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Carta abierta a todos los Grupos Parlamentarios con motivo del Debate de Investidura:

Cinco medidas urgentes de derechos humanos para la nueva legislatura

Con la investidura del Presidente del Gobierno, da comienzo una nueva legislatura. El nuevo Gobierno y todos los partidos políticos con representación parlamentaria se enfrentan a importantes retos en sus tareas legislativas y de control. Amnistía Internacional ha constatado que existen alarmantes situaciones de derechos humanos, tanto en España como en el resto del mundo, que no pueden ser ignoradas y que requieren la adopción de medidas urgentes:

      · Violencia contra las mujeres. Una de cada tres mujeres en el mundo es golpeada o sufre algún tipo de abuso a lo largo de su vida, lo cual convierte a la violencia de género en el problema más universal de derechos humanos. Generalmente estas agresiones se producen en el entorno familiar, lo cual  convierte al domicilio en el lugar más inseguro para las mujeres de todo el mundo. En España, según datos oficiales entre enero de 2002 y diciembre de 2003, 131 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y el incremento de los asesinatos en un año fue del 59%. En 2004, según cifras de las organizaciones de mujeres hasta la fecha, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas.

      · Seguridad vs. recorte de libertades. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la seguridad ha sido puesta en numerosas ocasiones por encima de los derechos humanos. En el contexto de la “guerra contra el terrorismo”, los derechos humanos ha sido objeto de importantes ataques. Sin embargo, los derechos humanos no son un obstáculo para la seguridad.  Situaciones como la de los detenidos en Guantánamo o el recorte de libertades detectado en numerosos países como  Reino Unido, China, Colombia o Rusia deben ser rechazadas y combatidas. En España, hemos asistido recientemente a la trágica masacre de 191 personas ocurrida el 11 de marzo en Madrid. Además de la condena de este tipo de ataques y del apoyo a las víctimas de los mismos, se impone en España un debate sobre la seguridad que debe desarrollarse desde un estricto enfoque de derechos humanos.

      · Inmigración y racismo . En un contexto de aumento de la inmigración en nuestro país, como en el resto de la Unión Europea, estamos asistiendo a un recorte de derechos fundamentales de las personas, así como a un incremento de los comportamientos racistas y xenófobos tanto por parte de la sociedad como miembros de las fuerzas de seguridad. En las reformas de la legislación española de extranjería de los últimos años se ha producido un preocupante recorte de derechos para las personas inmigrantes que viven en España. La última reforma de la Ley de Extranjería sigue sin reconocer el derecho de los inmigrantes indocumentados a la reunión, asociación, manifestación y huelga, ni contempla el derecho a la asistencia letrada gratuita. Además, se ha documentado una práctica frecuente y extendida de malos tratos por parte de policías a inmigrantes y miembros de minorías étnicas.  Igualmente, alarma la tendencia a imponer obstáculos y restricciones al derecho de asilo y al respeto del principio de no devolución.

      · Descontrol del comercio de armas. Cada año, más de medio millón de personas en todo el mundo mueren víctimas de la violencia armada provocada por armas convencionales. El descontrol de la proliferación y del comercio internacional de armas tiene consecuencias nefastas para los derechos humanos. Cada minuto muere en el mundo una persona por causa directa de las armas convencionales. Hay  más de 600 millones de armas pequeñas en el mundo y el 60 por ciento de estas armas terminan en manos de civiles. En España, el valor de las exportaciones de material de defensa y doble uso en el año 2002 ascendía a 274,7 millones de euros. Desde España se ha exportado armas a países en los que se comenten graven violaciones de los derechos humanos o que están inmersos en situaciones de inestabilidad o tensión militar, como Angola, Colombia, Israel, Brasil, Tailandia o Filipinas, en vulneración del Código de Conducta de la Unión Europea.

