Londres.- El 15 de febrero, un tribunal de São Paulo verá la apelación presentada por el coronel Ubiratan Guimarães contra la pena de 632 años de prisión que le fue impuesta en junio de 2001 por el papel que desempeñó, como oficial al mando, en la matanza de la prisión de Carandiru de 1992.
“La vista de esta apelación representa un punto de referencia pequeño pero importante por el que se medirá el sistema de justicia penal de Brasil en su determinación para garantizar un acceso igualitario y universal a la justicia y en su deseo de promover y proteger los derechos humanos de todo los brasileños”, ha declarado Tim Cahill, investigador sobre Brasil de Amnistía Internacional.
El coronel Guimarães dirigió las tropas de choque de la Policía Militar que entraron en la prisión de São Paulo, la Casa de Detenção –conocida popularmente como Carandiru–, el 2 de octubre de 1992 y posteriormente fue declarado culpable de la muerte de 111 detenidos desarmados.
El coronel Guimarães permanece en libertad mientras se tramita en los tribunales su apelación contra su condena y ha sido elegido para ocupar un escaño de la Asamblea Legislativa del estado.
Hasta ahora nadie cumple condena por el papel desempeñado en la matanza.
Ninguno de los 84 policías acusados de homicidio ha sido juzgado, y las acusaciones de lesiones físicas formuladas contra otros 29 policías han prescrito. Además, no se ha hecho ningún intento para determinar la responsabilidad de quienes ocupaban los cargos de gobernador y secretario de seguridad pública del estado en aquella fecha.
“La sensación de impunidad generalizada que se percibe en torno a la matanza de Carandiru se ve agravada porque las autoridades no han garantizado la responsabilidad de la cadena de mando en la matanza, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos“, manifestó Tim Cahill.
Sin embargo, quedan lecciones más importantes que aprender de este crimen. Hasta la fecha, las autoridades de São Paulo y federales no han implantado totalmente las medidas cautelares estipuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con este caso y que incluyen indemnizar a las familias e implementar medidas para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Tampoco se han puesto en práctica otras recomendaciones formuladas por diversos organismos de derechos humanos de la ONU y ONG nacionales e internacionales para garantizar los derechos de los detenidos e investigar de forma imparcial y efectiva presuntas ejecuciones extrajudiciales.
“Hay que disipar las nubes de impunidad que han ensombrecido tanto tiempo el recuerdo de Carandiru.”
