Londres.- Amnistía Internacional insta al Parlamento del Reino Unido a rechazar una propuesta del Gobierno que dificultaría la emisión de órdenes de detención contra presuntos criminales de guerra y torturadores que se encuentren de visita en el país, y advierte que induciría a considerar al Reino Unido como un lugar seguro para delincuentes internacionales.
El Ministerio de Justicia del Reino Unido ha propuesto hoy que se conceda al director de la Fiscalía poder de veto sobre las órdenes de detención que soliciten personas a título particular contra presuntos delincuentes internacionales que visiten el Reino Unido, afirmando que el sistema es susceptible de abusos por parte de personas que intenten plantear cuestiones políticas a partir de pruebas carentes de solidez.
“Esta propuesta es innecesaria y transmite señales equivocadas. El Gobierno del Reino Unido intenta que sea más difícil que las personas sospechosas de crímenes de guerra sean detenidas en territorio británico”, ha afirmado Christopher Keith Hall, asesor jurídico principal de Amnistía Internacional.
“El procedimiento actual permite que las víctimas de delitos de derecho internacional actúen con rapidez contra las personas sospechosas de estos delitos, que en caso contrario podrían entrar en el Reino Unido y salir del país antes de que la policía y el ministerio público pudieran actuar. Debe mantenerse sin cambios”, ha afirmado Christopher Keith Hall.
En virtud de la legislación vigente en el Reino Unido, las víctimas de crímenes de guerra, tortura y toma de rehenes pueden iniciar actuaciones judiciales a título particular contra los presuntos responsables en cualquier país, sin tener en cuenta su nacionalidad ni el lugar donde se cometió el delito, en virtud de la norma internacional de jurisdicción universal.
Amnistía Internacional rechaza la afirmación de que el sistema vigente ha sido objeto de abusos.
“Los jueces examinan detenidamente cada petición de esta clase de órdenes, deniegan algunas y emiten otras que cumplen estrictas normas de prueba. No ha habido ningún ejemplo –y el Gobierno del Reino Unido tampoco ha citado ninguno– de que los jueces hayan emitido órdenes de detención basadas en ‘pruebas carentes de solidez’”, ha afirmado Christopher Keith Hall.
Las víctimas deben superar ya un umbral elevado de prueba para obtener una orden de detención.
Amnistía Internacional ha advertido que el Gobierno del Reino Unido se ha negado ya en el pasado a enjuiciar a personas sospechosas de tortura, como el ex presidente chileno Augusto Pinochet.