      · Pena de muerte, tortura e impunidad. En el mundo, millones de personas son víctimas cada año de las peores violaciones de derechos humanos. En 2003 se tiene constancia de al menos 1146 ejecuciones de pena de muerte en 28 países, aunque las cifras reales son mucho mayores. Cinco países siguen aplicando la pena de muerte a menores de edad en el momento de cometer el crimen. En la actualidad, tres ciudadanos españoles se encuentran condenados a muerte: Nabil Manakli en Yemen, Francisco J. Larrañaga en Filipinas y Pablo Ibar en EE.UU. La tortura continua siendo una práctica extendida en todo el mundo, de la que son víctimas hombres, mujeres y niños. Por otra parte, la Corte Penal Internacional está siendo objeto de ataques que tratan de asegurar la impunidad para los peores crímenes posibles. Sin embargo, la política exterior española en los últimos años no ha sido activa, firme ni eficaz en la promoción y defensa de los derechos humanos, subordinando los mismos a otros intereses políticos, económicos o de seguridad.

      · Irak. Un año después del inicio de la guerra en Irak, las promesas de mejorar el respeto de los derechos humanos está lejos de cumplirse. La población iraquí sigue siendo víctima de graves violaciones de los derechos humanos. La violencia e inseguridad cotidianas que sufre el país se concreta en la actualidad en abusos por parte de las fuerzas de ocupación, en ataques perpetrados por grupos armados y en un alarmante incremento de la violencia contra las mujeres. El uso excesivo o innecesario de medios letales por las fuerzas de la Coalición durante manifestaciones públicas, en puestos de control y en el curso de asaltos a viviendas se ha cobrado la vida de decenas de personas desarmadas. La Autoridad Provisional de la Coalición (CPA) reconoce tener detenidas a unas 8.500 personas. Sin embargo, una organización iraquí de derechos humanos sitúa la cifra en 15.000. Gran número de personas detenidas han sido torturadas o maltratadas, y algunas han muerto bajo custodia.

    CINCO MEDIDAS URGENTES:

    Desde Amnistía Internacional, queremos hacer un llamamiento a todos los Grupos Parlamentarios para que la promoción y la defensa de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ocupe un lugar central en la vida política española durante los próximos cuatro años. Instamos a todos los grupos parlamentarios a promover la adopción de las siguientes medidas urgentes:

          1.      Aprobación de una legislación integral para combatir la violencia contra la mujer. El anuncio de la tramitación de una Ley Integral frente a la violencia de género como una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno es, en principio, positivo, pero debe contemplar los siguientes temas prioritarios: la puesta en marcha de un sistema de protección efectiva para las víctimas que deciden romper el ciclo de la violencia, dotado de la financiación y la formación y coordinación profesional necesaria; la consideración de las mujeres migrantes indocumentadas, las mujeres del área rural y las solicitantes de asilo, como colectivos especialmente vulnerables frente a la violencia de género; previsión de estándares mínimos de prevención, investigación, apoyo a las víctimas y reparación, que asegure una protección homogénea de los derechos humanos de todas las mujeres en todo el territorio del Estado.  

          2.      La ratificación inmediata de la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y de los Miembros de su familia, así como la incorporación a la Ley de Extranjería de una garantía expresa del derecho a la asistencia letrada de los extranjeros y del reconocimiento expreso del derecho de reunión, asociación y manifestación de todos los extranjeros sean o no residentes. Igualmente debe promoverse la elaboración de un Plan Estatal de Lucha contra el Racismo , así como la investigación y erradicación de los casos de malos tratos por motivos racistas por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

          3.      La inmediata ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas . Además, deben situarse los derechos humanos como parte esencial de la política exterior española, de acuerdo con un plan coherente de promoción y defensa de los mismos que contemple una estrategia de lucha contra la tortura y la pena de muerte en todo el mundo. En concreto, deben adoptarse las medidas necesarias para evitar la ejecución de Nabil Manakli, Pablo Ibar y Francisco J. Larrañaga, los tres españoles condenados a muerte en diferentes países.

          4.      La adhesión de España a la iniciativa en favor de un Tratado Internacional de Comercio de Armas que regule el comercio internacional de armas de acuerdo con criterios de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como el desarrollo de la legislación española referente a las exportaciones de armas que asegure la máxima transparencia y control.

          5.      Ante la actual situación en Irak, debe exigirse que los soldados de las fuerzas de ocupación respeten en todo caso los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad. Debe exigirse que se investiguen de manera exhaustiva, independiente e imparcial todos los homicidios de civiles cometidos por las fuerzas de la Coalición presentes en el país y que se ponga a los autores de homicidios ilegítimos a disposición judicial. Asimismo, debe aclararse la situación de los miles de personas que se encuentran detenidas.