Derechos en peligro Amnistía Internacional reconoce el derecho del Estado español a controlar la inmigración y regular la entrada de extranjeros en su territorio. Sin embargo, este hecho ha provocado que el derecho a solicitar asilo esté en peligro de extinción, ya que España presenta una de las tasas per cápita más bajas de toda la Unión Europea en el número de solicitudes de asilo (1 por cada 10.000 residentes). Unas cifras que disminuyen año tras año. En el 2001, el número de solicitudes se situó en 9.490 y se redujo a 5.544 en el 2004. España tiene también el índice más bajo de toda la UE en cuanto a concesiones de asilo. En el 2004, sólo se concedieron 166, lo que equivale a un 2,9 por ciento. Amnistía Internacional asegura que el estado español tampoco garantiza apropiadamente los derechos de los extranjeros. La organización denuncia que existen graves deficiencias en la atención que reciben tanto en el rescate en alta mar como en las condiciones de acogida a su llegada. Las medidas de control migratorio o de intercepción de pateras deben ser plenamente compatibles con la legislación internacional de derechos humanos y contener las salvaguardas necesarias para proteger la vida de las personas en especial si naufragan. Las personas rescatadas deben ser además tratadas con el debido respeto y dignidad. También es preocupante la ausencia de suficientes garantías en relación con el derecho de los extranjeros a una adecuada información, asistencia letrada e intérprete, así como el acceso a un procedimiento de asilo justo y satisfactorio que pueda identificar a las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. "Nos preocupan las escasas garantías existentes en los procesos de identificación de la nacionalidad y, sobre todo, en los procesos de expulsión donde no siempre se garantiza de forma adecuada que no se vulnera el principio de "no devolución" de una persona a un país donde pueda sufrir violaciones de derechos humanos", afirma Beltrán. Incumplimiento de normas internacionales El Estado español no siempre asegura adecuadamente que las personas devueltas no van a sufrir represalias en sus países de origen, o terceros países, lo que supone un incumplimiento de sus obligaciones con la legislación internacional de derechos humanos, incluida la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las que España es parte. Las firmas de acuerdos que la UE y sus Estados miembros están realizando con terceros países de tránsito dentro de las políticas de control migratorio no contemplan que estos países garanticen los derechos de los refugiados a solicitar asilo y tener un procedimiento justo y eficaz, o que no sean devueltos a países en los que pueden ser víctimas de graves violaciones y abusos de derechos humanos. España tiene firmados acuerdos de este tipo con países como Marruecos, Nigeria, Mauritania, Ginea Bissau y Argelia entre otros. Menores expulsados Amnistía Internacional ha documentado también expulsiones ilegales de menores extranjeros, vulnerando la propia legislación española. La organización pide al gobierno español que adopte todas las medidas oportunas para que no se produzcan nuevas expulsiones de menores y se garantice de forma adecuada que, si se les devuelve, sean reintegrados en su entorno familiar o en centros de acogida que ofrezcan a los menores unas condiciones de vida adecuadas, así como un trato digno sin que sus derechos humanos puedan ser vulnerados. En ese sentido, a la organización le preocupa que siga en vigor el Memorandum entre Marruecos y España sobre repatriación de menores de 23 de diciembre del 2003 e insta al gobierno español a que garantice que dicho acuerdo se ajusta plenamente a las obligaciones suscritas por ambos países de proteger y amparar a los menores. "Deben adoptarse medidas urgentes para que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales en la protección de los refugiados y el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a sus territorios y así, "salvar el asilo" en España y Europa", ha concluido Esteban Beltrán.