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La transferencia de reclusos de la prisión de Bagram suscita preocupación por tortura

Imagen de una celda de Bagram. Copy: Embajada de Estados Unidos en Kabul

La transferencia de cientos de reclusos del centro de detención de Bagram de la custodia estadounidense a la afgana suscita profunda preocupación por el riesgo de tortura; así lo ha manifestado Amnistía Internacional y ha añadido que no se deben llevar a cabo las transferencias antes de abordar eficazmente estos motivos de preocupación.  

El presidente de Afganistán, Hamid Karzai, anunció el 6 de marzo que un último grupo de detenidos en el centro de detención de Bagram, al norte de Kabul, sería transferido de la custodia estadounidense a la afgana el 9 de marzo. El gobierno de Estados Unidos tiene la obligación jurídica de abstenerse de transferir personas a lugares donde correrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos.

Cargos militares de la administración de Karzai han afirmado que el traspaso de entre 400 y 500 afganos completará el proceso de transferencia de detenidos de Bagram iniciado hace exactamente un año (el 9 de marzo de 2012) en virtud de un memorando de entendimiento entre Estados Unidos y el gobierno de Afganistán.

La transferencia del 9 de marzo podría estar sujeta a los términos del memorando de entendimiento del año pasado, en cuyo caso Estados Unidos seguiría teniendo, como mínimo, cierta influencia o control sobre las perspectivas de liberación de los afganos transferidos. La cuestión de si Estados Unidos ejercerá el mismo control sobre el tratamiento que reciben estos detenidos no se aborda en el memorando de entendimiento ni está clara en la coyuntura actual.

De acuerdo con el memorando, Estados Unidos también “tiene intención” de transferir a la custodia de Afganistán a los afganos que siga capturando. Además, el ejército estadounidense mantendrá el control exclusivo e indefinido sobre unos 50 ciudadanos no afganos actualmente recluidos en Bagram, algunos de los cuales llevan más de un decenio bajo custodia estadounidense privados de libertad sin cargos ni juicio. Por otra parte, las autoridades estadounidenses han litigado con éxito para mantener detenidas a estas personas sin que un tribunal federal estadounidense vea sus peticiones de habeas corpus.

Amnistía Internacional y la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), entre otros, ya han denunciado con anterioridad el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, con impunidad, por parte de la Dirección Nacional de Seguridad de Afganistán y otras autoridades afganas en los centros de detención. Sólo en enero, la UNAMA expresaba en un informe su profunda preocupación por la tortura en el sistema penitenciario afgano y señalaba que corrían especial peligro los sospechosos de tener vínculos con grupos insurgentes como los talibanes. El gobierno afgano llevó a cabo su propia misión de investigación, que confirmó el uso de la tortura y otros malos tratos en los centros de detención. Amnistía Internacional considera que ahora es fundamental que las autoridades afganas actúen a partir de estas conclusiones y lleven a todos los responsables ante la justicia, con independencia de su rango o cargo oficial.

El gobierno afgano debe reformar el sistema de detención para evitar la comisión de tortura y otros malos tratos. Las reformas deben incluir la adopción de salvaguardias mínimas de derechos humanos y del debido proceso para todas las personas detenidas. Todas las denuncias de tortura y otros malos tratos deben ser objeto de una investigación inmediata, exhaustiva e independiente y los responsables deben ser procesados ante un tribunal con todas las garantías, con independencia de su rango o cargo oficial. Asimismo, el gobierno debe proporcionar una reparación a las víctimas y adoptar todas las medidas de carácter jurídico, administrativo y práctico necesarias para erradicar la tortura y otros malos tratos.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos debe investigar todos los informes de tortura y otros malos tratos infligidos por su personal, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas.

Las víctimas de abusos contra los derechos humanos perpetrados por los grupos armados tienen idéntico derecho a obtener justicia, verdad y reparación. Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de Estados Unidos y Afganistán que hagan posible que estas víctimas tengan la oportunidad de ver que las personas detenidas en Bagram por presuntos delitos de derecho internacional son procesadas, con las debidas garantías y sin posibilidad de aplicar la pena de muerte.

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