Fujimori ante la justicia. Derecho de las víctimas

En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional detalla algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo homicidios calificados y desapariciones forzadas, por los que el Estado peruano está acusando al ex mandatario Alberto Fujimori, actualmente detenido en Chile. El informe, publicado en el contexto de una nueva campaña de Amnistía Internacional para evitar que los delitos cometidos durante el mandato de Fujimori queden impunes, incluye detalles de la masacre de 15 mujeres, hombres y niños, en Barrios Altos, Lima, en 1991 y de la desaparición forzada y del asesinato de nueve estudiantes y un profesor  de la Universidad de La Cantuta en 1992. “El Estado chileno tiene la responsabilidad legal y moral de investigar las 20 acusaciones por violaciones a los derechos humanos que tiene Fujimori en su contra y facilitar el proceso para que el ex mandatario sea llevado a la justicia, así sea en Perú o en Chile”, dijo hoy Amnistía Internacional. Muchos de los casos fueron atribuidos al “Grupo Colina”, un grupo paramilitar creado  en 1992 dentro del Servicio de Inteligencia Nacional bajo el mando de Vladimiro Montesinos, asesor presidencial en materia de “inteligencia” y cercano al entonces Presidente Alberto Fujimori. Cincuenta y siete personas vinculadas al “Grupo Colina”, incluido Montesinos, están actualmente siendo juzgadas en Perú por delitos de asociación ilícita para delinquir, secuestro agravado, homicidio calificado y desaparición forzada en relación a los casos de La Cantuta, Barrios Altos, el secuestro y asesinato de nueve pobladores de El Santa, Ancash, en 1992, y la desaparición y homicidio del periodista Pedro Yauri Bustamante, en Huacho, Lima, en 1992. En septiembre de 2005, tres de los acusados de pertenecer al “Grupo Colina” reconocieron haber participado en los crímenes de los cuales se les acusaba y se declararon culpables de los cargos presentados en su contra. “Los testimonios de los ex miembros del Grupo Colina no sólo confirman la existencia del grupo paramilitar, sino su vinculación con el Servicio de Inteligencia y con Alberto Fujimori,” explicó Amnistía Internacional.   “Las violaciones de derechos humanos cometidas en el Perú durante el gobierno de Fujimori fueron sistemáticas y la impunidad fue legalizada. El carácter generalizado y sistemático de estas violaciones constituye crímenes contra la humanidad, es decir crímenes en agravio de toda la humanidad, de todos nosotros.”  “Todos los Estados, incluido Chile, tienen la obligación de investigar y, en su caso, de procesar y castigar a las personas responsables de haber cometido u ordenado cometer crímenes contra la humanidad y de colaborar en su aprehensión, detención, extradición y castigo.” Información general Alberto Fujimori fue detenido el 7 de noviembre de 2005 en Chile a petición del Estado Peruano, quien presentará en las próximas semanas un pedido de extradición.  Orlando Álvarez, ministro de la Corte Suprema de Chile, dictó una orden de detención provisional contra el ex mandatario por los delitos de asociación ilícita para delinquir, hurto de fondos públicos, falsedad ideológica, homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada en relación a la masacre de Barrios Altos y a los asesinatos y desapariciones de La Cantuta. De acuerdo al Tratado de Extradición de 1932 entre Chile y Perú, el Estado peruano debe solicitar formalmente la extradición a las autoridades chilenas en un plazo de 60 días. La decisión sobre dicho pedido de extradición dependerá de la Corte Suprema de Chile. El caso estaría a cargo del Juez Supremo Orlando Álvarez.  Desde 1980, graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas a manos de Sendero Luminoso, el mayor grupo de oposición armada y del Movimiento revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Lideres y miembros de ambos grupos se encuentran actualmente cumpliendo sentencias por las atrocidades cometidas.