El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, más conocido como Ley de Vivienda, requiere de su urgente reactivación y desbloqueo en el Congreso. La futura normativa remitida al Congreso en febrero de 2022 está bloqueada desde finales de abril del año pasado, cuando se cerró el plazo de interposición de enmiendas al articulado. Es urgente que los diferentes grupos parlamentarios alcancen un acuerdo lo antes posible, introduzcan mejoras en el texto teniendo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y lo adopten sin dilación. No se puede dejar pasar esta oportunidad histórica.
Desde Amnistía Internacional y el Consejo de la Juventud de España queremos mostrar la plena importancia que posee la reactivación de la tramitación de dicha normativa por estar directamente implicados los colectivos más vulnerables, dentro de los que se encuentran las personas jóvenes. En este sentido, recalcamos lo dispuesto en la introducción del Proyecto de Ley en el que se incluye que el objetivo principal del texto legislativo es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas más vulnerables que tienen dificultades para acceder a ella en condiciones de mercado.
Jóvenes y el derecho a la vivienda
Las organizaciones queremos señalar, el acusado incremento de los precios de alquiler, un 54 por ciento de media desde 2016 (8,7 por ciento desde enero de 2022). A esto se le une la subida del coste de la vida, y la pérdida del poder adquisitivo de la población joven (entre 16 y 29 años) en un 22,65 por ciento con respecto a 2008, según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (primer semestre de 2022). Este informe también señala que la tasa de riesgo de pobreza de las personas jóvenes se sitúa en un 33,5 por ciento (32,9 en el caso de los hombres, y 34,2 en el de las mujeres). Además, es necesario señalar que las medidas que se adopten sobre el alquiler afectan de manera especial a los y las jóvenes puesto que representan el 47,7% de las personas que alquilan una vivienda en España. Todo ello muestra la urgencia de la mejora del Proyecto de Ley y de su inmediata adopción.
La reactivación de la tramitación legislativa ha sido solicitada por ciertos organismos y mecanismos internacionales, como es el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, y el Consejo de Europa.
Conforme a declaraciones de Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España: “Más de la mitad de las personas jóvenes emancipadas en España están viviendo de alquiler de acuerdo con los datos de nuestro último Observatorio de Emancipación, por lo tanto, la Ley de Vivienda, es fundamental para las personas de entre 16 y 29 años. Hay que destacar que una de cada tres personas jóvenes, y una de cada cuatro que está trabajando, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, también de acuerdo con nuestro Observatorio”. González Henry también destaca que “solo el 15,9 por ciento de las personas jóvenes en España se han emancipado”.
Asimismo, las mujeres jóvenes, debido a la mayor precariedad de los trabajos (34 por ciento de parcialidad en el empleo frente al 20,1 por ciento de los hombres jóvenes) tienen mayores dificultades para emanciparse en solitario (14,7 por ciento frente al 27,2 por ciento de los hombres jóvenes).
“Para garantizar la máxima protección al derecho a la vivienda, el Proyecto de Ley debe incluir mejoras que permitan que la vivienda sea asequible, impulsar el parque público de vivienda, y que se establezca una mayor protección frente a los desalojos. Aspectos que todavía hay que mejorar en el Proyecto de Ley”, señaló Manuel Ramos, director adjunto de Amnistía Internacional.
Por todo lo anterior, desde Amnistía Internacional y el Consejo de la Juventud de España solicitamos que se tengan en cuenta las siguientes mejoras:
Vivienda asequible
En España, un 20,7% de las personas tienen que dedicar a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos, un porcentaje solo superado por tres países de la OCDE: Nueva Zelanda, Reino Unido y Noruega.
El proyecto de ley contempla un sistema de control de precios para las zonas declaradas de mercado tensionadas (en las que los inquilinos y las inquilinas dedican más del 30 por ciento de sus ingresos a gastos de vivienda y cuyo precio medio de alquiler haya crecido 5 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años). Por un lado, en el caso de renovaciones de contrato, la renta inicial sólo podrá incrementarse hasta un máximo del 10 por ciento en supuestos de rehabilitación y mejoras, entre otros aspectos. Sin embargo, la medida referida a la obligación de no superar el índice de precios de referencia sólo se aplicaría a los denominados grandes tenedores (titulares de más de diez inmuebles o superficie construida de más de 1500 m2).
