Ante la aprobación de una ley de seguridad nacional para Hong Kong, hoy, por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular de China, Joshua Rosenzweig, director del equipo de China de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“La aprobación de la ley de seguridad nacional es un momento doloroso para la población de Hong Kong y representa la mayor amenaza para los derechos humanos en la historia reciente de la ciudad. A partir de ahora, China podrá imponer sus propias leyes a presuntos autores de delitos como mejor le parezca.
La velocidad y el secreto con que China ha sacado adelante esta ley agrava el temor de que Pekín haya creado calculadamente un instrumento para reprimir a quienes critican al gobierno, incluidas las personas que sólo expresan su opinión o protestan de manera pacífica.
Que las autoridades chinas hayan aprobado esta ley sin que la población de Hong Kong haya podido verlo dice mucho respecto a sus intenciones. Su objetivo es gobernar Hong Kong a través del miedo de ahora en adelante.
El afán de China por aprobar rápidamente esta ley es, además, un mal augurio sobre las elecciones legislativas que se celebrarán en Hong Kong en septiembre, con la amenaza de que la ley de seguridad se utilice contra los candidatos prodemocracia.
A la hora de aplicar esta ley, las autoridades de Hong Kong deben adherirse estricta y manifiestamente a sus propias obligaciones en materia de derechos humanos, y es responsabilidad de la comunidad internacional exigirles rendición de cuentas.
En un momento tan decisivo para Hong Kong, es imprescindible que la ley de seguridad nacional no se utilice para pisotear derechos humanos y socavar las libertades que distinguen la ciudad de la China continental.”
Información complementaria
Hoy ha sido aprobada la ley de seguridad nacional, y está previsto que el presidente de China, Xi Jinping, firme su entrada en vigor para su posterior incorporación al Anexo III de la Ley Fundamental, la “miniconstitución” de Hong Kong.
Amnistía Internacional ha expresado múltiples motivos de preocupación sobre derechos humanos en relación con la ley, según la cual todas las personas, instituciones y organizaciones de Hong Kong tendrán prohibido “participar en actividades que pongan en peligro la seguridad nacional”.
La ley prohibirá los denominados actos de separatismo, subversión, terrorismo y “colusión con potencias extranjeras o exteriores” para poner en peligro la seguridad nacional. Estos delitos, definidos de manera muy general e imprecisa, son similares a los tipificados en la propia Ley de Seguridad Nacional de China, utilizada para reprimir la disidencia.
Además, la ley autorizará al gobierno central de Pekín y al gobierno de Hong Kong a establecer un departamento de seguridad nacional en la ciudad. En China continental, estos órganos sistemáticamente vigilan, acosan, intimidan y someten a detención secreta a defensores y defensoras de los derechos humanos y a disidentes, y existen numerosos indicios de tortura y otros malos tratos.
Autoridades hongkonesas y chinas han sostenido que urge adoptar legislación en materia de seguridad para contrarrestar la amenaza de “terrorismo” y violencia en la ciudad. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas que salieron a protestar a la calle el año pasado lo hicieron de manera pacífica.
Esta mañana (horario de Ginebra), la jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, tiene previsto hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La semana pasada, más de 50 órganos de expertos en derechos humanos de la ONU con mandato del Consejo tomaron la medida sin precedentes de expresar conjuntamente sus motivos de preocupación sobre la legislación de seguridad nacional para Hong Kong y otras medidas adoptadas por China.
