“Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben revocar inmediatamente su decisión de disolver una destacada organización de la sociedad civil y permitir que las personas que defienden los derechos humanos y activistas trabajen sin temor a sufrir represalias”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
El ministro del Interior y Empresas Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revocaba la autorización concedida al Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), una de las pocas ONG independientes que denuncian violaciones de derechos humanos en el país, a la que las autoridades acusan de realizar actividades políticas.
“Obligar a la ONG a cerrar es una violación flagrante del derecho a la libertad de asociación y muestra la ausencia de compromiso del gobierno de Guinea Ecuatorial de acabar con su largo historial de hostigamiento e intimidación a las personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil”, afirmó Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.
“Las autoridades guineanas deben revocar inmediatamente la disolución del CEID y permitir que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su trabajo sin temor a sufrir represalias”Marta Colomer, Amnistía Internacional
“Al disolver esta ONG y poner fin a sus actividades, las autoridades han demostrado que no se toman en serio acabar con la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y de la sociedad civil independiente. Las autoridades deben revocar inmediatamente su decisión de disolver el CEID y permitir que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su trabajo sin temor a sufrir represalias”.
En el decreto, el ministro acusa al CEID de haber llevado a cabo “actividades políticas” en los últimos años. Las autoridades afirman que el hecho de que el CEID haya participado en actividades políticas es contrario a las leyes que autorizan a las organizaciones apolíticas. Amnistía Internacional considera que la disolución es una clara violación del derecho a la libertad de asociación garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en los que Guinea Ecuatorial es Parte.
La medida se produce, además, en el contexto de una legislación promulgada hace 20 años que regula las actividades de las organizaciones no gubernamentales y pone varios obstáculos al proceso de inscripción, a su independencia, a su funcionamiento y a su desarrollo.
Por otra parte, las personas que defienden los derechos humanos en Guinea Ecuatorial sufren cada vez más ataques en una escala alarmante. En los últimos tres años, varios destacados defensores y defensoras de estos derechos han sido acosados y objeto de malos tratos y detención arbitraria.
Entre los ejemplos figura el caso de Alfredo Okenve, que es también el vicepresidente del CEID, que fue detenido en marzo tras habérsele prohibido recibir en la capital, Malabo, el Premio Franco-alemán de Derechos Humanos por su labor. Amnistía Internacional ha documentado otro caso en octubre de 2018, cuando unos hombres armados no identificados le dieron una paliza con las culatas de sus armas y con palos.
Las violaciones de los derechos de quienes defienden los derechos humanos se cometen mediante la represión y la imposición de medidas enérgicas a activistas políticos y al espacio de la sociedad civil. Algunas personas que simpatizan con la oposición sufren incluso tortura cuando son detenidas. Joaquín Elo Ayeto, miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social y de la Plataforma Somos+, fue sometido a tortura al menos en dos ocasiones mientras estaba en la comisaría central de policía tras ser detenido este año, lo que le causó lesiones físicas. La policía incluso lo amenazó de muerte. Joaquín Elo Ayeto sigue en detención preventiva en la Prisión de Black Beach.
Ahora que el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo celebra sus 40 años en el poder, Amnistía Internacional le pide que garantice que su gobierno avanza rápidamente para respetar, proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas en el país, incluidos los de quienes defienden estos derechos y los de las personas activistas de la sociedad civil.
“Un primer paso sería garantizar que su gobierno permite la inscripción en registro de organizaciones no gubernamentales y posibilita que funcionen de forma plena e independiente”, concluyó Marta Colomer.
“El gobierno debe asimismo adoptar medidas concretas y efectivas para prevenir y castigar los casos de acoso e intimidación de personas que defienden los derechos humanos y activistas de la sociedad civil”.