Según estimaciones del propio Gobierno, esta limitación afectaría sólo al 6 por ciento de la vivienda, una cifra que dista mucho de solucionar el problema actual de acceso a la vivienda en España. Además, esta medida no entraría en vigor hasta 18 meses después de la aprobación de la ley. Ante todo esto, entre las mejoras necesarias en el proyecto de ley, además de su entrada inmediata en vigor, será importante aplicar las medidas a todos los contratos, sin distinción por tipo de propiedad, y flexibilizar los criterios de declaración de zona tensionada así como habilitar también a los ayuntamientos para adoptar esta declaración.
Mientras la normativa se debate, negocia y no termina de aprobarse, colectivos como el de las personas jóvenes tienen cada vez más difícil el poder alquilar una vivienda. Para alquilar en solitario, las personas menores de 30 años tienen que destinar el 85,10 por ciento de su salario neto.
Incremento del parque público de vivienda
En España el parque de vivienda social alcanza solo al 1,6 por ciento del total de los hogares, es decir, hablamos de unas 290.000 viviendas. Una cifra solo por encima de países como Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre; y muy alejada de países como Holanda (29%), Austria (24%) Dinamarca (21%) Suecia (17%) y Francia (16%).
“Es necesario incrementar el parque público de vivienda para garantizar este derecho a personas que, porque son jóvenes, por motivos económicos, o porque sufren racismo a la hora de alquilar, se encuentran fuera del mercado actual. Hay que priorizar las zonas tensionadas por los precios y donde existe mayor demanda residencial. La ley debe contemplar objetivos anuales de incremento hasta alcanzar el 15 por ciento de vivienda de parque público, en línea con los países de nuestro entorno”, manifestó Manuel Ramos, director adjunto de Amnistía Internacional.
Por otra parte, las organizaciones recordamos que desde abril de 2022 el Estado, a través del FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva, encargada de gestionar los procesos de resolución de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en su fase ejecutiva en España) ha tomado el control de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria). La norma que lo ha hecho posible, el Real Decreto-Ley 1/2022, establece en su preámbulo que “la SAREB podrá ceder, como parte de su política de sostenibilidad, la propiedad o uso de activos a otros organismos que desarrollen políticas de vivienda social u otras políticas con alto valor social”.
Sin embargo, en el RDL no existe ninguna mención a esta posibilidad ni se regula la misma ni se establece por tanto ningún calendario a tal efecto. La Ley de Vivienda debe establecer la obligación de la SAREB de utilizar su parque de viviendas vacías con plazos concretos y así poder incrementar el parque de vivienda social de las Comunidades Autónomas.
Mayor protección de las personas frente a los desalojos. En 2022 se produjeron 38.267 desalojos: 27.533 por impago del alquiler, 8.509 por impago de hipoteca y 2.225 por otros motivos
Un alto porcentaje de las personas que sufren esos desalojos lo hacen sin contar con una alternativa habitacional, en gran medida por el escaso parque de vivienda social existente en España. La falta de datos públicos desglosados hace imposible conocer a cuántas personas afectan los desalojos, cuántas de ellas son jóvenes y cuántas de este colectivo son mujeres, sus perfiles demográficos y socioeconómicos, y así poder estimar su vulnerabilidad o su situación posterior al desalojo.
La Ley debe incluir una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que asegure que no se producen desalojos sin alternativa habitacional. La necesidad de asegurar la alternativa habitacional ha sido subrayada por Naciones Unidas en los dictámenes condenatorios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a España por vulnerar el derecho a la vivienda, así como en la comunicación que los Relatores Especiales de vivienda y de extrema pobreza han dirigido al Gobierno español este mismo mes de enero.
Información complementaria
En los países de la Unión Europea, según estadísticas incluidas en la Estrategia Nacional 2050, España ocupa el puesto 18 de los 27 en el indicador de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la vivienda. Según un estudio de Idealista de mayo de 2022, las mayores tasas de esfuerzo de pago son las siguientes: Barcelona, con el (48,7%) de los ingresos familiares dedicados al pago de la renta, Guipúzcoa, con el (46,8%), Vizcaya (39,8%), Las Palmas (39,7%), Girona (38,1%), Madrid (38,1%), Lleida (33,7%), Sevilla (33,4%) y Huesca (33%). Lo que indica que nueve provincias se sitúan por encima de la norma del 30%.
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