Amnistía Internacional insta a las autoridades brasileñas a que reafirmen su compromiso con los derechos humanos, consagrado en la Constitución de 1988, y garanticen el total cumplimiento de sus obligaciones internacionales contraídas en virtud de los tratados de derechos humanos de los que es parte Brasil.
la agenda legislativa y especialmente en relación con los derechos que afectan de forma más directa a grupos históricamente marginados, como las mujeres, la población afrodescendiente, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales
