La suspensión condicional de las ejecuciones de condenados a muerte anunciada por el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, deja en grave peligro de ejecución al menos a 38 personas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
La noche del viernes, 14 de septiembre, el presidente Jammeh anunció la suspensión de las ejecuciones cuando estaba a punto de cumplirse el plazo que había fijado para ejecutar todas las condenas de muerte. Según declaró la oficina del presidente, “lo que suceda después dependerá de que se observe un descenso en los índices de delincuencia violenta, en cuyo caso la suspensión será indefinida, o un incremento de esos índices, en cuyo caso se levantaría la suspensión de manera automática”.
“El anuncio de una suspensión condicional por parte del presidente simplemente no es suficiente. Es necesario que la suspensión sea permanente, con miras a la abolición de la pena de muerte, para aliviar en parte la angustia de los condenados a muerte y de sus familias” ha afirmado Lisa Sherman-Nikolaus, investigadora sobre Gambia de Amnistía Internacional.
Los familiares no han podido acceder a la prisión ni comunicarse con los reclusos.
“La investigación demuestra que la pena capital no tiene mayor efecto disuasorio que otros castigos frente al delito. Además, sabemos que el sistema de justicia penal gambiano adolece de graves defectos. No es capaz de garantizar juicios con las debidas garantías ni la protección de los derechos humanos de todas las personas” ha afirmado Sherman-Nikolaus.
“Hacer que la vida de los condenados a muerte dependa de la evolución de unos acontecimientos sobre los que ellos no tienen ningún control es una medida arbitraria y constituye una violación de su derecho a la vida.”
Según la declaración del gobierno, el presidente respetaría la Constitución y el derecho interno, pero a Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que hasta ahora el gobierno no haya respetado sus propias leyes.
“Ha llegado el momento de que la Asamblea Nacional de Gambia revise el uso de la pena de muerte en el país. La Constitución gambiana exige llevar a cabo esa revisión, y de hecho hace años que debería haberse hecho” ha asegurado Sherman-Nikolaus.
De acuerdo con la declaración en la que el Ministerio del Interior confirmó la ejecución de nueve personas hace tres semanas, en agosto, al menos dos de esas personas –Malang Sonko y Buba Yarboe– fueron ejecutadas sin un recurso de apelación; esto supone una violación de las normas internacionales y de la Constitución de Gambia, según la cual todos los condenados a muerte tienen derecho al examen de su recurso en todas las instancias hasta el Tribunal Supremo.
A Amnistía Internacional le preocupan asimismo la falta de independencia del poder judicial gambiano frente a presiones políticas y el uso extendido de las “confesiones” obtenidas mediante coacción. Tampoco se respetan otras garantías internacionales sobre el uso de la pena de muerte.
“Tratamos continuamente de corroborar la información relativa a las personas que fueron ejecutadas y a las que siguen condenadas a muerte, pero el miedo reina en el país y resulta sumamente difícil conseguir la cooperación de abogados y otros profesionales del derecho” ha afirmado Sherman-Nikolaus.
Debido a un sistema de justicia penal ambiguo, inaccesible y con graves defectos, en Gambia ni siquiera los abogados y los familiares de los condenados a muerte están seguros del estado de las actuaciones judiciales en los casos individuales.
“Amnistía Internacional ha solicitado la revisión transparente de todos los casos de pena de muerte sin posibilidad de volver a imponerla” ha afirmado Sherman-Nikolaus.
Los cadáveres de la mujer y los ocho hombres ejecutados el mes pasado aún no han sido entregados a sus familias para recibir sepultura, ni se ha informado a éstas de su localización.
“Han pasado tres semanas desde las ejecuciones, y el gobierno agrava el sufrimiento de las familias al no permitirles pasar página. Es cruel e inhumano” añade Sherman-Nikolaus.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las declaraciones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, entre otros, y pide a las instituciones internacionales y regionales que garanticen que el gobierno de Gambia no lleva a cabo más ejecuciones. Las recientes ejecuciones van contra la tendencia regional y mundial hacia la abolición de la pena de muerte.
Información complementaria
Según el gobierno gambiano, hasta el mes pasado no se habían llevado a cabo ejecuciones en el país desde 1985. La última ejecución tuvo lugar en 1981 según la información de Amnistía Internacional, que antes de las ejecuciones de agosto consideraba a Gambia abolicionista en la práctica.
En un discurso pronunciado el mes pasado, el presidente Jammeh anunció que todas las condenas de muerte serían “ejecutadas al pie de la letra antes de mediados de septiembre”.
La noche del jueves, 23 de agosto, ocho hombres y una mujer fueron sacados de sus celdas de la prisión de Mile 2, próxima a la capital, Banjul, y al poco tiempo ejecutados por un pelotón de fusilamiento.
Las ejecuciones se efectuaron sin notificar con antelación a los condenados, sus familiares o sus abogados. El gobierno no confirmó las ejecuciones hasta el 27 de agosto, en una declaración emitida por el Ministerio del Interior, tras recibir importantes presiones internacionales.
