“Las personas con capacidad de decisión que asisten al Foro Económico Mundial de Davos esta semana deben transformar nuestro sistema económico alejándolo de los combustibles fósiles antes de que finalice la década para prevenir el caos climático”, afirman en una declaración Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos, así como organizaciones clave del ámbito medioambiental, laboral y de la justicia social.
Los dirigentes activistas piden que todos los líderes y lideresas de gobiernos y empresas que asisten a la reunión de Davos declaren una emergencia climática en su ámbito de influencia y pongan fin al uso y la búsqueda de combustibles fósiles. Los gobiernos deben redistribuir las subvenciones a los combustibles fósiles para destinarlos a protección social y energías renovables producidas de forma responsable, y fijar un precio significativo a las emisiones para que paguen las industrias contaminantes.
“La emergencia climática es el asunto candente en Davos. El cambio climático amenaza los derechos al agua, a los alimentos y a la salud de cientos de millones de personas. Los dirigentes reunidos en Davos pueden apoyar los derechos humanos o apoyar los combustibles fósiles, pero no puede apoyar ambos a la vez”, dijo Clare Algar, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Aún quedan vías para evitar la peor de las situaciones, pero esto exigirá que gobiernos, empresas, inversionistas y sociedad civil tomen medidas con rapidez.
“Para limitar el calentamiento global a 1,5ºC, debemos reducir a la mitad las emisiones globales en 2030 y llegar al cero neto en 2050, pero esa meta se nos está escapando de las manos. Davos reúne a las personas más poderosas del planeta y necesitamos con urgencia que demuestren que están del lado de la humanidad, comenzando con declaraciones formales de emergencia climática. Los auténticos dirigentes no se tapan los ojos y los oídos: es hora de afrontar la realidad”.
La declaración conjunta pide a los gobiernos que garanticen que la transición desde los combustibles fósiles es justa y promueve los derechos de las comunidades desfavorecidas. Pide a las empresas que respeten los derechos humanos y el medio ambiente, lo que incluye identificar, revelar y abordar sus impactos negativos. Tanto gobiernos como empresas deben respetar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de los y las activistas que trabajan en estas cuestiones.
