En respuesta a la detención de dos destacados defensores saudíes de los derechos humanos el pasado fin de semana, Abdulaziz al Shubaily e Issa al Hamid, ambos miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, Samah Hadid, directora de Campañas de Amnistía Internacional en Oriente Medio, ha dicho lo siguiente:
“Son tiempos oscuros para la libertad de expresión en Arabia Saudí. Estas dos detenciones vienen a confirmar nuestros temores de que los nuevos dirigentes, con Mohamed bin Salman a la cabeza, están decididos a aplastar el movimiento de derechos humanos en el reino. En lugar de relacionarse con los activistas para debatir reformas en materia de derechos humanos, los están persiguiendo uno a uno.
“Estos activistas merecen ser aplaudidos por su valentía al defender los derechos humanos, no detenidos y encarcelados”Samah Hadid, Amnistía Internacional
“La acosada comunidad de derechos humanos de Arabia Saudí ya ha sufrido terriblemente a manos de las autoridades, y ahora, con estas últimas detenciones, casi todos los principales defensores de los derechos humanos del país ya están en prisión por cargos falsos relacionados con el terrorismo. Estos activistas pacíficos merecen ser aplaudidos por su valentía al defender los derechos humanos, no detenidos y encarcelados.”
“Issa al Hamid y Abdulaziz al Shubaily son presos de conciencia; por tanto, las autoridades saudíes deben ponerlos en libertad de inmediato y sin condiciones.”
Estas detenciones tienen lugar en el contexto de la campaña intensificada de represión realizada la semana pasada en la que se detuvo a más de 20 personas —prominentes figuras religiosas, escritores, periodistas, intelectuales y activistas— en una oleada de arrestos dirigida a acabar con los últimos vestigios de la libertad de expresión en el reino.
La Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos es una ONG de derechos humanos independiente creada en octubre de 2009 y cerrada en 2013. Fue durante mucho tiempo un incordio para las autoridades saudíes, al ser una de las pocas organizaciones locales que informaba sobre violaciones de derechos humanos y ayudaba a familiares de personas recluidas sin cargos a emprender acciones judiciales contra el Ministerio del Interior.
