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El Consejo de Seguridad de la ONU debe rechazar las peticiones de posponer el juicio de la CPI

Aplazar el juicio en la CPI del presidente de Kenia sentaría un peligroso precedente para la justicia internacional. © Paula Bronstein / Getty Images

El Consejo de Seguridad de la ONU no debe ceder a la presión política para posponer durante un año el juicio del presidente de Kenia Uhuru Kenyatta ante la Corte Penal Internacional. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de la votación que se celebrará el viernes.

Este mismo mes, Ruanda, miembro del Consejo de Seguridad, distribuyó una propuesta de resolución en la que pedía el aplazamiento. Está previsto que esa resolución se someta a votación el viernes.

“Las víctimas de la violencia postelectoral de Kenia ya han esperado bastante a que se haga justicia”, ha manifestado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional. “Sería una pena que los miembros del Consejo de Seguridad dieran prioridad a los intereses personales de los dirigentes políticos por encima de los intereses de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.”

El posponer el juicio sentaría un peligroso precedente para la justicia internacional y abriría el camino para hacer descarrilar, por intereses políticos, juicios futuros.”

Tras el ataque lanzado contra el centro comercial Westgate en la capital de Kenia, Nairobi, entre el 21 y el 24 de septiembre, la CPI accedió a la petición del vicepresidente Ruto de que se pospusiera el juicio para que el vicepresidente pudiera hacer frente a la crisis desatada. La CPI también ha declarado que permitirá a ambos acusados ausentarse de la Corte en circunstancias excepcionales.

“Está claro que la CPI está juzgando y dirigiendo adecuadamente los juicios, conforme establece el Estatuto de Roma. No hay, por tanto, razón alguna para que el Consejo de Seguridad interfiera y politice los juicios ante la Corte”, ha manifestado Tawanda Hondora.

El juicio de Kenyatta, previsto para el 12 de noviembre de 2013, también se ha aplazado hasta el 5 de febrero de 2014.

“En estas circunstancias, una resolución del Consejo de Seguridad sería precipitada y poco acertada”, ha manifestado Tawanda Hondora.

“Los dirigentes africanos mostraron su compromiso para con la justicia internacional cuando firmaron el Tratado de Roma, en el que se establece que nadie, ni siquiera un jefe de Estado, está exento de responsabilidad penal. No deben incumplir ese compromiso pidiendo ahora un aplazamiento.”

Los acuerdos o intercambios políticos socavarán gravemente el sistema de justicia internacional y afianzarán la impunidad para los jefes de Estado acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

“El Consejo de Seguridad ya rechazó una petición de aplazamiento presentada por Kenia en 2011 y otra en mayo de este año. Esperamos que ahora haga lo mismo, por el bien de las víctimas de delitos de derecho internacional cometidos tanto en Kenia como en el resto del mundo”, ha manifestado Tawanda Hondora.


Información complementaria

El Consejo de Seguridad de la ONU puede aplazar los procedimientos de la CPI durante un año, de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Kenia pidió en mayo de 2013 al Consejo de Seguridad que aplazara los casos contra el presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, y el 12 de octubre de 2013 la Unión Africana presentó una nueva petición a ese respecto.

Más de un millar de personas murieron y unas 600.000 se vieron obligadas a desplazarse por el estallido de violencia que azotó Kenia tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del país, a finales de 2007.

La violencia estalló entre los grupos que apoyaban a Mwai Kibaki, del Partido de Unidad Nacional (PNU), declarado vencedor de las elecciones presidenciales, y los que apoyaban a su principal rival, Raila Odinga, líder del Movimiento Democrático Naranja, y se concentró especialmente en la zona keniana del valle del Rift y en el oeste del país.

El presidente Kenyatta y el vicepresidente Ruto, ambos figuras políticas destacadas durante la violencia postelectoral, están acusados de crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, traslado forzoso de población y persecución. El presidente Kenyatta está acusado también de responsabilidad en violación y otros actos inhumanos –como circuncisión forzada y amputación del pene– perpetrados por Mungiki, una banda delictiva presuntamente bajo el control del presidente.