El actual gobierno tunecino está imprimiendo un retroceso a los avances en la situación de los derechos humanos que se dieron en Túnez tras la destitución de Zin el Abidín Ben Alí, lo cual hace dudar de su compromiso con las reformas, ha advertido Amnistía Internacional coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.
En su nuevo informe, Un paso adelante y dos atrás, la organización examina las dificultades que atraviesan los derechos humanos en Túnez desde las elecciones de octubre de 2011 e identifica tendencias preocupantes, además de formular una serie de recomendaciones detalladas.
En los meses que siguieron a la destitución de Zin el Abidín Ben Alí, el gobierno provisional hizo grandes avances en el camino de la reforma, como la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos clave.
Además, las autoridades ordenaron la puesta en libertad de los presos políticos y los presos de conciencia detenidos antes del levantamiento, promulgaron nuevas leyes sobre la libertad de prensa y levantaron las restricciones para la creación de asociaciones.
Sin embargo, el nuevo gobierno no ha mantenido estas iniciativas y se han producido varios retrocesos que hacen dudar de la sinceridad del compromiso de Túnez con los derechos humanos.
“En Túnez se originaron los trascendentales sucesos que se extendieron por la región en 2011. Y aunque reconocemos que las autoridades tomaron medidas para abordar el legado de abusos y avanzar, no llegaron muy lejos, y actualmente hay preocupantes señales de que estas y otras reformas muy necesarias podrían estar en peligro”, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
En los últimos meses han aumentado las restricciones de la libertad de expresión, que han tenido como objetivo a periodistas, artistas, críticos del gobierno, escritores y blogueros con la excusa de mantener el orden y la moral públicos. Las personas que resultaron heridas durante los levantamientos y los familiares de las víctimas mortales sienten que no se ha dicho la verdad y están a la espera de que se haga justicia y reparación.
Además, las autoridades tunecinas no parecen haber podido o querido proteger a los ciudadanos de la agresiones de grupos al parecer afines a los salafistas.
El estado de excepción que se impuso el 14 de enero de 2011 se ha renovado una y otra vez, la última hasta finales de octubre de 2012. Se ha empleado fuerza excesiva e innecesaria contra los manifestantes, que han seguido saliendo a las calles en diferentes partes de Túnez para expresar su insatisfacción con la lentitud de las reformas.
Durante el año transcurrido desde las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, Amnistía Internacional ha recibido informes de tortura y otros malos tratos, en muchos casos de personas que participaban en las protestas y denuncian haber sido golpeadas cuando se manifestaban, mientras las detenían o en los centros de detención.
Otra señal preocupante es que el nuevo gobierno de Túnez rechazó recientemente la recomendación, fruto de su examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de suprimir de su legislación las disposiciones que aún discriminan a las mujeres, abolir la pena de muerte y despenalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
“Túnez está en una encrucijada. Las autoridades deben aprovechar esta oportunidad histórica y enfrentarse al doloroso legado de abusos y violaciones del pasado, consagrando en la ley y en la práctica los derechos humanos universales con el objetivo de que el Estado de derecho sea una realidad en el nuevo Túnez.
“La Constitución, que quedará finalizada en los próximos meses, es una prueba fundamental que demostrará si Túnez está firmemente anclada en los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Sobre el informe:
Este informe se basa en el seguimiento de la situación de los derechos humanos en Túnez que Amnistía Internacional viene realizando desde el levantamiento, incluida su última visita de investigación al país, entre el 17 y el 28 de septiembre de 2012. La delegación de Amnistía Internacional entrevistó a muchas familias de personas que perdieron la vida durante el levantamiento y a personas que resultaron heridas durante las protestas en Kaserine, Regueb, Tala y el centro metropolitano de la capital. Entre los entrevistados se encuentran algunas de las mismas familias y personas con las que la organización habló en enero de 2011, en pleno levantamiento. Los delegados hablaron también con abogados, representantes de ONG de derechos humanos tunecinas e internacionales, periodistas, autoridades y diplomáticos.
