Los legisladores israelíes deben rechazar las propuestas de enmienda a la Ley de Prevención de la Infiltración que permitirían la reclusión indefinida de miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en un remoto centro de detención del desierto, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la votación el 4 de diciembre en la Comisión de Asuntos de Interior del Parlamento israelí.
La Comisión ha anunciado que en los próximos días presentará el proyecto de ley ante el pleno del Knesset (Parlamento) para sus lecturas finales.
Según informes del gobierno, las enmiendas dispondrán la reclusión indefinida de unas 3.300 personas en un centro vallado del desierto de Negev dependiente del Servicio Penitenciario de Israel que el gobierno denomina “centro abierto”. El proyecto legislativo establece que la forma de salir de este centro “abierto” será la expulsión a sus países de origen, principalmente Eritrea y Sudán.
“Recluir indefinidamente a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en lo que básicamente es una prisión en el desierto es una violación flagrante del derecho internacional de derechos humanos. El Knesset debe rechazar estas enmiendas y realizar una revisión total de los procedimientos de concesión de asilo para que estén en armonía con las obligaciones internacionales de Israel”, declaró Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
De ser aprobadas, las enmiendas a la Ley de Prevención de la Infiltración serían contrarias a la sentencia de 16 de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Israel. Un tribunal de nueve magistrados anuló por unanimidad las enmiendas a la ley aprobadas por el Knesset en enero de 2012, que habían permitido la reclusión durante tres años o más de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Los jueces anularon la medida al considerarla anticonstitucional y “un abuso grave y desproporcionado del derecho a la libertad personal, que es un derecho fundamental de todos los seres humanos, y se desvía de los principios aceptados en Israel y en el mundo ilustrado.”
El Tribunal ordenó al Estado que revisara los casos de aproximadamente 1.700 refugiados, solicitantes de asilo y migrantes recluidos en las prisiones israelíes y que las personas recluidas ilegítimamente fueran puestas en libertad en un plazo de 90 días a partir de la sentencia, antes del 15 de diciembre de este año.
En lugar de acatar íntegramente la orden, el Knesset está tramitando por la vía de urgencia la votación de un nuevo proyecto de enmiendas a la Ley de Prevención de la Infiltración, cuya adopción está prevista para este mes.
Aunque las enmiendas propuestas reducirían a un año el periodo inicial de detención “cerrada” de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, este periodo iría seguido de la reclusión indefinida en un centro de detención “abierto”. El lugar propuesto es el centro de Sadot, adyacente a la prisión de Saharonim, en la remota región del desierto de Negev, en el sur de Israel.
Los solicitantes de asilo recluidos en Sadot serían sometidos a recuentos tres veces al día, lo que junto con la ubicación del centro en un lugar remoto y la ausencia de transporte público suficiente, les impediría de hecho abandonar las proximidades del lugar. Además, el centro “abierto” se cerraría por la noche.
El proyecto de ley confiere al personal del centro la facultad de exigir identificación, así como las de hacer registros, impedir la entrada, y aprehender y trasladar a personas. Las personas que infrinjan una norma del centro “abierto” o sean acusadas de tratar de infringirla, o sobre las que se declare que ponen en peligro la “seguridad del Estado” o la “seguridad pública”, podrán ser trasladadas a una prisión durante un periodo de entre tres meses y un año. Estas estipulaciones no están bien definidas y son susceptibles de abusos.
Amnistía Internacional considera que las nuevas enmiendas propuestas a la Ley incumplirían de nuevo las obligaciones legales internacionales contraídas por Israel como Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
El ministro del Interior israelí ha declarado que el objetivo de este “centro” es fomentar la repatriación “voluntaria” a los países de origen, subrayando su carácter punitivo. Alrededor del 90 por ciento de los solicitantes de asilo en Israel proceden de Eritrea o Sudán, y correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos o abusos si son devueltos a sus país de origen.
“Los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses podrían ser sometidos a tortura y a otros malos tratos o ser encarcelados a su regreso, lo que no ha impedido que las autoridades israelíes violen el derecho internacional sobre los refugiados con la devolución ‘voluntaria’ de cientos de personas en el pasado. La deportación no es ‘voluntaria’ cuando la única alternativa es la reclusión prolongada e indefinida”, afirmó Philip Luther.
En virtud del derecho internacional, las restricciones al derecho a la libertad de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes deben ser medidas excepcionales, prescritas por ley, necesarias en las circunstancias concretas de la persona afectada y proporcionales al objetivo legítimo que se persiga. Amnistía Internacional insta a los miembros del Knesset a que garanticen que toda disposición sobre inmigración o seguridad nacional respeta plenamente las obligaciones internacionales de Israel en materia de derechos humanos.
Información complementaria
A Amnistía Internacional le preocupa desde hace mucho tiempo la falta de transparencia del sistema de asilo de Israel y el hecho de que no ofrezca a los solicitantes de asilo el acceso a unos procedimientos imparciales y no garantice su protección.En junio de 2012, el gobierno empezó a aplicar las enmiendas a la Ley de Prevención de la Infiltración aprobadas en enero del mismo año. La ley original se promulgó en 1954, en virtud de la legislación de excepción de Israel. Las enmiendas permitían la detención de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes durante tres años o más. Amnistía Internacional había instado a los legisladores israelíes a que rechazaran el proyecto de ley.
El derecho internacional prohíbe a los Estados devolver a personas a un país donde podrían corren un riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones o abusos de derechos humanos, o a un país donde no estarían protegidos de dicha devolución (principio de no devolución). Israel sigue presionando a los solicitantes de asilo para que se marchen “voluntariamente”, lo que viola esta prohibición de devolución.
