Amnistía Internacional celebra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de convocar a una audiencia pública para debatir los obstáculos que enfrenta la comunidad toba qom La Primavera para reclamar sus tierras ancestrales. Con esta audiencia, el máximo tribunal de la nación subraya la relevancia de este caso y pone de manifiesto, una vez más, el irresuelto conflicto territorial de los pueblos indígenas en Argentina. En este contexto, la organización hace un llamado a las autoridades de la provincia de Formosa y de la Nación a que también reconozcan la importancia del caso y garanticen que la comunidad indígena toba qom pueda reclamar sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques ni represalias. Asimismo, Amnistía Internacional insta a las autoridades a implementar un proceso equitativo e independiente para reconocer los derechos de esta comunidad a sus tierras y territorios de acuerdo a lo que establece la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del que Argentina es Estado Parte. La comunidad toba qom La Primavera lleva años reivindicando el cumplimiento efectivo de sus derechos sobre su territorio tradicional, en el que ha vivido desde tiempos inmemoriales conforme a sus prácticas tradicionales de subsistencia. Actualmente la comunidad tiene reconocidas unas 5.000 hectáreas; sin embargo, siempre ha sostenido que su territorio ancestral es mucho mayor. A consecuencia de sus reclamos, varios miembros de la comunidad, incluido su líder, Félix Díaz, han sufrido amenazas e intimidaciones de particulares que afirman ser propietarios de parte de las tierras ancestrales reclamadas. La comunidad también ha denunciado presiones de las autoridades provinciales. Las reivindicaciones de la comunidad se hicieron más evidentes cuando las autoridades de Formosa anunciaron la construcción de un instituto universitario en terrenos reclamados como territorio ancestral por parte de la comunidad. El 23 de noviembre de 2010, la policía dispersó violentamente a unos 70 miembros de la comunidad que habían bloqueado una carretera durante cuatro meses en protesta por la obra. En la operación murieron un miembro de la comunidad y un policía. Lamentablemente, hasta la fecha no se ha procesado a nadie por estos hechos. Sin embargo, Félix Díaz y otros miembros de la comunidad enfrentan cargos en su contra por lesiones graves y leves, entre otros delitos. Desprotección de los miembros de la comunidad Con anterioridad y con posterioridad a los hechos del 23 de septiembre, Félix Díaz y miembros de su familia han estado expuestos a amenazas y ataques. En noviembre de 2011, un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron atacados por hombres armados que trabajan para la familia que disputa a la comunidad la propiedad de la tierra. En este sentido, preocupa la falta de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino para proteger a los miembros de la comunidad La Primavera contra “posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por parte de miembros de la policía, la fuerza pública u otros agentes estatales”, y la falta de implementación de las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su familia a la comunidad en condiciones de seguridad. El caso de la comunidad La Primavera también pone de manifiesto la vulneración de normativa nacional, como la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe el desalojo de la población indígena mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Amnistía Internacional reitera la necesidad de que las autoridades argentinas pongan fin a la discriminación y a las persistentes violaciones de los derechos humanos contra las comunidades indígenas, como la comunidad La Primavera, y garanticen que puedan vivir en sus tierras ancestrales sin temor a sufrir ataques o intimidaciones.
