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El tribunal nacional para los crímenes cometidos en Darfur carece de credibilidad

El tribunal especial –cuyas sesiones comienzan mañana– establecido por el gobierno sudanés para juzgar a presuntos criminales de guerra de Darfur está “condenado al fracaso”, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional, a menos que se introduzcan en él reformas legales serias que garanticen la independencia del poder judicial y pongan fin al actual clima de intimidación.

 

“Tememos que el establecimiento del tribunal especial pueda ser sólo una táctica del gobierno sudanés para evitar ser procesado por la Corte Penal Internacional”, ha declarado Kolawole Olaniyan, director del Programa para África de Amnistía Internacional.

 

“Por una parte, el gobierno sudanés afirma que puede castigar los mismos delitos que se le acusa de haber aprobado los dos últimos años; por la otra, sigue reprimiendo a quienes sacan a la luz o critican esas violaciones de derechos humanos.”

 

El domingo se cerró el periódico independiente Khartoum Monitor, basándose en una resolución dictada por el Tribunal Superior hace dos años y en la que se revocaba su licencia. Aquella resolución se dictó a partir de una apelación presentada por las fuerzas de seguridad sudanesas, y su aplicación se ha producido cuando las autoridades sudanesas amenazaban con emprender acciones legales contra el periódico por un editorial en el que se criticaban los homicidios, a manos de la policía, de desplazados de guerra en un campo informalmente establecido cerca de la capital.

 

De igual modo, a finales del mes pasado dos miembros del personal de la organización de ayuda médica Médicos sin Fronteras fueron acusados por las autoridades sudanesas de “publicar información falsa” y de “crímenes contra el Estado”, dos meses después de que la organización publicara un informe en el que se exponía la terrible situación de las víctimas de violación en la región de Darfur, desgarrada por la guerra.

 

“Lo que tenemos aquí es un sistema judicial dispuesto a silenciar a los periódicos y a los trabajadores de ayuda humanitaria que intentan contar la verdad sobre las violaciones de derechos humanos en Sudán. ¿Cómo podemos confiar en que este mismo sistema procese a los acusados de estas violaciones?”, ha preguntado Kolawole Olaniyan.

 

Amnistía Internacional ha manifestado que, para garantizar juicios justos, independientes e imparciales sobre los graves crímenes cometidos en Darfur, las autoridades sudanesas deben:

 

- derogar los artículos 31 y 33 Ley de las Fuerzas de Seguridad Nacional, que permiten a las fuerzas de seguridad mantener a personas en una prolongada detención en régimen de incomunicación y les otorgan inmunidad por actos de tortura;

 

- abolir los Tribunales Penales Especializados de Darfur, que admiten pruebas y testimonios obtenidos mediante tortura, limitan el derecho de apelación de los acusados y pueden dictar sentencias de muerte, amputación o flagelación;

 

- derogar el artículo 10 del Código de Pruebas, que permite a los tribunales utilizar pruebas obtenidas mediante coacción;

 

- garantizar la seguridad y la confidencialidad de las víctimas y los testigos de violaciones de derechos humanos cometidas en Darfur y en el resto de Sudán;

 

- garantizar que todo el mundo tiene igual acceso a la justicia y que las tasas legales en los casos penales no son un obstáculo para obtener remedios efectivos.

 

Información complementaria

La creación de un tribunal nacional para los crímenes cometidos en Darfur ha tenido lugar una semana después de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunciara la apertura de su investigación sobre los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en la región de Darfur en los últimos dos años. El gobierno de Sudán ha manifestado que ningún sospechoso sudanés será entregado a la Corte Penal Internacional.