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La preocupación sobre la pena de muerte debe figurar en la agenda de Felipe VI para Japón

©GTRESONLINE

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido por carta a su Majestad el Rey Felipe VI para pedirle que durante su próxima visita a Japón -prevista del 4 al 7 de abril- muestre su preocupación por la situación de la pena de muerte en este país, donde se poducen ejecuciones secretas y ejecuciones de personas con enfermedad mental.

Japón se encuentra entre la minoría de países que todavía realizan ejecuciones en el mundo y, junto a Estados Unidos, es el único país del G8 que aplica la pena capital. El ministro de Justicia Katsutoshi Kaneda ha afirmado reiteradamente que está a favor de la pena de muerte y que considera inadecuado suprimirla dado el apoyo que tiene entre la población. El método de ejecución en Japón es el ahorcamiento.

“Japón tiene la oportunidad de poner fin al secretismo que rodea al uso de la pena de muerte,  declarando de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones como primera medida para la abolición total de la pena capital. Si las autoridades no toman medidas como esta y dan muestras de liderazgo, el país continuará anclado en el pasado”, asegura Carlos Escaño, portavoz de Amnistía Internacional para la campaña contra la pena de muerte.

En 2016 tres personas, dos hombres y una mujer, fueron ejecutadas en Japón, y se impusieron tres nuevas condenas a muerte.
Al concluir el año 2016 había 141 personas en esta situación. En 129 de estos casos, la condena era firme.

Además, el 7 de septiembre del pasado año, el Tribunal Superior de Tokio, confirmó la declaración de culpabilidad y la condena del último acusado en relación con el mortífero ataque con gas sarín cometido en Tokio en 1995. De este modo, 13 miembros de la secta Aum Shinrikyo están en riesgo inminente de ejecución. Fueron declarados culpables y condenados a muerte en juicios separados entre 2006 y 2011 por su participación en la organización y ejecución de este ataque.

La única noticia positiva tiene que ver con que por primera vez, el 7 de octubre, la Federación de Colegios de Abogados de Japón emitió una declaración en la que manifestaba su oposición a la pena de muerte y pedía a las autoridades la abolición de esta pena antes de 2020.

Ejecuciones secretas
Las ejecuciones están envueltas en secreto en Japón, donde es habitual avisar a los condenados solo unas horas antes o no advertírselo siquiera en algunos casos. Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido.

Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Su existencia, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón, ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU. Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital.

Ejecución de personas con enfermedad mental
El derecho y las normas internacionales estipulan claramente que la pena de muerte no debe aplicarse a personas con discapacidades mentales o intelectuales. Sin embargo, Japón no tiene salvaguardias efectivas para impedir que esto ocurra.

Las condiciones penitenciarias contribuyen a agravar estas situaciones porque en Japón los presos condenados a muerte permanecen apartados del mundo exterior, esto significa que normalmente están recluidos en régimen de aislamiento y tienen un contacto escaso con la familia.  

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito
, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

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