El presidente Berger debe asegurar el avance de la lucha contra la impunidad

Londres.- El pasado viernes 6 de agosto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anunció su opinión sobre la inconstitucionalidad de algunos aspectos del acuerdo firmado, en enero de 2004, entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Para Amnistía Internacional (AI), la postura de la Corte de Constitucionalidad pone a prueba la voluntad del gobierno guatemalteco de acabar con la impunidad. "A pesar de la opinión de la Corte, las victimas de abusos y violencia generalizada en Guatemala necesitan soluciones efectivas que combatan la impunidad. La responsabilidad de asegurar que se encuentren las fórmulas políticas y legales necesarias para avanzar la CICIACS recae sobre el presidente Berger", afirma AI. Amnistía Internacional también espera que la comunidad internacional mantenga su compromiso de apoyar los esfuerzos de Guatemala para superar la impunidad y el deterioro del respeto a los derechos humanos. "Los grupos y activistas de derechos humanos en Guatemala deben ser reconocidos por su valor y profesionalidad al promover una propuesta tan creativa como la de esta Comisión para superar los problemas de derechos humanos y combatir las actividades ilícitas de los grupos clandestinos. El gobierno de Guatemala debe reconocer el papel importante de éstos y asegurar su participación completa en los espacios de  toma de decisiones que se establecerán para avanzar el proyecto de la CICIACS", dijo AI. Al haber propuesto la creación de la CICIACS, el Gobierno de Guatemala reconoció que los grupos clandestinos son un problema serio que ni el sistema judicial ni otras instituciones estatales han sido capaces de resolver. “Si el presidente Berger no actúa ahora con suficiente ligereza y determinación para asegurar que la CICIACS avance satisfactoriamente, correrá el riesgo de generar la percepción de que su gobierno se ha sometido a los intereses de los grupos clandestinos y el crimen organizado", señaló Amnistía Internacional. Información General En enero de 2003 el procurador de los derechos humanos de Guatemala hizo una propuesta formal al gobierno para crear la CICIACS. En marzo de 2003, el gobierno de Guatemala remitió una petición formal a las Naciones Unidas solicitando la creación de la CICIACS. La ONU aceptó la propuesta y en enero 2004, el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para constituirla. Seis meses después de que Oscar Berger asumiera la presidencia, solicitó opinión consultiva sobre la Comisión a la Corte de Constitucionalidad. El término "grupos clandestinos" se utiliza para referirse a redes criminales que incluyen al sector empresarial, empresas privadas de seguridad, delincuentes comunes y miembros de pandillas. Las investigaciones preliminares han implicado también a miembros de la policía y miembros (activos y retirados) de las fuerzas armadas. Estos grupos clandestinos están estrechamente relacionados con el crimen organizado y con lo que se conoce como los "poderes paralelos u ocultos", un grupo no oficial de individuos poderosos, tanto civiles como militares, que se han infiltrado en las estructuras del Estado. Estos poderes paralelos utilizan sus puestos y contactos para controlar actividades ilegales lucrativas, garantizarse inmunidad procesal y, mediante los grupos clandestinos, intimidar a quienes amenazan sus intereses. Se cree que muchos de los ataques, cada vez más abundantes, contra defensores de los derechos humanos, aunque disfrazado de delincuencia común, son obra de estos grupos clandestinos.