La justicia debe seguir su debido curso en el juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad que se sigue en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, dijo hoy Amnistía Internacional. “Este juicio histórico es una oportunidad única para el fortalecimiento del estado derecho y la justicia en el país”, aseguró Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional para Guatemala. El 16 de abril fue publicado un campo pagado, firmado por dos ex vicepresidentes de la República, entre otros. El campo pagado, haciendo referencia a los Acuerdos de Paz, aseguraba que el juicio implica ‘serios peligros para el país’ y que la acusación por genocidio es una ‘fabricación jurídica contraria a los deseos de las víctimas’. La organización se muestra preocupada por la aparición de llamamientos públicos que buscan conectar el actual juicio con los acuerdos de paz y otros argumentos de carácter político. “Estas afirmaciones pierden de vista conceptos básicos de justicia y derechos humanos” dijo hoy Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional”.
“La persecución penal de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no es contraria a la justicia, la reconciliación nacional o la paz, sino que busca asegurar justicia para las víctimas de tales crímenes.” Amnistía Internacional recuerda que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, por su misma naturaleza, no son susceptibles de amnistía, tal y como lo prohíbe el derecho internacional, y reconocen los Acuerdos de Paz por medio de la Ley de Reconciliación Nacional. “Lo importante es dejar que el juicio se desarrolle, y que los elementos considerados sean legales y no políticos: el debido proceso, los medios de prueba, la imparcialidad” dijo Elgueta.
En este juicio es la primera vez que un ex jefe de Estado en Guatemala es llevado ante la justicia por crímenes de derecho internacional. “Este proceso reafirma el principio de que nadie está por encima de la ley. Esa es una de las razones de su importancia capital. La otra es que es representa, como Amnistía Internacional dijo cuando comenzó, una esperanza de justicia largamente esperada para las víctimas de los miles de decenas de crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas de Guatemala”. En 1999, una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU aseguró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Más del 80% de ellas cuales eran de origen maya. La Comisión de la Verdad estimó que había tenido lugar un genocidio. El 3 de abril uno de los testigos del juicio relató como soldados mataron a su hija, abriéndole el pecho y sacándole el corazón. El 8 de abril otra testigo relató como a los 12 años fue llevada a un destacamento militar, le pusieron un trapo en la boca, y la violaron, sin saber cuantos soldados la violaron ya que perdió la conciencia. Son sólo dos ejemplos de los cientos de testimonios que se han sucedido ante el tribunal desde que el juicio comenzara el 19 de marzo. “Argumentar que el juicio nunca debió darse por razones políticas equivale a decir que nunca habría rendición de cuentas para alegaciones de esta naturaleza”, dijo Sebastián Elgueta.
Información complementaria
El ex jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, están siendo juzgados como autores intelectuales de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del triángulo Ixil, en el sur del departamento del Quiché.
