“Las autoridades egipcias están tratando de normalizar las violaciones de derechos humanos con la aprobación de una batería de leyes para ‘legalizar’ la intensificación de su represión de la libertad de expresión, asociación y reunión” , ha declarado Amnistía Internacional seis años después de la destitución del recientemente fallecido expresidente Mohamed Morsi, el 3 de julio de 2013.
La organización publica hoy un fulminante informe sobre la situación de los derechos humanos en Egipto desde que llegó al poder el presidente Abdel Fattah al Sisi, que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con motivo del examen periódico que sobre dicha situación se llevará a cabo en noviembre.
“Desde que llegó al poder el presidente Abdel Fattah al Sisi, la situación de los derechos humanos en Egipto ha experimentado un deterioro catastrófico sin precedentes. Mediante una serie de leyes draconianas y de tácticas represivas de sus fuerzas de seguridad, el gobierno del presidente Abdel Fattah al Sisi ha orquestado una campaña concertada para reforzar el control del poder a manos del Estado erosionando aún más la independencia judicial e imponiendo restricciones sofocantes a los medios de comunicación, las ONG, los sindicatos, los partidos políticos y los grupos y activistas independientes”, afirmó Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Durante este gobierno y so pretexto de la lucha contra el terrorismo, Egipto ha sido escenario de miles de detenciones arbitrarias, cientos de ellas de personas que expresaban críticas pacíficas y de manifestantes, así como de la impunidad continuada por violaciones generalizadas de derechos humanos como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas masivas, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza.
Desde 2014, se han impuesto más de 1.891 condenas a muerte y han sido ejecutadas al menos 174 personas, a menudo tras juicios manifiestamente injustos.
De las 300 recomendaciones de derechos humanos formuladas por otros Estados a Egipto durante el anterior examen de este país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, Egipto aceptó 237 y 11 más de forma parcial. Sin embargo, las investigaciones de Amnistía Internacional indican que, en la práctica, Egipto no ha implementado ninguna reforma con arreglo a estas recomendaciones.
Legalizar la represión
La ley egipcia sobre ONG de 2017 es un excelente ejemplo de las leyes draconianas que las autoridades egipcias han introducido para sofocar la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Esta ley confiere a las autoridades las facultades de negar la inscripción en registro de ONG, recorta las actividades de estas y su financiación, y permite el enjuiciamiento de su personal por delitos definidos de manera imprecisa. En diciembre de 2018 se anunciaron planes de reformar esta ley, pero sigue sin estar claro si las modificaciones propuestas abordarán los motivos de preocupación sobre derechos humanos. Desde 2014, se ha impuesto la prohibición de viajar al menos a 31 miembros del personal de ONG, y las autoridades han congelado los bienes de 10 personas y 7 ONG como parte de una investigación penal en curso sobre la financiación extranjera de ONG.
En 2018 las autoridades egipcias aprobaron nuevas leyes sobre medios de comunicación y ciberdelitos que les han dado más facultades para censurar medios impresos, en Internet y de radio y televisión. Según la Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión, desde mayo de 2017, las autoridades han bloqueado al menos 513 sitios web, algunos de los cuales eran sitios de noticias y otros, de organizaciones de derechos humanos.
Una serie de reformas legislativas firmadas por el presidente Abdel Fattah al Sisi en 2017 ha permitido asimismo a las autoridades practicar detenciones arbitrarias masivas, imponer la reclusión preventiva indefinida y menoscabar el derecho a un juicio justo.
Desde 2013, miles de personas han sido sometidas a largos periodos de detención en espera de juicio, a veces de hasta cinco años, a menudo en condiciones inhumanas y crueles, sin acceso a atención médica adecuada y con poco acceso o ninguno a visitas familiares. En algunos casos, la policía ha mantenido recluidas a personas durante meses incluso después de que los tribunales hubieran ordenado su libertad.
A lo largo de toda esta etapa, las autoridades egipcias han aplicado habitualmente una ley sobre reuniones de la época colonial, adoptada en 1914, y la draconiana ley sobre protestas de 2013, así como la ley antiterrorista de 2015, para restringir arbitrariamente la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Durante un periodo de intensificación de la represión, entre diciembre de 2017 y enero de 2019, fueron detenidas al menos 158 personas por criticar pacíficamente a las autoridades, asistir a reuniones políticas o participar en protestas. Más recientemente, en mayo y junio de 2019, las autoridades egipcias detuvieron al menos a 10 personas que se oponían pacíficamente a ellas, entre las que se contaban un exparlamentario, dirigentes de partidos de la oposición, periodistas y activistas.
El Código de Justicia Militar de Egipto sigue permitiendo que los tribunales militares, que carecen de independencia y son inherentemente injustos, juzguen a civiles, lo que es contrario a las normas internacionales. Cientos de personas han sido condenadas a muerte en juicios colectivos injustos.
Las autoridades también han aprobado leyes que han aumentado las restricciones impuestas a los sindicatos independientes y han reforzado la impunidad de altos mandos de las fuerzas armadas por delitos cometidos entre 2013 y 2016, periodo en el que las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente a cientos de manifestantes.
Las reformas a la Constitución egipcia adoptadas en 2019 debilitan el Estado de derecho, menoscaban la independencia del poder judicial, amplían los juicios militares de civiles, erosionan aún más las garantías procesales y consagran la impunidad para los miembros de las fuerzas armadas.
Las reformas constitucionales también permitirán al presidente Al Sisi controlar por completo la implementación de leyes que “legalizan” la represión al conferirle competencias de gran alcance para nombrar a jueces y supervisar los asuntos judiciales.
“Con el gobierno del presidente Abdel Fattah al Sisi, las leyes y el sistema judicial, cuya finalidad es hacer respetar el Estado de derecho y proteger los derechos de las personas, se han convertido en instrumentos de represión utilizados para enjuiciar a cualquier persona que critique pacíficamente a las autoridades, mientras las fuerzas de seguridad usan habitualmente la tortura para obtener confesiones falsas y sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos”, concluyó Magdalena Mughrabi.
“La comunidad internacional debe dejar de presenciar en silencio cómo las autoridades egipcias aniquilan la sociedad civil, aplastando todos los signos de disidencia y encarcelando a quienes critican sus políticas y se oponen pacíficamente a ellas, que corren el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada y condiciones de reclusión crueles e inhumanas. Los Estados, sobre todo aquellos que formularon recomendaciones en materia de derechos humanos a Egipto durante el último examen en la ONU, tienen la obligación de pronunciarse para acabar con este catastrófico deterioro de los derechos humanos”.
Amnistía Internacional pide asimismo a todos los Estados que tomen medidas concretas y suspendan la transferencia de los equipos policiales y de tecnología de vigilancia que están usando las autoridades egipcias para reprimir a la oposición pacífica.
