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Continúan los límites a los derechos humanos de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo

Nuevo informe de Amnistía Internacional sobre oportunidades perdidas en la reforma del Reglamento de Extranjería recién aprobada por el Gobierno

Madrid.- El pasado 30 de diciembre de 2004, el Gobierno español aprobó el Real Decreto del  Reglamento de aplicación de la Ley de Extranjería, que también supone la modificación de algunos artículos del reglamento de la Ley de Asilo.

Según Amnistía Internacional, “esta Reforma contiene mejoras insuficientes en el ámbito de los derechos humanos de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes. Supone una nueva oportunidad perdida para mejorar la protección de quienes huyen de violaciones de derechos humanos, así como para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes que viven en España, en especial de los colectivos más vulnerables, los inmigrantes en situación irregular, las mujeres y los menores”.

Esta es la principal conclusión que recoge la organización en el informe España: oportunidades perdidas y mejoras insuficientes en materia de derechos humanos. Recomendaciones de Amnistía Internacional a la reforma del Reglamento de Extranjería presentado hoy.

Oportunidades perdidas

Ausencia de mecanismos que permitan viajar a los solicitantes de asilo. Este nuevo Reglamento debería incorporar medidas que eliminaran la imposición de visados a quienes por huir de violaciones de derechos humanos quieren viajar y pedir asilo. El nuevo Reglamento sigue la línea de la última reforma de la Ley de Extranjería que endurecía las medidas para obligar a las compañías transportistas a controlar la inmigración, así como las sanciones a las mismas por trasladar personas sin documentación. Estas medidas trasladan el control de la inmigración a las compañías transportistas y pueden suponer un obstáculo para las personas que huyen de violaciones de derechos humanos.

Igualmente, tendría que establecerse la obligación de no devolver a ninguna persona a su país si esto puede poner en peligro su vida o su integridad tal y como establecen varios tratados internacionales ratificados por España.

Faltan medidas que contemplen medidas de protección para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual. El Estado español debe actuar con la diligencia debida no sólo para prevenir el tráfico de personas y perseguir a los responsables, sino también para proteger y reparar a las mujeres que lo han padecido, garantizándoles la disponibilidad y accesibilidad a remedios efectivos.

Mejoras insuficientes

Son positivas las medidas que facilitan canales a los inmigrantes para un pleno y efectivo reconocimiento de sus derechos fundamentales. Pero estas medidas deben estar en consonancia con los Tratados Internacionales de derechos humanos, que reconocen los derechos básicos de todas las personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Amnistía Internacional recuerda que “las medidas que se adopten para paliar situaciones de “invisibilidad administrativa” de las personas migrantes deben hacerse evitando que provoquen un efecto contrario y perverso, que suponga una discriminación directa o indirecta”. En este sentido, la organización insta al Estado español para que firme y ratifique la Convención Internacional de Trabajadores migrantes y sus familias.

Respecto a los menores no acompañados, Amnistía Internacional da la bienvenida a la retirada por el Fiscal General del Estado de la Instrucción de menores que permitía la expulsión de menores no acompañados mayores de 16 años. También se congratula de que el Reglamento incluya la garantía de que se escuchará al menor antes de tomar cualquier decisión, tal y como establece la Convención de Derechos del Niño; así como la mención expresa a que la decisión sobre la repatriación se basará en el principio del interés superior del menor. Sin embargo, la organización lamenta que no se incluya de manera específica el derecho a asistencia letrada e intérprete para el menor tal y como requiere la Convención citada.

La organización espera que la posibilidad, recién aprobada, de conceder una autorización de residencia por razones humanitarias a los extranjeros víctimas de discriminación racial o xenófoba ayude a que las personas inmigrantes indocumentadas, víctimas de estos delitos, no teman denunciarlos por miedo a la expulsión.

Plan Estatal contra el Racismo

En este contexto, Amnistía Internacional reitera una vez más la necesidad de la adopción de un Plan Integral y Estatal de Lucha contra todo tipo de racismo y xenofobia por parte del gobierno español.

En los últimos años, la organización ha constatado un aumento de denuncias por manifestaciones de racismo y xenofobia en España. Hechos que no se reducen a actos aislados de grupos de particulares, sino que también ha habido un aumento preocupante de estas manifestaciones en diferentes esferas de la sociedad: acceso a la vivienda, al mundo laboral, a lugares de ocio, educación, lugares religiosos, y en declaraciones xenófobas y racistas en autoridades o personajes públicos de relevancia o en los medios de comunicación. 

Frente a estas manifestaciones, no ha habido una respuesta contundente por parte del gobierno español. La organización considera que este Plan debe tener un carácter integral e incluir medidas efectivas de carácter político, social, de índole educativo, y de sensibilización, también con los medios de difusión, así como medidas para hacer frente al aumento de casos de tortura y malos tratos de índole racista por parte de los agentes del Estado. Igualmente el gobierno debe adoptar y hacer cumplir medidas efectivas para proteger los derechos de las mujeres migrantes, especialmente aquellas en situación irregular o de riesgo.

 

FIN