La reprobable ejecución de dos personas llevada a cabo hoy por las autoridades japonesas continúa situando al país en el lado equivocado de la historia, ha dicho Amnistía Internacional.
Yasutoshi Kamata, hombre de 75 años, ha sido ahorcado en el centro de detención de Osaka esta mañana. También Junko Yoshida, de 56 años, ha sido ahorcada hoy viernes, de madrugada, en el centro de detención de Fukuoka, en el sur de Japón. Yoshida es la primera mujer ejecutada en Japón desde 2012.
“Estas vergonzosas ejecuciones demuestran el fracaso del liderazgo del primer ministro, Shinzo Abe”Hiroka Shoji, investigadora de AI sobre Asia Oriental
“Hace tiempo que Japón debería haber abolido esta forma extrema de pena cruel e inhumana", ha señalado Hiroka Shoji, investigadora de AI sobre Asia Oriental.
Estas ejecuciones son las primeras que se llevan a cabo en Japón en 2016 y elevan a 16 el número total de ejecuciones practicadas durante el actual periodo de gobierno del primer ministro, Shinzo Abe.
Junko Yoshida fue condenada a muerte en 2010 por el asesinato de dos personas en 1998 y 1999, respectivamente. La condena a muerte de Yasutoshi Kamata se confirmó en 2005, después de que se le declarara culpable de los asesinatos de cinco personas entre 1985 y 1994.
Una minoría decreciente
Japón forma parte de la minoría decreciente de países del mundo que continúan ejecutando a personas. A día de hoy, 102 países —más de la mitad de los países del mundo— han abolido totalmente la pena de muerte y 140 lo han hecho en la legislación o en la práctica.
El gobierno japonés sostiene que la continuación en el uso de las ejecuciones está respaldada por la opinión pública y actúa como factor disuasorio sobre la comisión de delitos graves.
“La disposición de las autoridades japonesas a continuar ejecutando significa que el país va a la zaga de la mayoría de los países mundo, dado que cada vez son más los que abandonan el uso de esta pena cruel”, ha afirmado Hiroka Shoji.
“No hay pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto más disuasorio que la cárcel sobre la delincuencia violenta".
Amnistía Internacional ha pedido a Japón que declare de inmediato una suspensión de las ejecuciones como primera medida para la abolición de la pena de muerte.
Información complementaria
Las ejecuciones en Japón están envueltas en un manto de secretismo, y lo habitual es que a los presos y presas les comuniquen que van a ser ejecutados sólo unas horas antes, aunque en algunos casos no reciben aviso alguno. Por lo general, a sus familiares, sus abogados y la opinión pública no se les notifica la ejecución hasta que se ha producido.
Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Esto y la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón ha sido ampliamente criticado por expertos de la ONU.
Entre otras cosas, a los acusados se les niega la asistencia letrada adecuada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
