Londres.- Las autoridades yemeníes deben poner fin de inmediato a los homicidios de manifestantes pacíficos por parte de las fuerzas de seguridad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional a raíz de los informes según los cuales decenas de personas han muerto por disparos en la capital, Saná, desde el domingo.
Al parecer, varios cientos más han resultado heridas después de que las fuerzas de seguridad utilizaran francotiradores y granadas propulsadas por cohetes contra manifestantes que participaban en una marcha para exigir la dimisión del presidente, Alí Abdulá Salé.
El domingo resultaron muertas unas 26 personas. Hoy, la violencia incesante ha traído nuevas muertes.
La situación también está empeorando en la ciudad meridional de Taizz, donde las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes que marchaban en solidaridad con las víctimas de Saná.
“Yemen está en el filo de la navaja. Quienes venían protestando pacíficamente por un cambio sienten cada vez más frustración por el estancamiento político” afirmó Philip Luther, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Mientras, los estallidos de violencia apuntan a un peligro creciente de guerra civil. Las autoridades yemeníes deben poner fin al uso excesivo de la fuerza antes de que la violencia crezca fuera de control.”
Desde febrero de 2011, unas 200 personas han perdido la vida y más de un millar han resultado heridas en las protestas desatadas en todo Yemen como consecuencia del reiterado uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, que entre otras cosas han disparado munición real contra manifestantes pacíficamente reunidos.
Las autoridades yemeníes han puesto en marcha investigaciones sobre algunas de las muertes. Han ofrecido indemnización a las víctimas del episodio de violencia más grave, un ataque contra un campamento de protesta en Saná perpetrado el 18 de marzo que, según informes, se saldó con más de 50 muertos.
Cada vez hay más residentes afectados por los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y opositores armados en las ciudades de Saná y Taizz, entre otras.
En la ciudad meridional de Zinjibar, según los informes recibidos, decenas de familias han huido de sus hogares tras los combates desatados allí en junio entre el ejército yemení y opositores armados acusados por el gobierno de ser elementos de Al Qaeda. La situación ha dado lugar a expresiones de preocupación por el agravamiento de la situación humanitaria en el país.
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que hoy somete a debate la situación de Yemen, que inste a las autoridades yemeníes a ordenar a las fuerzas de seguridad que suspendan de inmediato el uso de munición real contra manifestantes pacíficos.
La organización ha solicitado el establecimiento de una comisión de investigación independiente, imparcial y exhaustiva con ayuda internacional para investigar las muertes y lesiones causadas a manifestantes y otras personas.
Ha pedido asimismo la suspensión inmediata del suministro de armas y municiones que puedan emplearse para hacer uso excesivo de la fuerza en las tareas de control de las protestas.
“La comunidad internacional no puede seguir poniendo sus motivos de seguridad y sus temores relacionados con Al Qaeda por delante de las consideraciones relativas a los derechos humanos” afirmó Philip Luther.
“Hay que decir con claridad a las autoridades yemeníes que no es aceptable actuar contra manifestantes que están ejerciendo sus derechos. Los abusos que están cometiendo las fuerzas yemeníes son absolutamente inadmisibles y deben terminar. Y los responsables de abusos contra los derechos humanos deben ser obligados a responder de sus actos.”
